España tiene que pagarle 128 millones a un inversor británico de renovables

“Según la documentación oficial del arbitraje, España ha incurrido en una serie de errores que tendrán un costo de 128 millones de € y que incluyen: cambios en las políticas regulatorias, no querer negociar, que sus abogados cambiasen de táctica y que sus propios testigos se contradijeran.”  

Cambios de marchas

Un testigo aportado por el gobierno español ofreció hasta tres versiones diferentes de los hechos, durante la demanda de arbitraje internacional sobre recortes de primas de energía renovable que España acaba de perder, como indican los documentos oficiales.

Los expertos del estado tampoco convencieron a los tres árbitros designados para el caso, en el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, que dictaminó recientemente que España debe pagar 128 millones de euros más intereses, en compensación a un inversionista británico.

 

Los abogados que representaron a España durante el proceso de arbitraje cambiaron desesperadamente su estrategia de defensa en el último minuto, cuando se hizo cada vez más evidente que iban a perder el caso.

Hasta entonces, el presidente Mariano Rajoy no había respondido a las cartas de los inversores que solicitaban una negociación. En consecuencia, los tres árbitros, incluidos los designados por España, decidieron a favor de Eiser Infrastructure Limited y su filial Energía Solar Luxembourg, alegando que el Gobierno español había violado el artículo 10 del Tratado de la Carta de la Energía, privando así al demandante de un trato justo y equitativo.

 

La decisión del CIADI representa el primer reclamo de arbitraje internacional perdido por España, sobre sus ampliamente criticados cambios normativos en el sector de las energías renovables y establece un precedente para las otras 26 reclamaciones pendientes. Hasta ahora, otras disputas habían sido resueltas a favor, pero no se presentaron ante el CIADI.

 

La decisión de los árbitros critica enérgicamente los cambios regulatorios emprendidos por la administración Rajoy tras la victoria del Partido Popular en las elecciones generales de noviembre de 2011, en un momento en que España estaba en una profunda crisis económica y las autoridades buscaban hacer recortes de gastos.

 

Consecuencias

La compañía inglesa presentó su demanda en diciembre de 2013, la audiencia se celebró en París en febrero de 2016 y la sentencia se hizo pública en mayo/2017. El CIADI consideró que España eliminó un régimen regulatorio favorable que se había otorgado a los demandantes para fomentar la inversión en energías renovables y lo reemplazó con un sistema regulador sin precedentes, completamente diferente y basado en premisas distintas.

Los árbitros dictaminaron que España violó su obligación de conceder un trato justo y equitativo en junio de 2014, cuando el régimen regulador anterior fue definitivamente sustituido, por uno completamente nuevo. Como consecuencia directa la multa que se le impuso al estado español asciende a los 128 millones de euros.

ARTÍCULOS RELACIONADOS
- publicidad -

Otras noticias de interés