Sin embargo, estas iniciativas han sido obstaculizadas por conflictos relacionados con el uso de la tierra y la degradación ambiental, los cuales se originan parcialmente
Guatemala posee un patrimonio natural, cultural e histórico sin igual. Las áreas protegidas y los parques nacionales abarcan casi la tercera parte de su territorio, con lo cual se intenta salvaguardar las antiquísimas ruinas de la civilización Maya y la cultura indígena, como también los manglares, humedales, bosques tropicales y pinares que hacen parte de la quinta zona más importante del mundo en materia de biodiversidad.
Sin embargo, estas iniciativas han sido obstaculizadas por conflictos relacionados con el uso de la tierra y la degradación ambiental, los cuales se originan parcialmente en la falta de descripciones geográficas confiables de los territorios protegidos, así como en la inseguridad jurídica que afecta la propiedad de la tierra. El problema es particularmente grave en Petén, un departamento castigado por la pobreza donde la explotación forestal y la presión sobre los recursos naturales son más intensivas.
Como consecuencia de esta situación, en 2010 Guatemala decidió incluir estas áreas protegidas en un programa ya en marcha sobre regularización de tierras, el cual cuenta con el apoyo del BID y el GEF (Fondo para el Medio Ambiente Mundial por sus siglas en inglés). A través de este proyecto se está apoyando la creación de una nueva base de datos catastrales de áreas protegidas, junto con una serie de actividades destinadas a fortalecer su seguridad jurídica. Esta iniciativa comprende apoyo técnico, coordinación interinstitucional y el empleo de las técnicas más modernas de información catastral y de registro.
En el nuevo catastro figurará la demarcación física de los linderos de las áreas protegidas con una clasificación correcta de sus usos, dado que mientras algunos sectores pueden estar destinados a varias actividades económicas, otros están reservados estrictamente para la conservación. En el marco del proyecto también se contempla informar mejor a las comunidades acerca de estas demarcaciones geográficas mediante campañas de información pública y señalización.
Después de dos años se ha concluido el 50% de la labor de diseño y creación de la base de datos georreferenciados para el catastro y registro de la propiedad y el uso de la tierra dentro de las áreas protegidas. Igualmente se han actualizado los catastros y se ha realizado la demarcación territorial de seis áreas protegidas en la parte septentrional del país, las cuales abarcan aproximadamente unas 150.000 hectáreas.
Con el propósito de evaluar la efectividad del proyecto, en 2011 el gobierno solicitó al BID que realizara una evaluación para calcular su impacto ambiental y social, la cual se encuentra actualmente en preparación. Su objetivo será determinar si han disminuido los conflictos sociales y la invasión de las áreas protegidas, y si al clasificar y demarcar con claridad las distintas zonas conforme a sus usos, los usuarios de las áreas protegidas han logrado optimizar sus actividades de manera que repercutan lo menos posible en el medio ambiente. Por otra parte, en la evaluación se determinará el grado mínimo de seguridad jurídica de la propiedad y el uso de la tierra necesario para garantizar su conservación.
La evidencia empírica surgida de otros programas ejecutados en Costa Rica, Brasil, Bolivia y Tailandia indica que la creación de áreas protegidas ha reducido notablemente la deforestación, al tiempo que ha mejorado las condiciones sociales. La evaluación del programa de registro de tierras en Guatemala constituirá entonces un paso importante en el empeño por cuantificar y potenciar los buenos resultados que ha conseguido el país con la creación de estas áreas.
