La propuesta de la Xunta de Galicia consiste en obligar a los parques eólicos gallegos a vender el 50% de su electricidad a las pymes y empresas gallegas mediante PPAs. Esta propuesta va en contra de la legislación del mercado eléctrico de la Unión Europea, de la normativa de competencia y de la Ley del sector eléctrico. Cualquier intervención de un mercado liberalizado es un ataque a los derechos fundamentales que rigen en la propia comunidad autónoma gallega, en España y Europa.
Uno de los efectos de esta nueva iniciativa de la Xunta de Galicia -al imponer vender el 50% de la energía generada a un determinado colectivo- sería una distorsión en la fijación de precios del mercado, lo que terminaría perjudicando a otros consumidores domésticos o industriales. Esta iniciativa, además de paralizar las inversiones en Galicia de los promotores, podría terminar encareciendo la energía eléctrica para un conjunto de la población.
Sin conocer aún si las intenciones de la Xunta de Galicia son aplicar también dicha obligación a los parques existentes, lo que sería aún más grave, el sector eólico avanza que esta expropiación de facto implicaría una vulneración de la legislación actual y forzaría la ruptura de contratos, aumentaría el precio de la electricidad, activaría demandas de los inversores internacionales generando nuevos arbitrajes, además de las consecuentes sanciones por parte de la Comisión Europea.
La capacidad instalada de energía renovable va en aumento, lo que desata una variedad de reacciones. En Galicia se han tomado medidas para ajustar una distancia mínima entre parques eólicos y se ha aprobado dos más, pero sin estar exentos de polémica.
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Comunicado de Prensa conjunto AEE-AELEC-APPA Renovables. Las asociaciones denuncian que una Ley en aprobación pone en peligro el futuro desarrollo de la eólica y la hidráulica en Galicia.
Las asociaciones firmantes de este comunicado manifiestan su desacuerdo con las medidas propuestas por la Xunta de Galicia, pues afectan de manera inmediata al sector renovable regional y a medio plazo al conjunto del sector eléctrico.
Medidas como las propuestas por la Xunta de Galicia tendrán como consecuencia inevitable un aumento de la incertidumbre y la litigiosidad en el sector y, en último término, una ralentización del proceso, en perjuicio de Galicia y del conjunto de España.
La Xunta de Galicia ha propuesto una batería de medidas referidas al sector eólico y al hidráulico, que está tramitando en un proyecto de Ley cuya aprobación es próxima. En dicho proyecto se proponen las siguientes medidas que afectan al sector renovable:
- La tramitación de proyectos eólicos e hidroeléctricos se verá facilitada si se vende determinada proporción de la energía a clientes radicados en Galicia.
- Se prevé el cierre de parques eólicos que decidan no repotenciar a los 25 años de su vida.
En primer lugar, las organizaciones firmantes de este comunicado subrayamos que los parques cuya vida se prolonga más allá de los 25 años funcionan con absolutas garantías. De hecho, en la actualidad la generación anual de electricidad renovable de los parques eólicos es, en la inmensa mayoría de los casos, superior a la que tenían en el momento de su puesta en marcha, debido a las mejoras e inversiones introducidas durante su vida útil, y que se preveían recuperar más allá de los 25 años.
Los operadores de los parques eólicos deben y pueden tomar libremente sus decisiones de extensión de vida y repotenciación
El cierre de una instalación en perfectas condiciones de operación por una decisión administrativa es antieconómico y supone una seria distorsión de la competencia en el mercado, además de ser una medida retroactiva que condiciona la autorización en su día otorgada.
En segundo lugar, la propuesta de obligar a los promotores eólicos e hidráulicos a vender parte de su energía a clientes en la comunidad autónoma es contraria a Derecho. Las autorizaciones para la operación no deberían ser un obstáculo al libre mercado. Una obligación como la propuesta por el proyecto de Ley supone una distorsión competitiva y la fragmentación del mercado, comprometiendo los principios constitucionales en España, en particular el principio de unidad de mercado, y de mercado único europeo.
El sector eólico en Galicia lleva años sujeto a una gran inseguridad jurídica por la suspensión de autorizaciones, que en la práctica ha impedido el desarrollo de nuevos proyectos. Estas medidas suponen un golpe adicional al clima de inversión en el sector eléctrico en la región.
Por último, las asociaciones empresariales de ámbito nacional, quieren resaltar la enorme importancia de mantener un mercado español dinámico y sin barreras internas para todas las empresas del país. Obligar a las empresas a vender en una región para poder operar en ella es contrario a los fundamentos de competencia, de la prosperidad del país y en definitiva de todos sus territorios.
La transición energética es un proceso fundamental para España, desde el punto de vista ambiental y para la competitividad futura del país. Desde el sector eléctrico hemos demostrado un nuestro compromiso con su rápido desarrollo, siempre con el máximo respeto a las preocupaciones sociales y ambientales en el territorio.
Medidas como las que se proponen desde la Xunta de Galicia suponen un evidente paso atrás en ese empeño y tendrán como consecuencia inevitable un aumento de la incertidumbre y la litigiosidad en el sector y, en último término, una ralentización del proceso, en perjuicio de Galicia y del conjunto de España.
