El parque nacional de Doñana sufrió hace ya 27 años el mayor desastre ecológico posible cuando en Aznalcollar cedió una balsa colmada de residuos tóxicos y se volcó directamente en el río Agrio y en las aguas del Guadiamar y la cuenca del Guadalquivir.
En aquella ocasión, la empresa responsable, Boliden, se vio obligada a pagar 43 millones de euros por sentencia judicial, con el objetivo cubrir los gastos de limpieza del desastre ocasionado, pero como la filial española se declaró insolvente jamás abonó dicha multa.
A día de hoy los ecologistas se están echando las manos a la cabeza ante la nueva autorización de reapertura de la mina Los Frailes en Aznalcollar; parece que lo que pasó en 1998 y sus nefastas consecuencias no han hecho mella más que en los territorios contaminados y en la biodiversidad afectada.
Doñana nuevamente amenazada por decisión del Gobierno andaluz
La organización ecologista la luz verde definitiva del Gobierno andaluz al proyecto minero de Aznalcóllar, impulsado por Minera Los Frailes, por autorizar vertidos tóxicos masivos al Bajo Guadalquivir sin evaluación adecuada. La organización alerta del grave riesgo para espacios protegidos como Doñana y la ZEC Bajo Guadalquivir.
La decisión permite el vertido de más de 85.000 millones de litros de aguas tóxicas al río Guadalquivir, afectando a la Zona de Especial Conservación del Bajo Guadalquivir y al propio Espacio Natural de Doñana, sin que se haya evaluado adecuadamente su impacto.
El proyecto contempla el vaciado completo de la corta de Los Frailes y el vaciado parcial de la corta de Aznalcóllar —donde aún permanecen residuos del desastre de 1998—, así como un vertido continuado de 4.000 millones de litros anuales durante los 17 años de explotación minera. Estas aguas contienen metales pesados como arsénico, cadmio, plomo y zinc, con efectos potencialmente graves sobre la salud, la biodiversidad y la agricultura del entorno.
La ONG denuncia que el Consejo de Participación de Doñana no ha sido informado del proyecto, a pesar de que es preceptivo. Además, se ignoran los efectos acumulativos de vertidos anteriores y las recomendaciones científicas basadas en el principio de precaución.
Esta decisión del gobierno andaluz vulnera la filosofía del Pacto por Doñana acordado entre la Junta de Andalucía y el MITECO e ignora las recomendaciones de la Unión Europea y organismos internacionales como UNESCO, UICN y la Convención Ramsar.
