El pacto de estado de España sobre el clima es una propuesta de ley que busca crear un marco de unidad y consenso para enfrentar la emergencia climática, con un enfoque principal en la resiliencia, la adaptación y la justicia social.
Pese a esas «buenas intenciones», no todas las organizaciones ecologistas están del todo confiadas en el fondo de dicho acuerdo y documento que sienta unas bases en la lucha contra la emergencia del clima. Es el caso de Alianza Verde que considera que responde más a una estrategia política y lanza su propia propuesta de claves para este pacto.
No todas las organizaciones ecologistas ven con buenos ojos el Pacto de Estado ante la emergencia climática
La situación vivida este verano con los graves incendios que han afectado a algunas zonas del país, especialmente en el noroeste de Castilla y León, parte de Galicia y Extremadura, son reflejo de la gravedad y potencia de la emergencia climática que nos afecta. Hemos vivido las olas de calor más graves desde que tenemos registros, poniendo colofón a una tendencia muy preocupante: cada mes desde julio de 2024 ha sido el más cálido de su respectivo periodo en la serie histórica.
Sin embargo, a medida que se confirman datos tan graves y alarmantes como estos, hay algo también preocupante que avanza, como es el negacionismo. Desde el primer mandato del presidente Trump, en 2016, esta corriente ideológica, sin base científica pero sí muy dañina, se expande sin freno en todo el mundo, a lomos de las fake news, los bulos y los partidos de extrema derecha.
Desde Alianza Verde consideran que es necesario hablar mucho más de cambio climático y reforzar la presencia pública, a todos los niveles, de las políticas para hacerle frente. Sin embargo, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, responde, una vez más, de manera tacticista a un problema que es estructural: los incendios de este verano han sido gravísimos y merecen una respuesta, puesto que el cambio climático, sin lugar a duda, es un factor sin el que no hubieran podido desarrollarse con tanta virulencia. A todo esto, a su juicio se suman gobiernos autonómicos negacionistas, especialmente en la Junta de Castilla y León.
Pero la propuesta de un pacto de Estado contra el cambio climático, no es una respuesta estructural al problema que tenemos enfrente como detallan estos ecologistas. Las diez medidas que propone dicho pacto, a su juicio, son más bien, un pacto «de emergencias contra incendios», muy necesario, pero no abordan en profundidad las medidas para hacer frente al cambio climático. De hecho, no contiene ni una sola medida para reducir las emisiones, principal problema que provoca el cambio climático.
Para Juantxo López de Uralde, coordinador federal de Alianza Verde, «un estudio científico ha mostrado que las condiciones atmosféricas causadas por el cambio climático multiplican por cuarenta el potencial de que se produzcan grandes incendios forestales como ha sucedido en nuestro país. Por tanto, existe una relación directa entre el cambio climático y los incendios que han devastado nuestro territorio. Por ello, en cualquier pacto que se pretenda sobre la cuestión, tiene que ser necesariamente imprescindible la reducción de emisiones. Todo lo demás, es absolutamente insuficiente».
La propuesta de Alianza Verde
Por eso, desde esta organización quieren plantear estas cinco medidas básicas que a su juicio debería contener cualquier plan que quiera servir realmente para hacer frente a la emergencia climática:
- Plan de desinversión en combustibles fósiles. Es una profunda contradicción que al mismo tiempo que se impulsan políticas de reducción de emisiones, se estén dedicando ingentes sumas de dinero público a las distintas fases de la industria fósil. A pesar de la crisis climática, la inversión en combustibles fósiles continúa a gran escala. Muchas de estas operaciones están apoyadas e incluso financiadas con dinero público. Por ello es imprescindible una auditoría en la que se clarifique cuanto dinero público va dirigido todavía a la industria fósil, y se desarrolle un plan de desinversión.
- Impuesto a los beneficios de las empresas energéticas. Durante la pasada pandemia debida al COVID19, se estableció la medida de un impuesto sobre los beneficios a las grandes empresas energéticas. Sin embargo, ese impuesto que suponía apenas el 1,2% de los beneficios de las grandes empresas ha sido eliminado por la presión de los grandes grupos energéticos. Ese impuesto debe recuperarse con el objetivo de impulsar con esos recursos la transición ecológica.
- Empresa pública de energía. La presencia del Estado en el sector eléctrico no es una rareza, sino una tendencia generalizada en el mundo desde hace décadas. En la generación de electricidad, los inversores privados son minoría a escala global, aunque en España suponen casi el 100% de la producción eléctrica. Dicho de otra forma, solo un 38% de la potencia eléctrica instalada o en construcción está en manos completamente privadas. El apagón, y la falta de control sobre los operadores privados, pusieron de manifiesto cómo el oligopolio maneja un sector estratégico y altamente sensible.
- Descartar proyectos de grandes infraestructuras que aumentarán las emisiones de gases de efecto invernadero, como la ampliación del aeropuerto del Prat y del puerto de Valencia. No es coherente que mientras por un lado se impulse a través de la Ley de Cambio Climático una política de reducción de emisiones, por otro lado se están impulsando infraestructuras de transporte que aumentan las emisiones.
Especialmente significativos son los proyectos de ampliación del aeropuerto del Prat o el puerto de València. Se trata de que haya coherencia entre unas políticas y otras. - Ley de Adaptación al cambio climático en las ciudades. El cambio climático es ya una evidencia y se manifiesta de forma especialmente intensa en las ciudades. Las olas de calor afectan con especial virulencia en los entornos urbanos, muy vulnerables a las llamadas islas de calor que provocan temperaturas en las ciudades muy superiores a las de su entorno. Su impacto en la calidad de vida y la salud de las personas es ya evidente, de ahí que sea imprescindible en el actual contexto impulsar zonas de refugio climático que permitan un respiro a las personas que viven en esos entornos. Se trata de impulsar una renaturalización en la cual los árboles deben jugar un papel esencial. Asimismo deben impulsarse las Zonas de Bajas Emisiones (ZBEs) en las ciudades, impulsando la peatonalización y el uso de medios de transporte de bajas emisiones, como bicicleta.
Han tenido que llegar los incendios más virulentos del pasado mes de agosto con las más de 400.000 hectáreas quemadas para que se pueda dar forma a un pacto de Estado contra el cambio climático. Un acuerdo que para algunas organizaciones ecologistas sería bueno que incluye claves como la creación de una empresa pública de energía, retomar los gravámenes a las empresas energéticas o armar un plan de desinversión en combustibles fósiles entre otros puntos. ECOticias.com
