La pesca industrial china se ha convertido en una de las grandes presiones silenciosas sobre los océanos. No hace ruido en una ciudad, no se ve desde el supermercado y casi nunca aparece en la conversación diaria, pero sus efectos se acumulan en alta mar, en aguas de países vulnerables y en ecosistemas que ya están al límite.
Un análisis reciente de Oceana pone cifras a esa huella. Entre 2022 y 2024, más de 57 000 buques con bandera china realizaron más de 110 millones de horas de pesca y concentraron más del 44 % de la actividad pesquera visible registrada por Global Fishing Watch. El matiz es importante, porque se habla de barcos que transmitían datos AIS, es decir, una parte visible del problema, no necesariamente todo el problema.
Una flota enorme
La escala impresiona. Según Oceana, los buques chinos representaron cerca del 30 % de toda la actividad pesquera visible en alta mar y acumularon más de 8,3 millones de horas fuera de las aguas nacionales. Además, pescaron en zonas económicas exclusivas de más de 90 países durante más de 22 millones de horas.
¿Qué significa esto en la práctica? Que una parte muy grande de la presión pesquera mundial se concentra en una sola bandera. Y cuando esa presión llega a países con pocos medios para vigilar sus mares, el equilibrio se rompe con facilidad.
Max Valentine, científico sénior de Oceana, lo resumió con una idea sencilla, «para proteger nuestros océanos y pesquerías, debemos saber quién pesca y dónde». Esa transparencia es la base de todo lo demás. Sin ella, controlar la pesca ilegal es casi como intentar vigilar una carretera de noche y sin farolas.
El problema de la pesca visible
Oceana insiste en que su análisis no muestra toda la actividad real. Solo recoge los barcos que transmitían señales AIS, un sistema que comunica identidad, posición y velocidad. Los buques que no transmiten, o los que apagan sus sistemas, quedan fuera de esa fotografía.
Ese detalle cambia mucho la lectura. Si con los barcos visibles ya aparece una huella tan grande, la actividad total podría ser mayor. No se trata solo de contar barcos, sino de saber si pescan donde pueden hacerlo, si tienen licencia, si respetan vedas y si declaran lo que capturan.
Aquí entra una de las claves de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Puede incluir faenar sin autorización, usar artes prohibidas, entrar en zonas cerradas o capturar especies protegidas. A veces basta con apagar un localizador para que el mar se convierta en una zona gris.
Arrastre y subsidios
El informe de Oceana también señala otro punto delicado. Más de 28 000 buques con bandera china registrados en el análisis eran arrastreros, barcos que remolcan redes pesadas y pueden levantar casi todo lo que encuentran a su paso. No es poca cosa.
La pesca de arrastre puede dañar fondos marinos, capturar especies que no eran el objetivo y alterar hábitats muy lentos de recuperar. En tierra sería como pasar una máquina pesada por un bosque para recoger solo una parte de lo que cae. En el mar, además, muchas veces no hay testigos.
Según Oceana, la actividad en alta mar de esta flota se sostiene en buena parte por ayudas públicas y mano de obra barata. La organización calcula que China aporta unos 2470 millones de dólares en subsidios perjudiciales a su industria pesquera de larga distancia, más que los cinco siguientes países más subvencionadores juntos.
América Latina en alerta
El impacto no se queda en una estadística global. En el Atlántico suroeste, junto a la zona económica exclusiva de Argentina, la Environmental Justice Foundation ha documentado una fuerte presión sobre el calamar argentino en la llamada Milla 201. Entre 2019 y 2024, las horas de pesca de buques calamareros chinos en esa región aumentaron un 85 %, mientras las capturas mostraban señales preocupantes de descenso.
El calamar no es una pieza menor del ecosistema. Sirve de alimento a delfines, focas, ballenas, aves marinas y peces de valor comercial como la merluza y el atún. Si falla esa pieza, el golpe puede subir por toda la cadena alimentaria.
Steve Trent, fundador de EJF, lanzó una advertencia clara, «sin una acción urgente, vamos directos a un desastre». La organización pide límites de captura basados en ciencia, más control y trazabilidad completa para evitar que productos vinculados a abusos o pesca ilegal entren en los mercados.
España también mira al plato
Para el lector español, esto no es una historia lejana. EJF recuerda que España importa cada año unos 1500 millones de euros en calamar y sepia, y actúa como puerta de entrada al mercado europeo para productos que después llegan a otros países como Italia, Portugal, Francia o Grecia.
Esto obliga a mirar más allá de la etiqueta del supermercado o de la carta del restaurante. ¿Sabemos realmente de dónde viene el calamar que comemos? ¿Sabemos si fue capturado con controles suficientes, sin pesca ilegal y sin abusos laborales?
La respuesta no pasa por señalar al consumidor como culpable. Pasa por exigir trazabilidad, controles portuarios, certificados fiables y datos públicos sobre los barcos. Si el pescado llega barato porque alguien destruye un ecosistema o explota a una tripulación, la factura no desaparece. Solo se paga más tarde.
Las normas llegan tarde
La buena noticia es que el mundo empieza a moverse. El Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca de la Organización Mundial del Comercio entró en vigor el 15 de septiembre de 2025 y prohíbe ciertas ayudas públicas vinculadas a la pesca ilegal y a poblaciones sobreexplotadas.
También el Tratado de Alta Mar entró en vigor el 17 de enero de 2026, con el objetivo de proteger la biodiversidad en zonas fuera de la jurisdicción nacional. Pero una ley internacional, por sí sola, no detiene una red en el agua. Hace falta vigilancia, cooperación y sanciones reales.
En el fondo, lo que está en juego es sencillo de entender. El océano no puede regenerarse si se pesca más rápido de lo que las especies se recuperan. Y si la pesca ilegal sigue siendo rentable, muchos barcos seguirán encontrando la forma de mirar hacia otro lado.
El comunicado oficial ha sido publicado por Oceana.
