Ecologistas ponen el grito en el cielo: buscadores de oro quieren extraer minerales de 14.000 hectáreas de suelo en Cabañeros

Publicado el: 15 de abril de 2026 a las 20:38
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Pepitas de oro en batea durante trabajos de prospección minera en Cabañeros.

La búsqueda de oro vuelve a asomarse a los Montes de Toledo con dos permisos de investigación llamados «Cabrahigos» y «Patagallina». La promotora es Oroberia, S.L.U., y la suma de ambos expedientes abarca 470 cuadrículas mineras, una superficie que ronda las 14.000 hectáreas entre municipios de Toledo y Ciudad Real.

La pregunta es inevitable. ¿Se puede investigar un recurso sin poner en aprietos un entorno que roza el Parque Nacional de Cabañeros y espacios de la Red Natura 2000? La tramitación sigue su curso y ya ha pasado por anuncios oficiales de información pública con plan de restauración incluido.



Qué se está pidiendo exactamente

Los expedientes son permisos de investigación, no una concesión para abrir una mina. En la práctica sirven para comprobar si hay mineralización y si tendría sentido seguir adelante con más estudios.

El permiso «Cabrahigos» recoge 234 cuadrículas mineras en Hontanar, Menasalbas y San Pablo de los Montes (Toledo), además de Navas de Estena y Retuerta del Bullaque (Ciudad Real). «Patagallina» suma 236 cuadrículas en San Pablo de los Montes y Las Ventas con Peña Aguilera (Toledo), junto a Retuerta del Bullaque (Ciudad Real).



Quién está detrás del proyecto

Oroberia es una sociedad constituida en Salamanca, con inicio de operaciones el 28 de febrero de 2025 y un capital social de 3.000 euros, según el Boletín Oficial del Registro Mercantil. Es una empresa muy joven para un asunto que toca suelo protegido.

Esto no invalida el proyecto, pero explica el nivel de escrutinio. Cuando se habla de sondeos y maquinaria en un entorno sensible, se pide información clara, solvencia técnica y control público. Y ahí está el foco.

Un territorio con protección reforzada

El Parque Nacional de Cabañeros es uno de los grandes refugios del bosque mediterráneo en la península. En documentación oficial, su superficie ronda las 40.828 hectáreas y se sitúa entre Ciudad Real y Toledo, con figuras como ZEPA y LIC vinculadas a los Montes de Toledo.

Aquí la fauna no es un adorno. Se citan especies en peligro de extinción como el águila imperial ibérica o la cigüeña negra, y especies vulnerables como el buitre negro. Por eso actividades con ruido, accesos y presencia humana suelen generar alarma.

Por qué el trámite ambiental no es un simple trámite

Los anuncios oficiales sobre «Cabrahigos» y «Patagallina» hablan de «admisión definitiva» y abren un periodo de información pública de 30 días para consultar la solicitud y el plan de restauración. En minería, la restauración no es un detalle, es la parte que busca que el monte no quede marcado.

Además, el BOE remite a la normativa sobre residuos de industrias extractivas y rehabilitación del espacio afectado. Dicho sin tecnicismos, incluso una fase de investigación debe explicar qué se hace con lodos, escombros o movimientos de tierra y cómo se reduce su huella.

Un sondeo tampoco es solo un agujero. A menudo implica entrar con maquinaria, compactar suelo, usar agua para perforar y mover materiales, y en algunos casos abrir o mejorar pistas, justo cuando el monte está más frágil y seco. Eso es lo que preocupa cuando pensamos en el suelo, el aire y el agua que acaba en el grifo.

El precedente de Guadalajara y la idea de trocear proyectos

En la Sierra Norte de Guadalajara, Oroberia planteó tres proyectos separados (GUA, DALA y JARA) para investigar casi 15.000 hectáreas. La Junta terminó pidiendo que se unificaran en un único expediente con una evaluación ambiental más exigente.

Ese antecedente importa porque marca el listón. Si la administración cree que la fragmentación suaviza controles, puede exigir un análisis conjunto. Y eso cambia plazos y obligaciones.

Qué mirar ahora para saber si esto avanza o se frena

La clave está en diferenciar fases. Un permiso de investigación puede terminar sin mina si los resultados no salen o si la evaluación ambiental concluye que los impactos no son asumibles, más aún en un entorno tan protegido.

También pesa el marco legal. La Ley 30/2014 establece que en un parque nacional no pueden existir actividades extractivas y considera incompatibles las «explotaciones y extracciones mineras». Por eso, si parte de un proyecto entra en el perímetro del parque, el choque con la norma sería directo.

El anuncio oficial más reciente sobre estos permisos se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado.

Imagen autor

Javier F.

Periodista, licenciado en la Universidad Nebrija, diez años en Onda Cero, y ahora en proyectos profesionales como Freelance. Especializado en contenido SEO y Discover

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