El derecho a reparar lleva a Bruselas a abrir dos expedientes a España: uno por la directiva general y otro por su ampliación a determinados aparatos de calefacción doméstica.
La Comisión Europea ha expedientado a España y a otros 17 países de la comunidad por no adaptar la legislación nacional a la nueva directiva sobre el derecho a reparar. Esta nueva normativa es la primera línea de lucha contra la obsolescencia programada, ya que obliga a los fabricantes de electrodomésticos y teléfonos a ofrecer reparaciones a precios y plazos razonables aun cuando la garantía ha vencido.
Desde Bruselas buscan la reducción de los residuos y las emisiones contaminantes a la vez que se abaratan los costes para los consumidores. Esta sanción se suma a una anterior por un motivo parecido, solo que esta vez afectaba a los sistemas de calefacción doméstica; 18 países fueron expedientados, España entre ellos. Ante la nueva “bronca” de la Comisión, los países afectados dispondrán de dos meses para subsanar los errores.
El derecho a reparar
La Comisión Europea pidió este viernes a España y a otros 17 países de la UE que incorporen plenamente a sus legislaciones nacionales las nuevas normas comunitarias sobre el derecho a reparar los productos electrónicos, unas medidas que buscan facilitar que los consumidores arreglen sus aparatos en lugar de sustituirlos.
El Ejecutivo comunitario abrió procedimientos de infracción contra 18 Estados miembros por no haber comunicado la transposición completa de la directiva, que permite a los consumidores solicitar la reparación de productos como teléfonos inteligentes, lavadoras o frigoríficos incluso una vez expirada la garantía legal.
Las nuevas reglas forman parte de la lucha de la Comisión Europea contra la obsolescencia programada en el continente. Las medidas obligan, además, a que los fabricantes ofrezcan las reparaciones necesarias a un precio y en un plazo razonables y a facilitar una información clara sobre sus servicios antes de la venta de cualquier producto.
La nueva normativa pretende reducir el gasto de los consumidores, limitar la generación de más residuos, prolongar la vida útil de los productos y recortar las emisiones de gases de efecto invernadero.
Pero no es la primera vez; la Comisión ya abrió expedientes contra otros 18 países miembros de la Unión Europea, entre ellos España, por no haber transpuesto plenamente una directiva delegada que amplía el derecho a reparar a aparatos de calefacción doméstica, como chimeneas, calefactores eléctricos portátiles o sistemas de suelo radiante.
Los países afectados disponen ahora de dos meses para responder y subsanar las deficiencias antes de que Bruselas tome medidas más contundentes contra ellos.
