Teruel Existe señala a fondo danés por caso Forestalia y abre una grieta inesperada en uno de los mayores desarrollos renovables del país. Lo que parecía una investigación centrada en trámites ambientales empieza a escalar hacia posibles responsabilidades internacionales.
La formación aragonesa apunta directamente a Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), cuestionando su papel real en el Clúster del Maestrazgo. ¿Fue un actor ajeno o conocía los riesgos judiciales desde el inicio? La respuesta puede cambiar el rumbo del caso.
El portavoz de la organización, Tomás Guitarte, ha señalado que el fondo danés podría tener una “responsabilidad civil subsidiaria” en función de su papel dentro del proyecto energético.
Según ha explicado, existe la necesidad de aclarar quién es el propietario real del clúster y cuál fue el alcance del acuerdo firmado entre ambas compañías en 2020.
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Teruel Existe señala a fondo danés por caso Forestalia y apunta a responsabilidad subsidiaria
El Clúster del Maestrazgo no es un proyecto menor. Se trata del mayor desarrollo de parques eólicos y fotovoltaicos de España, impulsado inicialmente por Forestalia y vinculado desde 2020 al fondo danés Copenhagen Infrastructure Partners (CIP).
Ahora, ese mismo proyecto se encuentra bajo investigación judicial por una presunta tramitación irregular de declaraciones ambientales favorables, un punto crítico que podría redefinir la legitimidad de todo el complejo energético.
Las advertencias que, según Teruel Existe, no se pueden ignora
El portavoz de Teruel Existe en las Cortes de Aragón, Tomás Guitarte, ha sido contundente: CIP no puede alegar desconocimiento.
Según ha explicado, en febrero de 2024 ya se produjo una reunión en la embajada danesa en la que se trasladó al fondo la gravedad de la situación. No fue un contacto aislado.
Meses después, una delegación viajó a Dinamarca para reunirse directamente con responsables de CIP en su sede. El objetivo era claro: advertir del riesgo judicial que rodeaba al proyecto del Maestrazgo.
El punto clave: ¿quién es realmente el propietario del proyecto?
Aquí está el núcleo del conflicto. Teruel Existe plantea una cuestión que puede tener consecuencias legales profundas: ¿Forestalia era el gestor o el propietario real del proyecto?
Si CIP asumió la propiedad tras el acuerdo firmado en 2020 —como sugieren informaciones publicadas en medios internacionales— podría existir una responsabilidad civil subsidiaria.
Por eso, Guitarte exige algo muy concreto: hacer público el contenido íntegro del acuerdo firmado ante notario.
CIP ha defendido públicamente que actuó «de buena fe», que no participó en las gestiones investigadas y que mantiene una política de «tolerancia cero» contra la corrupción. Pero para Teruel Existe, eso no es suficiente.
Guitarte ha sido claro al exigir que esa postura no se quede en comunicados internacionales:
«Deben dar explicaciones en España y en Aragón», donde se están produciendo los hechos.
Incluso ha lanzado una frase que resume el tono creciente del conflicto: «Que no se hagan los suecos».
Un caso que trasciende lo ambiental y entra en lo político
CIP ha defendido públicamente que actuó «de buena fe», que no participó en las gestiones investigadas y que mantiene una política de «tolerancia cero» contra la corrupción. Pero para Teruel Existe, eso no es suficiente.
El impacto del caso ya no se limita al ámbito judicial o energético. Ha entrado de lleno en el terreno político.
Teruel Existe ha pedido activar de inmediato la Agencia Aragonesa Anticorrupción, un organismo ya creado pero aún inactivo. El argumento es contundente:
los acontecimientos recientes son «lo suficientemente graves» como para no seguir mirando hacia otro lado.
En este contexto, Teruel Existe reclama que el fondo danés colabore plenamente con la justicia y haga público el contenido íntegro de sus acuerdos. La formación considera que solo así se podrá esclarecer el alcance de las responsabilidades y garantizar la transparencia en un proyecto clave para el territorio.
