El PSOE interpondrá un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la nueva Ley de Costas que ha entrado hoy en vigor tras su publicación en el BOE, al entender que «hay motivos más que suficientes» debido a una tramitación «vergonzante y opaca».
El secretario de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad del PSOE, Hugo Morán, ha asegurado que esta ley supone «una privatización en toda regla» del Dominio Público Marítimo Terrestre protegido en la Constitución española, además de «un monumento a la inseguridad jurídica y un descomunal despropósito medioambiental».
Entre los motivos para interponer el recurso, Morán denuncia que la norma altera la titularidad de la zona marítimo-terrestre que la Constitución reserva al dominio público y, «en lugar de preservar las características del mismo, las modifica en función de intereses privados».
En este sentido, ha aludido a la ampliación general de concesiones a 75 años, que se suman a los 30 que en su día les había reconocido transitoriamente la Ley del 88, y a «la lista de los doce agraciados a los que el Gobierno decide excluir del dominio público marítimo terrestre de forma totalmente arbitraria».
Morán se refiere a los núcleos de población excluidos del domino público terrestre porque son terrenos de núcleos urbanos, habitados desde antes de 1988, que afectan en su mayoría a viviendas sencillas de barriadas populares, no a hoteles o empresas.
En un comunicado, el responsable socialista ha denunciado que el Gobierno «ha cercenado cualquier tipo de participación externa en la elaboración de la ley, hasta el punto de vetar las comparecencias de expertos y de organizaciones en el Parlamento».
Asimismo, ha subrayado que la ley se pone en marcha sin que los mapas de riesgo de zonas inundables se hayan realizado, lo que «pone de manifiesto que han primado los beneficios particulares sobre los riesgos ambientales o los que pueda provocar el cambio climático, que aún el PP sigue negando».
«Ésta es una Ley que deja traslucir una posición ideológica muy nítida, la que coloca los intereses privados por encima del interés general, aquella que predica que los bienes públicos carecen de valor fuera del mercado y que lo de menos es que haya de privarse a las generaciones venideras de su derecho a un planeta vivo», ha concluido.
ECOticias.com – ep
