La sociedad civil rechaza la nacionalización de la prohibición de transgénicos

La nueva normativa permitiría a los Estados miembros restringir o prohibir el uso de productos biotecnológicos para alimentación humana y/o animal que han sido aprobados por el estricto marco regulatorio científico y sanitario de la UE a nivel comunitario y que ha superado los controles de seguridad pertinentes.

Un total de 17 asociaciones que engloban a agricultores, técnicos y empresarios, entre otros sectores, han rechazado la propuesta de nacionalización de medidas para restringir o prohibir el uso de organismos modificados genéticamente (OMGs) en la UE. A su juicio, esta decisión «atenta contra el mercado único comunitario de alimentos y piensos con graves consecuencias económicas y sociales».

La nueva normativa permitiría a los Estados miembros restringir o prohibir el uso de productos biotecnológicos para alimentación humana y/o animal que han sido aprobados por el estricto marco regulatorio científico y sanitario de la UE a nivel comunitario y que ha superado los controles de seguridad pertinentes.

Para los firmantes, la UE «vuelve a dejar a la ciencia de lado con la intención de permitir a los Estados miembros prohibir, por motivos más asociados a política e ideología que a la evaluación científica objetiva, el uso de OMGs», aunque la seguridad de estos productos haya sido avalada por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y estén siendo consumidos con total y absoluta normalidad en países terceros que exportan sus producciones a la UE, desde hace casi 20 años.

Así, recuerdan que «es un derecho de los operadores europeos de alimentos y piensos, así como del sector ganadero, la libertad de elección a la hora de decidir los ingredientes, siempre y cuando éstos hayan sido evaluados como seguros por los órganos competentes».

Las entidades firmantes también aseguran que la propuesta de la Comisión Europea va en contra de las bases fundamentales de la UE y del mercado único, restando competitividad al sector entero y frenando así el impulso del empleo.

«Esta propuesta no sólo atenta contra el mercadoúnico y su correcto funcionamiento sino que también demuestra que la UE no es capaz de hacer cumplir su propio sistema vigente de aprobación», apuntan en un comunicado.

LAS CONSECUENCIAS

A modo de ejemplo, apuntan que sólo la importación española de soja modificada genéticamente entre 2000 y 2014 supuso un ahorro de casi 55.000 millones de euros. La soja es utilizada tanto para alimentación animal como para productos alimenticios procesados.

Si se produjera el bloqueo a la soja modificada genéticamente, sería «inviable» la sustitución de las importaciones por soja convencional debido a la falta de disponibilidad de esta materia prima para la industria de fabricación de piensos, ya que su producción interna en la UE de este producto cubre sólo el 7 por ciento de su demanda.

Así, la situación acabaría en un aumento en los precios de las habas de soja y harina de soja del 291% y el 301%, respectivamente, según denuncian los firmantes. Como consecuencia, esta subida se trasladaría al coste de los ingredientes de producción de pienso para vacuno, cerdo y aves, y, por tanto, de los huevos, carne de ave, carne de cerdo y carne de vacuno.

Otro cultivo básico en la alimentación del ganado es el maíz, cuya importación media anual se acerca a los 6 millones de toneladas, muchas de ellas procedentes de países que principalmente cultivan maíz modificado genéticamente.

«La nacionalización de la restricción o prohibición de uso de OMGs frena directamente el crecimiento, la innovación, la inversión y la competitividad, a la vez que dinamita la confianza del consumidor en el sistema europeo. Que prevalezcan los intereses políticos o ideológicos sobre las evidencias científicas es una barrera insalvable para la inversión tecnológica, un sector en el que la UE era todavía referente internacional», denuncian las asociaciones.

ACCOE, AECEC, ANOVE, Cooperativas Agroalimentarias, ANPROGAPOR, ASEBIO, ASAJA, ASEPRHU, ANAFRIC, ASOPROVAC, ProPollo, UPA, UNISTOCK, APROMAR, PRObio, AGPME y Fundación ANTAMA, piden «que se haga cumplir la legislación vigente y que todos los productos que cumplan con los requisitos de evaluación de riesgos con base científica sean autorizados sin retrasos injustificados».

ep

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