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domingo, enero 29, 2023

La Ley de Costas ‘privatiza de facto el litoral’

Las organizaciones ecologistas han criticado el reglamento que desarrolla la Ley de Uso Sostenible y Protección del Litoral y modificación de la Ley de Costas de 1988 porque supone una «privatización de facto del litoral» y porque no recoge ninguna de sus observaciones.

   Así, en declaraciones a Europa Press, el director ejecutivo de Greenpeace, Mario Rodríguez, ha criticado que con este reglamento se demuestra que en España no existe seguridad jurídica y que el Gobierno busca los intereses económicos, ya que no ha recogido las recomendaciones que les apuntaron las organizaciones ecologistas y que, después ha efectuado el Defensor del Pueblo.

   «Hecha la ley, el reglamento lo que hace es materializar la destrucción de la costa porque no hicieron caso de las enmiendas ni han tenido en cuenta ninguna observación. Esto da carta de naturaleza a la privatización del litoral, por hablar sin rodeos», ha manifestado Rodríguez.

   Por ello, cree que este reglamento convierte hace a España más vulnerable frente a la lucha contra el cambio climático, que provocará que los temporales serán cada vez más frecuentes. Además, considera que «no tiene sentido» que se introduzca una cláusula ‘antialgarrobico’ mientras ahora serán las comunidades autónomas las que clasificarán las playas entre urbanas y naturales. Por ello, ha insistido en que, en su opinión, esta ley «no sirve» para proteger el litoral. «Están concertando las playas, como la educación y la sanidad», ha criticado.

   Además, la responsable de la campaña de costas de la organzación, Pilar Marcos, ha calificado de nefasto el reglamento porque trata a la costa «como si fuera el Paseo de la Castellana» y la convierte en un espacio económico para la actividad humana.

   En su opinión, tanto la Ley como este reglamento, que está en fase de consulta pública, «distan mucho de partir de un Ministerio de Medio Ambiente. Parece que se ha redactado en el Ministerio de Industria o en el de Economía».

   Respecto a la regulación de los chiringuitos, Marcos ha advertido de que en las playas urbanas «se da todo por perdido y no cabe la idea de cambio, mejora o restauración del litoral» y ha añadido que quienes vayan a estas playas estarán condenadas a ir «como a un centro comercial», mientras que las playas naturales o seminaturales corren riesgo de acabar también con chiringuitos de 300 metros instalados.

   En cuanto a la protección de las dunas, ha manifestado que el reglamento pone «una herramienta en la mano a alcaldes piratas» para que puedan dejar de pertenecer al dominio público marítimo terrestre y que la protección de estuarios y rías en la desembocadura es «totalmente insuficiente».

   Asimismo, ha lamentado que este reglamento va en contra del «movimiento mayoritario» avalado por el sector hotelero que demanda más playas naturales de calidad y menos playas urbanas y serán los alcaldes y las comunidades autónomas los que podrán decidir qué tipo de costa quieren.

   Por ello, ha dicho que desde Greenpeace no van a tratar de mejorar el reglamento porque sería entrar al juego del Estado que ha «privatizado de facto el litoral». Por ello, ha anunciado que no van a presentar alegaciones porque su objetivo es que se derogue la Ley vía tribunales o bien, que llegue un nuevo Gobierno y la anule.

SERÁ NEGATIVO Y NO INCLUYE MEJORAS

   En la misma línea, la directora del departamento legal de WWF, Rita Rodríguez, ha adelantado a Europa Press que el reglamento va a ser «negativo» para el litoral y ha criticado que no se haya aprovechado para introducir mejoras en materia de información o participación pública.

   En concreto, cree que el reglamento incluye una serie de decisiones «arriesgadas» como el método para fijar el deslinde, que anteriormente establecía que sería donde llegaran las olas de los mayores temporales conocidos, mientras que ahora se exigen cinco temporales en cinco años; es decir, antes se requería un temporal en cien años para mover un deslinde y ahora cinco en cinco años. A su juicio, esto es «muy grave» y la ley no debería esperar a que se produzcan daños.

   Por otro lado, se ha referido a los 18 comentarios efectuados a la Ley por parte del Defensor del Pueblo que no han sido incluidos en el reglamento.

   Por ejemplo, a partir de ahora, según Rodríguez, se permitirá la publicidad en las playas a pesar de que la Defensora pidió que el límite fuera no perjudicar el paisaje, mientras que este límite no se ha recogido en el texto.

   También ha criticado otras cuestiones del reglamento como los avales para restauración o que la obligación para reparar los daños en el dominio público.

   Igualmente, ha calificado de «peligrosa» la diferenciación entre playas naturales y urbanas y recuerda que WWF considera que el uso de estos espacios perjudica la integridad del dominio público.

   La representante de la ONG ha añadido que el reglamento va en contra de todas las recomendaciones y sugerencias de la Comisión Europea respecto a la protección del litoral porque fomenta su privatización, su ocupación y las actividades económicas en estos espacios.

   En definitiva, la abogada ha manifestado que tanto el reglamento como la ley están «al límite de la Constitución» y ha criticado al Gobierno por no haber incluido ni siquiera las «pocas puntualizaciones» que le había efectuado el Defensor del Pueblo.

ep

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