La UE solo ha declarado el 14 % de sus aguas como áreas marinas protegidas y sus auditores ven muy improbable alcanzar el objetivo del 30 % en 2030 sin una protección efectiva.
Las áreas marinas protegidas de la Unión Europea presentan una contradicción que cuestiona su eficacia: dentro de los espacios marinos 2000, el esfuerzo pesquero por kilómetro cuadrado es un 72 % superior al registrado fuera. El Tribunal de Cuentas advierte que declarar una zona protegida no garantiza que sus ecosistemas estén a salvo de actividades perjudiciales.
La auditoría sitúa en el 14 % la superficie marina europea declarada protegida, frente al objetivo del 30 % para 2030. La protección estricta ni siquiera alcanza el 1 %, cuando debería llegar al 10 %. Con estas cifras y las deficiencias de gestión detectadas, los auditores consideran muy improbable cumplir las metas al final de la década.
El informe identifica obstáculos concretos: restricciones pesqueras que avanzan lentamente, falta de financiación y personal, vigilancia insuficiente y escasa conexión ecológica entre áreas marinas protegidas. Además, aproximadamente el 85 % del esfuerzo pesquero analizado dentro de Natura 2000 corresponde a artes que contactan con el fondo marino, mientras las restricciones permanentes solo abarcan el 15 % de su superficie marina.
Áreas marinas protegidas
La Unión Europea (UE) apenas ha declarado protegido el 14 % de sus mares, frente al 30 % que pretende alcanzar en 2030, y la actividad pesquera es un 72 % más intensa dentro de las zonas de áreas marinas protegidas de la red Natura 2000 que fuera de ellas, según un informe publicado este lunes por el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE).
Los auditores comunitarios advierten de que la UE no ha logrado establecer una red que conserve eficazmente sus ecosistemas marinos y consideran «muy improbable» que cumpla sus objetivos para el final de la década, pese a que los países comunitarios han ido ampliando paulatinamente las superficies declaradas protegidas.
Además, se estima que menos del 1 % de las aguas europeas están designadas como zonas estrictamente protegidas, muy lejos del objetivo del 10 % para 2030.
«La UE ha hecho algunos avances en la designación de zonas marinas protegidas, pero nuestra auditoría muestra que el verdadero reto es convertir la designación en protección real», afirmó la principal responsable de la auditoría, Iliana Ivanova.
El TCE señala que la declaración de una zona marina protegida no garantiza su conservación efectiva, puesto que no implica necesariamente restricciones a actividades perjudiciales, como determinadas prácticas pesqueras, y tampoco existe una clasificación europea armonizada de los niveles de protección y las actividades permitidas.
Los auditores calcularon, a partir de datos de seguimiento de buques entre 2020 y 2024, que el esfuerzo pesquero aparente por kilómetro cuadrado en los espacios marinos Natura 2000 es un 72 % superior al registrado fuera de ellos.
Aproximadamente el 85 % de ese esfuerzo pesquero corresponde a artes que entran en contacto con el fondo marino, mientras que las restricciones pesqueras permanentes apenas abarcan el 15 % de la superficie marina de Natura 2000.
La adopción de restricciones pesqueras resulta especialmente compleja cuando afecta a flotas de varios Estados miembros y, desde la reforma de la política pesquera común de 2013, la Comisión Europea solo ha aprobado diez actos jurídicos que limitan la pesca en unas cuarenta zonas protegidas, según el tribunal.
La auditoría, que examinó en detalle la gestión de zonas protegidas de Francia, Irlanda y Suecia, también detectó importantes carencias de financiación, personal y vigilancia, así como una escasa conexión ecológica entre muchas de las áreas protegidas de la UE, especialmente en el Mediterráneo y el Atlántico.
Los auditores reclaman a Bruselas que colabore con los Estados miembros para agilizar la adopción de restricciones pesqueras, refuerce la gestión de las zonas protegidas y contribuya a mitigar las consecuencias económicas y sociales de las medidas de conservación para las comunidades costeras.
Por su parte, la Comisión Europea reconoció en un comunicado que «no todas las áreas marinas protegidas se gestionan eficazmente» y que el nivel actual de protección «sigue siendo insuficiente para contrarrestar la pérdida generalizada de biodiversidad y los efectos del cambio climático», por lo que consideró necesario «redoblar los esfuerzos» para alcanzar los objetivos de 2030.
El Ejecutivo comunitario admitió asimismo que la adopción de medidas de gestión pesquera en los espacios Natura 2000 «ha avanzado lentamente» y que se han aprobado «relativamente pocas medidas», aunque recordó que la superficie marina protegida «se ha triplicado» en los últimos 15 años y reafirmó su «pleno compromiso» con los objetivos de 2030.
También se pronunció sobre el informe la plataforma ecologista MPA Legal Coalition, integrada por ClientEarth, Oceana y otras organizaciones, que reclamó a Bruselas que abra procedimientos de infracción contra los países que permitan actividades destructivas en las zonas protegidas y denunció la distancia entre los compromisos europeos y su aplicación real.
«Nuestros océanos se encuentran en un estado de deterioro aterrador. Podemos asumir todos los compromisos del mundo para protegerlos y restaurarlos, pero no significan nada si esas protecciones solo existen sobre el papel», resumieron los medioambientalistas.
A esta brecha se suma otra obligación europea: el Reglamento de Restauración de la Naturaleza, en vigor desde agosto de 2024, establece que las medidas de restauración deben abarcar al menos el 20 % de las zonas marítimas de la UE en 2030 y extenderse a todos los ecosistemas que las necesiten en 2050. El calendario exige, por tanto, actuar también sobre los espacios deteriorados: limitar las presiones que dañan sus hábitats y aplicar medidas para recuperarlos forma parte del compromiso europeo de esta década.
