Greenpeace lleva años denunciando desigualdades en el acceso al agua, una situación que afecta negativamente tanto a las personas como a los ecosistemas acuáticos.
La proliferación de pozos y regadíos ilegales, la falta de control en los vertidos contaminantes o la construcción de infraestructuras desmesuradas como embalses y trasvases continúan siendo una constante en España. En vísperas del Día Mundial del Agua, que se celebra mañana 22 de marzo bajo el lema “No dejar a nadie atrás”, las políticas hídricas en España se alejan cada vez más de este objetivo.
Greenpeace lleva años denunciando desigualdades en el acceso al agua, una situación que afecta negativamente tanto a las personas como a los ecosistemas acuáticos. La proliferación de pozos y regadíos ilegales, la construcción de infraestructuras desmesuradas como embalses y trasvases o la falta de control en los vertidos contaminantes a las aguas continúan siendo una constante en España.
Mientras, las reservas de agua superficiales se sitúan en un 58,57% (32.845 hectómetros cúbicos a 19 de marzo), niveles similares a los de 2017, cuando se produjo la última gran sequía. España sigue siendo el país más árido de Europa y el 75% de su territorio es susceptible de sufrir desertificación. Sin embargo, en los últimos años, la sobreexplotación ilegal e indiscriminada del agua para regadíos y desarrollo urbanístico -muy especialmente del agua subterránea- ha provocado la proliferación de pozos y sondeos ilegales, que podrían ascender a más de un millón, según una filtración del Ministerio de Medio Ambiente en 2017.
“Esta cuestión parece no importar demasiado a gobiernos y administraciones competentes, quienes continúan mirando hacia otro lado sin cumplir la legalidad vigente, que les obliga a controlar, sancionar y cerrar estos pozos”, asegura Julio Barea, responsable de la campaña de Aguas de Greenpeace. Solo el daño económico que causan estas extracciones a las reservas estratégicas de aguas suponen al menos 15 millones de euros en daños al patrimonio natural (en concreto, al dominio público hidráulico), según una investigación de Greenpeace.
Esta cifra podría ascender a varios miles de millones de euros si se tuviera en cuenta el millón de pozos ilegales existentes, según una filtración del Ministerio de Medio Ambiente en 2017. Además, las administraciones llevan años permitiendo el uso de miles de hectáreas para regadíos ilegales, secando ríos y acuíferos y beneficiando únicamente a grandes corporaciones agroindustriales, como ya denunció Greenpeace en su informe “La trama del agua en la cuenca del Segura, diez años después”.
No todo son malas noticias en torno a la gestión del agua en España. La reciente sentencia del Tribunal Supremo, que anula parcialmente el Plan Hidrológico del Tajo y hace prevalecer el valor del río y sus ecosistemas para la sociedad, es un paso adelante hacia la correcta gestión de los recursos hídricos. Desde que el trasvase Tajo-Segura se hizo efectivo y comenzó a acaparar el agua de los caudales desde la cabecera del Tajo, el río no ha hecho más que deteriorarse. Greenpeace ya demostró en 2017 que el trasvase podría clausurarse en menos de tres años sin perjuicio para la cuenca del Segura, “un plan que, tras la sentencia del Supremo, debería tenerse en cuenta”, señala Barea.
Sin embargo, la Administración planea realizar un nuevo trasvase, en esta ocasión desde la cuenca del Tinto-Odiel-Piedras en Doñana, que serviría para consolidar más hectáreas ilegales de regadío y suplir así el actual aporte de los más de 1.000 pozos ilegales que existen en la zona y que están desecando el parque nacional. España es el país de la Unión Europea con mayor número de grandes embalses (1.225) y el quinto a nivel mundial, tal y como ha reconocido el propio Ministerio de Transición Ecológica (Miteco).
Esto provoca que la práctica totalidad de ríos y cauces estén segmentados y artificializados. A pesar de ello, y de la necesidad de eliminar muchas de estas barreras artificiales, siguen vigentes nuevos proyectos para ampliar y construir más embalses (Yesa, Biscarrués o Alcolea son algunos de ellos) con inmenso impacto social y ambiental y un único beneficiado: las empresas que los construyen. La deficiente gestión hídrica no solo afecta a la cantidad, también a la calidad del agua. De hecho, Europa ha sancionado a España en varias ocasiones por el vertido de aguas sin depurar.
La contaminación por aguas residuales es, por su volumen e intensidad, el factor que más afecta a la calidad de las aguas continentales españolas. Las aguas subterráneas son especialmente vulnerables a la contaminación. Según datos oficiales del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), actualmente el 44% de las masas de aguas subterráneas se encuentra en mal estado cuantitativo y/o químico (321 de 761). Una cifra que, de no controlarse, podría seguir aumentando y poner en grave peligro las reservas de aguas subterráneas para el futuro cercano.
A pesar de ser un derecho fundamental recogido por la ONU, el agua es un negocio controlado a menudo por empresas y corporaciones. Un dato: en España, el 52% del suministro municipal de agua se encuentra en manos privadas, con una tendencia ascendente. “Actualmente tan solo Sevilla, Cádiz y Córdoba siguen las recomendaciones de la ONU y la OMS de garantizar el suministro de 100 litros diarios a la ciudadanía, aunque no dispongan de recursos para hacer frente a los recibos. Esta iniciativa debería extenderse a nivel estatal, puesto que el agua es un recurso básico”, concluye Barea.
