Esta cartera presentará de inmediato los alcances de esta política a cooperantes con el fin de arrancarla de inmediato, aunque para ejecutarse se requerirán unos cinco años, explica López.
Es una nueva política por aplicarse en el agro. El propósito es elevar la capacidad productiva del país y en ello se busca también recuperar las tierras degradadas como las que existen en la zona oriente. Se trata de generar desarrollo a partir de una adecuada tecnología de riego, que costará unos $280 millones y que el Gobierno saldrá a buscar, afirma Élmer López, titular del Ministerio de Agricultura (MAGA).
Esta cartera presentará de inmediato los alcances de esta política a cooperantes con el fin de arrancarla de inmediato, aunque para ejecutarse se requerirán unos cinco años, explica López.
“Ya es una política; tenemos el acuerdo gubernativo firmado por el presidente Otto Pérez y todos los ministros”, afirma.
Esta política de riego incluye cuatro componentes, entre los cuales se encuentra uno que busca aprovechar el afluente de los ríos en época lluviosa, mediante la creación de represas o embalses en ciertos distritos del país para que en verano se cuente con agua disponible para riego.
“Es una inversión grande pero estratégica que el país debe tomar para no tener muchos problemas por el cambio climático”, subraya el viceministro de Desarrollo Económico Rural,
Carlos Anzueto.
El Viceministro indica que en este componente de la política pretenden la reconstrucción de los distritos de riesgo que ya se construyeron en las décadas del 70 y 80 del siglo pasado, los cuales se ubican en la Costa Sur, en la parte baja de San Marcos, Quiché, Zacapa, Alta Verapaz y Jalapa.
También buscan construir nuevos distritos de riego, en los cuales se harán embalses, como por ejemplo en la zona de las Huistas, La Democracia y Jacaltenango, en Huehuetenango; además, Salamá y San Jerónimo, en Baja Verapaz.
“Otra área de ampliaciones está en Jutiapa, en el Alto Mongoy; en Chiquimula, especialmente el área del río Jupilingo, pero también es importante que en el área de Baja Verapaz y Quiché existe un alto potencial de hacer embalses, utilizando el río Negro o Chixoy”, explica.
Anzueto indica, además, que en el país hay varios ríos importantes que pueden utilizarse como embalses en serie. Dado que en Guatemala no se tiene la cultura de almacenamiento de agua de lluvia, se utilizan los remanentes de los ríos que siguen fluyendo en el verano. “La política nuestra es almacenar en esas áreas el agua de lluvia para utilizarla en los momentos en que se necesiten; es decir, en verano”, enfatiza.
Esta técnica se podría utilizar en ríos como el Selegua, Cuilco, Nentón, Cahabón y rio Grande; además, de en la cuenca del Motagua.
Un bien público
La propuesta parte de considerar el agua como un bien público, y eso se logra, según el ministro Élmer López, cuando el Gobierno toma la responsabilidad de generar sobre ese bien público (el agua) una infraestructura que permita almacenar el líquido que corre por los ríos.
“Pensamos en hacer represas. Guatemala no cuenta con una de este tipo para riego. Todos los países que han desarrollado su agricultura, lo han hecho a partir de agua producto de las lluvias la cual se almacena para usarla en época seca,”, explica López.
Según Anzueto, la política busca que: “El Gobierno invierta en la infraestructura del embalse y en los canales de conducción hacia las parcelas; y los parcelarios o agricultores inviertan dentro de su parcela en un
riego moderno”.
Para que el manejo y mantenimiento del embalse sea sostenible, cada regante deberá pagar por el volumen de agua consumido, detalla.
“Es el mecanismo de la política, pero para eso hay que hacer todavía una serie de estudios de preinversión para afinar toda la temática. Este es el planteamiento genérico de la política, falta tener el financiamiento”, agregó.
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