Delitos contra el Medio Ambiente imputados a mina de uranio en Salamanca

“Un encinar que pertenece a la Red Natura 200 y que por ende está bajo estricta protección medio ambiental, ha sido objeto de una tala no permitida, a ello se le suma que una balsa ha sido excavada en las inmediaciones. Por ambos delitos contra el Medio Ambiente se investiga a Berkeley, la empresa que gestiona la puesta a punto de una mina de uranio en Salamanca.”

La Mina de la discordia

La mina de uranio de la empresa australiana que se ubica en el término municipal de Retortillo, al oeste de la provincia de Salamanca está en vías de ser puesta en funcionamiento; según declaraciones de la dirección de Minas de la provincia de Castilla y León, se espera que esté operativa en algo más de un año y medio.

Según las explicaciones que ha dado la empresa, dentro de las tareas normales de puesta a punto de la mina está la de realizar calicatas (diversas exploraciones de material) que no necesitan permisos especiales, pero las autoridades competentes (SEPRONA) entienden que el socavón que tiene 25.000 metros cuadrados es en realidad una balsa.

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Y el problema justamente estriba en que para realizar este tipo de excavaciones sí es necesario una autorización expresa. Además, una organización que se opone a la mina y WWF, han denunciado que en el transcurso de la construcción de la supuesta calicata se han talado más de un centenar de encinas centenarias, que se hayan en un ámbito protegido, lo que para ellos constituye un claro delito contra el Medio Ambiente.

Dos posibles delitos contra el Medio Ambiente

Ello ha llevado a que desde dos frentes diferentes: el servicio de Medio ambiente Regional y la Guardia Civil se considere que dichas actividades podrían no cumplir con la normativa vigente, por lo que desde dos fiscalías se está investigando a la empresa por posibles daños ambientales.

Desde el Ministerio Público se investiga si la empresa ha incurrido en un delito contra el medio ambiente al realizar una excavación no autorizada, que además de no contar con los permisos pertinentes, afecta a una zona protegida bajo la Red Natura 2000.

Por su parte, la fiscalía de Medio Ambiente es la que está valorando los posibles daños de corte medioambiental que puedan haber sufrido los centenarios encinares, que siguen siendo talados, según advierten WWF y Stop Uranio, la plataforma que se opone a la mina.

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