La minería ilegal de oro sigue proliferando en la Amazonía a pesar de los esfuerzos gubernamentales para frenarla. Esta es la principal conclusión de Oro tóxico, un informe publicado por Greenpeace que demuestra cómo durante los últimos dos años esta actividad ha destruido 4.219 hectáreas, unos 4.000 campos de fútbol, en los territorios indígenas Yanomami, Munduruku, Kayapó y Sararé.

Tras haber analizado datos satelitales entre 2023 y 2024, la investigación muestra que la acción gubernamental para combatir esta actividad destructiva no está produciendo una disminución, sino un cambio en los territorios indígenas afectados en la Amazonía.

Así, mientras que las actividades mineras se redujeron en las tierras Yanomami, Munduruku y Kayapó (un 7 %, 57 % y 31 % menos respectivamente), el territorio Sararé experimentó un ascenso dramático, con un aumento de actividades de minería ilegal del 93 %.

En 2024 los tres principales destinos de las exportaciones brasileñas de oro fueron Canadá, Suiza y el Reino Unido, importantes centros internacionales de refinado y comercio. Suiza desempeña un papel especialmente importante, ya que es el mayor centro de comercio internacional de oro y la puerta de entrada de más de la mitad de las importaciones de oro de la UE.

El estudio también señala discrepancias en los datos oficiales sobre el comercio de oro. Según la investigación, las importaciones suizas superaron las exportaciones declaradas por Brasil en un 67 % en 2022 y en un 62 % en 2023, lo que sugiere la existencia de importantes irregularidades.

Los ecologistas advierten que es poco probable que la demanda mundial que impulsa la minería ilegal disminuya: sólo en 2024, el precio del oro aumentó un 44 %. Además, muchos bancos centrales están declarando su intención de acumular reservas de oro.

El gran Río Amazonas envenenado por mercurio

En esta línea, Harald Gross, responsable de la campaña sobre la minería ilegal en la Amazonía en los ecologistas alemanes ha declarado: «El hambre mundial de oro está destruyendo la vital selva amazónica con el objetivo de acaparar lingotes de oro que acumulan polvo en las bóvedas de los bancos. Esto debe cambiar. Los minoristas internacionales tienen que revelar sus cadenas de suministro y garantizar que el oro ilegal queda fuera del mercado«.

La extracción ilegal de oro es una de las principales causas de pérdida de biodiversidad y tensiones sociales en Brasil, y afecta de forma desproporcionada a las comunidades indígenas y otros grupos vulnerables. La comunidad científica ha descubierto que el mercurio utilizado durante el proceso de extracción contamina la selva y los cursos de agua, poniendo en peligro la vida salvaje y la salud humana.

El predecesor de Lula, el ex-presidente de extrema derecha Jair Bolsonaro, debilitó deliberadamente los controles medioambientales en la Amazonía. Esto desencadenó una explosión de la exploración minera entre 2018 y 2022, con un asombroso aumento del 265 % en la extracción ilegal de oro en tierras indígenas.

Desde 2023, el actual Gobierno brasileño ha intensificado los esfuerzos de seguridad y vigilancia en áreas clave. Pero la investigación de la ONG en Brasil muestra que la minería ilegal continúa adaptándose y extendiéndose por la Amazonía, lo que subraya la necesidad urgente de estrategias sostenidas a largo plazo.

Recientemente, el Tribunal Supremo Federal de Brasil resolvió cerrar una laguna legal que permitía a los compradores de oro aceptar el mineral sin tener que verificar su origen. Esto hacía posible que la minería ilegal -a menudo en territorios indígenas de la Amazonía- floreciera sin control.

A partir de ahora, los compradores de oro deberán verificar la legalidad de sus compras y el Gobierno deberá aplicar una supervisión más estricta. La decisión supone un paso crucial en la lucha contra la minería ilegal de oro. Sin embargo, los ecologistas de Brasil insiste en que son necesarias más medidas para garantizar una protección a largo plazo.