“Hace dos meses, el proyecto de minería de oro más grande de Colombia, La Colosa, fue cancelado, luego de que una pequeña ciudad le dijera «NO» en un referéndum local. Una ola de consultas públicas en contra de proyectos similares está ahora barriendo Colombia, mientras el Gobierno vacila en introducir regulaciones ambientales más rigurosas para la industria.”
El referéndum
La abundancia de recursos naturales de Colombia es mundialmente conocida, pero también está asociada con la llamada «maldición de recursos» debido a los altos niveles de corrupción, las violaciones recurrentes a los derechos humanos, los daños al Medio Ambiente y los conflictos civiles.
Cuando un grupo de residentes de un pequeño pueblo de Tolima decidió votar sobre si querían un proyecto de minería de oro en su patio trasero, a la AngloGold Ashanti (AGA) no le preocupó mucho. Después de una década de exploración, AGA sólo esperaba un par de concesiones ambientales restantes antes de comenzar a cavar las montañas, en busca de oro.
Pero después de que las autoridades locales reconocieran la decisión democrática y soberana, de las potenciales víctimas de los megaproyectos que votaron NO, AGA, el tercer productor de oro del mundo tomó conciencia de que se iría del lugar con las manos vacías.
Análisis de los Antecedentes
Existen más de 120 conflictos civiles documentados sobre diversos temas de justicia ambiental. Entre ellos, predominan los relacionados con las actividades mineras. De manera similar, una razón subyacente que persiste es la costumbre del gobierno, de hacer tratos con las multinacionales “a puertas cerradas”.
Esto es fundamentalmente ilícito, ya que Colombia es signatario de la Convención de los Pueblos Indígenas y Tribales, de la Organización Internacional del Trabajo (también conocida como Convención 169 o C169) de 1991 y la ratificó, lo que significa que, por ley, cualquier proyecto sobre tierras o derechos indígenas debe ser Consultado con los líderes de la comunidad y obtener su consentimiento público, antes de firmar nada.
Hace un par de meses, la preocupación pública alcanzó su apogeo cuando se presentaron 43 nuevas concesiones de fracking. Incluso el Ministerio de Medio Ambiente de Colombia se opuso públicamente a la Agencia Nacional de Hidrocarburos y aconsejó al gobierno que no entregase permisos adicionales de fractura hidráulica.
Lucha popular versus desidia gubernamental
La resistencia, en su mayoría no violenta, ha abarcado desde el bloqueo de carreteras, hasta la colaboración con ONGs ambientalistas y la firma de una carta abierta en la que se pide al presidente Juan Manuel Santos que actúe sobre temas particulares, como declarar Moratoria sobre fracking.
Sin embargo, ninguna de estas acciones ha sido suficiente para convencer al Gobierno de reconsiderar sus políticas económicas liberales y libres de regulaciones, muchas de las cuales están causando graves injusticias ambientales.
