“Una enorme franja de la nueva «área natural protegida» en la Amazonía de Perú incluye una zona que pertenece a una concesión de petróleo y gas administrada por una empresa canadiense. Los peruanos sostienen que las tierras deben ser para las personas, las plantas y la fauna, no para el petróleo.”
Un gran Parque Nacional
La creación del Parque Nacional Sierra del Divisor de 1,3 millones de hectáreas, en la Amazonía occidental en noviembre de 2015, generó un gran entusiasmo y una cobertura mediática peruana e internacional; pero sobre ella pesa una negra nube: la amenaza del petróleo y sus consecuencias sociales y ambientales.
Esto sucede porque aproximadamente el 40% del parque está superpuesto a una concesión de petróleo y gas administrada por la compañía canadiense Pacific Exploration and Production, a pesar de que la Ley de Áreas Naturales Protegidas de 1997 establecía que «la extracción de recursos naturales no está permitida» en los parques.
Por otro lado, la normativa de 2001 sobre áreas naturales protegidas establece que «la explotación de recursos naturales está prohibida» y que «el gobierno tiene la obligación de promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales bajo protección.
Zonificación del área
El gobierno de Perú está preparando actualmente un «Plan Maestro» para el parque, que decidirá cómo se utilizarán las diferentes áreas dentro de él. Las propuestas presentadas en los ministerios de Medio Ambiente (MINAM) y el de Cultura (MINCU), son profundamente preocupantes.
Si bien es alentador que casi toda la parte sureste del parque se propone como «zona estrictamente protegida» porque se superpone a la Reserva Isconahua establecida en 1998, para proteger a los pueblos indígenas que viven en «aislamiento», toda la parte noreste que incluye la totalidad de la Reserva de Yavari-Tapiche, no recibiría el mismo nivel de protección y se la calificaría «zona de uso especial».
La razón de estas diferencias de criterio es muy simple: la Reserva de los Yavari-Tapiche y la parte sur de la de los Isconahua coinciden con la zona del parque en donde está la concesión de petróleo y gas y como siempre, los intereses económicos están por encima de los derechos de los indígenas y de la protección del Medio Ambiente.
Esta zonificación está siendo propuesta por SERNANP a pesar de las regulaciones de Perú de 2001, que claramente declaran que un «área natural protegida» recién creada debe respetar los «derechos de propiedad y otros derechos adquiridos» de los pueblos indígenas en «aislamiento».
Además, expresa claramente que un nuevo parque Protegido tiene la obligación de «promover mecanismos para compatibilizar los objetivos de las Áreas Naturales Protegidas con los usos ancestrales de quienes las habitan». El conflicto está servido.