“Eliminaremos cada regulación que atente contra la producción de vehículos y en general, de cualquier producción”, dijo Donald Trump este miércoles a un público entusiasmado con la idea de resucitar la opulencia de cuando el Medio Oeste de Estados Unidos era la cuna de oro de los motores.
Con un discurso patriotista y populista, el presidente Donald Trump prometió esta semana en Detroit revisar y revertir los requisitos federales creados por el gobierno de Barack Obama para regular la eficiencia del combustible de automóviles y camiones en el país.
“Eliminaremos cada regulación que atente contra la producción de vehículos y en general, de cualquier producción”, dijo Donald Trump este miércoles a un público entusiasmado con la idea de resucitar la opulencia de cuando el Medio Oeste de Estados Unidos era la cuna de oro de los motores.
Según el mandatario, los estándares actuales son costosos para los fabricantes y también para el pueblo estadounidense, por lo que es urgente una revisión exhaustiva que favorecerá a ambos.
«Esta va a ser una nueva era para los empleos y la creación de empleos en Estados Unidos», prometió Trump, enfatizando que las normas del gobierno anterior fueron las responsables de sofocar el crecimiento económico de la zona.
Detroit llegó a ser la cuarta ciudad económicamente más poderosa del país, pero ahora continúa esforzándose por superar la bancarrota en la que se declaró en 2013, incapaz de asumir una deuda de $14,000 millones.
Como suele hacerlo, en su discurso Trump no precisó exactamente a cuáles normas o leyes se refería ni cuáles acciones tomará ahora. En su lugar llamó a tener fe y a celebrar lo que él cataloga como “ una nueva revolución industrial en EEUU”.
“Les pido que pongan su fe en los trabajadores estadounidenses y en las empresas estadounidenses. También les pido que respeten las empresas extranjeras que vienen aquí a producir: los amamos”, dijo prometiendo que con nuevas normas “vamos a hacer que ustedes sean respetados de nuevo” y “llenar las ciudades del mundo con carros”.
Las normas «en juego»
Durante el mandato de Barack Obama, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) promulgó una ley para obligar a las automotrices a ser más eficientes, es decir, que consuman menos combustible por milla recorrida.
En palabras de la antigua administradora de la EPA, Gina McCarthy, eso buscaba reducir las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero a la atmósfera. Y su objetivo final es luchar contra el cambio climático y las implicaciones económicas y sociales que este acarrea para el país y el mundo. Consecuencias que golpean más a los más vulnerables, entre ellos muchos hispanos en Estados Unidos.
Pero no todos están de acuerdo de que la regulación ni la inversión por autos eficientes vale la pena, especialmente los productores de estos vehículos, que deben ajustar los procesos productivos y perder un margen de ganancias.
Inicialmente, las reglas estatales del gobierno de Obama requerían que los fabricantes de automóviles llegaran al 2025 con un promedio de eficiencia de 54.5 millas por galón (mpg), que incluye combustible alternativo y autos eléctricos y que es de aproximadamente 40 mpg combinando ciudad y carretera. Sin embargo, los reguladores dijeron en julio de 2016 que los fabricantes de automóviles pueden solamente alcanzar un promedio de entre 50 y 52.6 millas por galón para la fecha propuesta. Esto significa un valor combinado de ciudad y carretera de cerca de 36 mpg.
Aunque no tiene ninguna consecuencia inmediata, la nueva promesa de Trump sugiere que en su mandato piensa aligerar los estándares de eficiencia de combustible por lo que podría incluso enfrentarse a pugnas legales contra grupos ambientalistas y estados como California, donde sus habitantes adoptaron sus propios estándares de emisiones para los conductores.
California ha ahorrado casi 50 millones de galones de gasolina al año usando unos 175,000 vehículos de tecnología alternativa. Si California no hubiera instituido normas que obligaran a las empresas a utilizar una mejor tecnología de ahorro de combustible, no tendríamos estos autos en el mercado, explicó Edmund Brown, gobernador de California.
Si así fuera, la EPA a cargo de Pruitt (quien hace una semana dijo que el CO2 no es el principal responsable del calentamiento global) debe determinar a más tardar en abril de 2018 si las normas para el 2022 y el 2025 establecidas por Obama son apropiadas. Si por el contrario, las nuevas autoridades discrepan de los estándares de eficiencia vigentes, estos deben presentar una nueva propuesta a más tardar el próximo año.
Tras el anuncio del presidente la llamada Alianza de Fabricantes de Automóviles que agrupa a los grandes fabricantes de automóviles -como General Motors, Ford, Fiat Chrysler y Toyota- manifestó su complacenciay aseguró que modificar esas normas creará mejores oportunidades para que alcancen un mejor resultado económico, lo que favorecerá a los consumidores. Esta misma Alianza dijo el mes pasado al administrador de la EPA, Scott Pruitt, que si no se relajaban los estándares iban a aumentar los costos de los automóviles, lo que impediría a los clientes comprar autos y con lo cual, se deprimiría más esta industria.
Sin embargo, las organizaciones ambientalistas advierten que varios de los estándares pactados tras 8 años de estudio y en momentos donde la concentración de CO2 de la atmósfera llega a récords preocupantes, “solo generará que los consumidores paguen más por el combustible de sus carros, que se vuelva a depender de países con una menor calidad de petróleo (octanaje) y que contaminaremos la atmósfera de nuestros niños», dijo Dan Becker, director de la campaña para el clima seguro.
“Los estándares de kilometraje ahorran dinero a los consumidores en la bomba de gasolina, hacen que los estadounidenses dependan menos del petróleo, reduzcan la contaminación por carbono y avance la innovación», se apresuró a precisar Rhea Suh, presidente del Consejo de Defensa de Recursos Naturales.
Bajo esos estándares, EPA acaba de abrir, por ejemplo, un proceso para sancionar a la empresa Chrysler por incumplir estos estándares, lo que podría redundar en una multa de $4,500 millones.