En los últimos meses, diversos actores del movimiento ecologista han alertado de un preocupante retroceso en la agenda verde de la Unión Europea. Critican la rapidez con que la Comisión está impulsando cambios en leyes climáticas y de sostenibilidad corporativa, lo cual pone en riesgo la confianza pública y el robustecimiento democrático del proceso normativo europeo.
Esta tendencia hacia la desregulación preocupa especialmente por el contexto en el que se da: los avances en materia ambiental y sostenibilidad que se habían logrado durante la anterior legislatura, como leyes contra la deforestación o regulaciones sobre productos vinculados a la degradación ambiental, podrían verse diluidos. De ahí la misiva mandada por parte de casi medio millar de organizaciones a los dirigentes europeos.
Deterioro de la protección ambiental en la UE
La sociedad civil organizada ha enviado un mensaje inequívoco a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a los comisarios europeos y a los Estados miembros de la UE en una declaración con el lema “Nuestra protección se está vendiendo con fines de lucro”, firmada por 470 organizaciones. Denuncian la ofensiva de desregulación que ocupa un lugar central en la estrategia del ejecutivo comunitario para esta legislatura.
Mañana, von der Leyen se dirigirá al Parlamento Europeo con su discurso sobre el Estado de la Unión. Tras nueve meses bajo su segundo mandato, la Comisión Europea está planeando una ola de recortes drásticos en las regulaciones que protegen los derechos laborales, sociales y humanos, así como los derechos digitales y el medio ambiente. Todo ello ha suscitado una profunda preocupación en amplios sectores de la sociedad.
Por ejemplo, la campaña Hands Off Nature ha obtenido una enorme participación, con más de 110.000 cartas enviadas a Bruselas contra el desmantelamiento de leyes que salvaguardan la naturaleza. Las organizaciones firmantes del manifiesto advierten de que, en los próximos cuatro años, la Comisión y los Estados miembros de la UE podrían desmantelar algunas de las normas que rigen para las empresas que operan en la UE a una escala tal que afectarían políticas ambientales, sociales y digitales.
“Se trata de implementar la lista de deseos de los grupos de presión empresariales. La Comisión da forma a su tsunami de desregulación otorgando a las empresas niveles extremos de acceso privilegiado, niveles profundamente antidemocráticos de captura corporativa. Habrá una reacción por parte de la sociedad civil, y nuestra declaración y el apoyo que ha recibido lo demuestran claramente”, ha afirmado Kenneth Haar, investigador y activista de Corporate Europe Observatory.
En la era digital, todos dependemos de leyes sólidas, coherentes y bien aplicadas. Estas nos protegen de las empresas depredadoras, como las grandes tecnológicas, así como de la extralimitación y la discriminación por parte de los actores estatales. Pero estos controles y contrapesos democráticos vitales, que nos dan control sobre nuestros datos y nuestras vidas privadas, están siendo atacados por aquellos que quieren anteponer los beneficios a los derechos humanos y la justicia.
En este sentido, recalcan que en lugar de impulsar una política industrial audaz basada en el decrecimiento y la justicia social y ambiental, la UE apuesta por la guerra y el rearme redoblando el poder de las industrias más contaminantes que piden menos control, más subvenciones y más manga ancha para destruir la vida humana y la naturaleza. Por eso, llaman a los movimientos sociales a rebelarse contras las políticas de la UE que convierten la emergencia climática en negocio, desmantelan las protecciones socioambientales o que apuestan por una mayor dependencia de los combustibles fósiles cuando deberíamos abandonarlos.
En su misiva contra la ola de desregulación, estas organizaciones han concluido que en una época de extrema desigualdad, que incluye la extrema concentración de riqueza, exclusión social y financiera, destrucción climática, retroceso democrático, capitalismo de vigilancia, explotación laboral, discriminación y daños estructurales profundamente arraigados, así como amplias violaciones de los derechos humanos. Por eso, exigen más protecciones.
En otras palabras, estos ecologistas temen que esta relajación normativa constituya un claro desmantelamiento de las políticas ambientales previas. Unas modificaciones que favorecen la competitividad empresarial inmediata, pero ignoran el impacto a largo plazo sobre la naturaleza, los ecosistemas y los derechos futuros de la ciudadanía. ECOticias.com
