Oceana demanda al Ejecutivo por mantener en secreto los datos sobre el control de la potencia de los buques pesqueros

Así, la ONG asegura que esta comprobación es una exigencia de la Unión Europea para saber si el impacto de una pesquería agresiva como es el arrastre está acotado. Estos datos, se solicitaron en agosto de 2013 al Gobierno, al amparo de la Ley 27/2006 de Acceso a la Información Ambiental.

La organización conservacionista Oceana ha demandado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid a la secretaría general de Pesca, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a la que acusa de negarse a facilitar los resultados sobre un plan de muestreo para verificar que la potencia real de los motores de los buques coincide con la certificada.

Así, la ONG asegura que esta comprobación es una exigencia de la Unión Europea para saber si el impacto de una pesquería agresiva como es el arrastre está acotado. Estos datos, se solicitaron en agosto de 2013 al Gobierno, al amparo de la Ley 27/2006 de Acceso a la Información Ambiental.

Para el director ejecutivo de Oceana, Xavier Pastor, es «inconcebible» que la legislación dicte que hay que verificar la potencia de los buques pesqueros y que los resultados de esa comprobación sean secretos.

«No se trata de facilitar los resultados del plan de muestreo a Oceana, sino de que estos sean públicos. Con su falta de transparencia, la Secretaría General de Pesca parece avalar lo que es vox populi: que la potencia real de actividades dañinas como el arrastre es superior a la legal y, por tanto, su impacto en el medio marino está seriamente infravalorado», ha denunciado.

Además, ha advertido de que si el plan de muestreo confirma tales sospechas, España tendrá que enfrentarse al hecho de que su capacidad pesquera está por encima de la declarada, lo que es «contrario» a la Política Pesquera Común, así como al Real Decreto de Pesca de Arrastre de fondo marino del Mediterráneo, que prohíbe que ningún barco de arrastre tenga más de 500 CV de potencia.

Por ello, Oceana insiste en que es «necesario» conocer las verdaderas características de la flota pesquera y que resulta «particularmente importante» el caso de técnicas agresivas como el arrastre de fondo, que consiste en deslizar una red lastrada por el lecho marino y lo hace con embarcaciones cada vez más potentes. Por ejemplo, la flota de arrastre balear sumaba 60 CV en 1920, frente a 12.000 CV oficiales en la actualidad.

La organización sospecha que la potencia real del sector pueda ser hasta tres veces superior y ha advertido de que esto implica impacto ambienta e incluso riesgo de fraude fiscal, puesto que el gasoil que utiliza la flota pesquera está exento del pago de determinados impuestos.

Por ello, denuncia que, si esto fuera cierto, al consumir mucho más combustible bonificado a bajo precio por el sobredimensionamiento ilegal de los motores, se está defraudando a la Agencia Tributaria y, por ende a todos los contribuyentes.

Desde el 1 de enero de 2012 es obligatorio verificar la potencia motriz. Ese año, la ONG pidió información sobre el método a utilizar y la lista de embarcaciones seleccionadas para el muestreo, pero se denegó la información alegando que el plan aún estaba en proceso de elaboración.

Un año más tarde se volvió a pedir la información, pero se rechazó justificando que pesca y medio ambiente son distintos, por lo que no había obligación legal de facilitarla.

Finalmente, Oceana recuerda que en otras ocasiones similares la Justicia ha fallado en su favor. De este modo, recuerda que consiguió en los tribunales la lista de barcos que habían recibido permisos especiales para cercenar aletas de tiburón a bordo. En 2011, la Audiencia Nacional puso en manos de Oceana un informe secreto del Instituto Español de Oceanografía que revelaba altos niveles de mercurio en el pescado y que llevaba oculto siete años.

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