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Medio Ambiente: UE critica la gestión de los ríos españoles

“La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PETI) aprobó la semana pasada un informe en el que critica duramente la gestión que España está llevando a cabo con sus aguas, por lo que pide una revaluación de las mismas y que ésta se ciña a los requisitos de las nuevas regulaciones del agua, con el fin de respetar los ecosistemas y el Medio Ambiente de los ríos.”
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Fecha de publicació: 19/07/2016, 11:36 h | (255) veces leída

Antecedentes

El 18 de junio de 2004, la administración del entonces Presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, se opuso a una iniciativa del anterior gobierno del Partido Popular (PP) que pretendía construir una tubería gigantesca, mediante la cual se podría transferir el agua de la sección aragonesa del Ebro a las zonas de Valencia, Murcia y Almería.

La entonces Ministro de Medio Ambiente, Cristina Narbona, prometió edificar 20 nuevas plantas de desalinización que les permitirían a esas zonas obtener agua potable y de riego, aunque en 2009 sólo cuatro de las mismas habían sido construidas.

Un informe de la OCDE que data de 2011 acerca de la gestión del agua de España señaló que: "un enfoque participativo en la gestión política del agua debe ser extendido a las partes interesadas, más allá de la comunidad de regantes, para incluir más científicos y representantes de las instituciones, con el fin de proteger los ecosistemas locales y no agravar los problemas medioambientales prexistentes”.

Tras la vuelta de los populares al gobierno se comenzó a hablar nuevamente de trasvasar agua entre ríos y hasta se han propuesto una serie de planes hidrológicos en varias zonas del país, que han recibido las más variadas críticas de ambientalistas y vecinos afectados, especialmente por la falta de estudios del impacto en el Medio Ambiente de las mismas.

Lo que dicen desde la PETI

El texto dado a conocer incluye una solicitud a la Comisión Europea (CE) para que rechace la nueva serie de planes hidrológicos que afectaría a las diversas cuencas y que han venido aprobándose desde la sede del gobierno español desde hace años.

Las conclusiones del mismo son el resultado de una inspección realizada por 11 miembros del Parlamento Europeo que visitaron personalmente las cuencas de los ríos Ebro y Tajo en febrero de este año y los principales puntos de fricción tienen que ver con la conservación de los llamados "flujos ambientales" y con el caudal mínimo de agua que un río debe tener, a fin de conservar sus ecosistemas y el equilibrio de su Medio Ambiente.

En el caso del río Tajo, el informe señala que los bajos niveles establecidos para el caudal mínimo en el “Plan de aguas del Tajo”, en los municipios de Aranjuez, Almoguera, Talavera de la Reina y Toledo, junto con un inexistente cambio en el flujo del río, crea una alteración constante del hábitat para los peces y otras especies, lo que afectan gravemente a su conservación y en su defecto, no contribuye en absoluto a su recuperación.

El informe fue aprobado en la mencionada Comisión por una mayoría de 22 votos a favor y nueve en contra, estos últimos del Partido Popular Europeo, que como era previsible apoyaron los planes que el gobierno en funciones pretende seguir aplicando.

Política versus Medio Ambiente

Las transferencias de agua han sido durante mucho tiempo una fuente de conflicto entre las regiones españolas y las autoridades regionales y centrales. A ello se le suma que en ciertas zonas las lluvias son escasas y con espaciamientos temporales largos entre precipitaciones y que muchas áreas experimentan las consecuencias en su Medio ambiente del Cambio Climático.

El resultado es que muchos embalses se encuentran en mínimos históricos y los habitantes y regantes de las regiones del sudeste, que son las más afectadas del país están más dispuestos que nunca a recibir agua de donde sea.

Los sucesivos gobiernos han subsidiado el uso de tecnologías de riego más eficientes con la idea de obtener un ahorro considerable en el coste presupuestario agrícola, pero los resultados se han limitado a una modesta reducción del uso del agua en el riego en los últimos años.

A raíz de un cambio en el poder en la región de Castilla-La Mancha, que paso de manos del Partido Popular (PP) a las del Partido Socialista (PSOE) en las elecciones regionales pasadas, la nueva administración puso en marcha una batalla contra el gobierno central sobre el controvertido trasvase Tajo-Segura.

Como era de esperar, los socialistas aplaudieron la decisión europea, de poner en entredicho la viabilidad de este plan, ante el hecho de que a pesar de los bajos niveles del Tajo, Madrid sigue autorizando la transferencia de agua de este río al árido sureste de España.

El informe también pide a España que utilice la "red de plantas de desalinización financiadas con fondos europeos" para cubrir la demanda de agua en la costa mediterránea. Estas plantas fueron construidas, pero en la actualidad están infrautilizadas, debido a que el precio del agua obtenida de esta manera es más alto, lo que disuade a los agricultores de usarla.





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