“A principios de 2010, cinco empresas se interesaron en la explotación de los recursos subterráneos españoles, prometiendo que el boom del fracking estadounidense podría ser reproducido en la península ibérica y que ello traería bonaza económica y descendería la compra de hidrocarburos foráneos. De sus posibles efectos sobre el Medio Ambiente, no se dijo nada.”
Si del PP
Las regiones norteñas del País Vasco y Cantabria contienen un potencial de suministro de gas de esquisto, que podría cubrir el consumo nacional durante 70 años, según un informe de 2013 encargado por la Asociación Española de Investigación, Exploración y Producción de Hidrocarburos y Almacenamiento Subterráneo (ACIEP).
El gobierno apoyó al fracking o fractura hidráulica, el polémico método utilizado para extraer gas de depósitos de esquisto subterráneo, alegando que este era la mejor forma de disminuir la dependencia casi total del país, de las importaciones de hidrocarburos.
Pero llegar al gas implica una técnica de perforación ampliamente combatida por los grupos ambientalistas, cuyo mensaje anti-fracking por el impacto que tiene sobre el Medio Ambiente, ha calado hondo en la sociedad española. La administración del PP cambió la legislación nacional para hacerla más favorable al fracking, pero la fracturación hidráulica recibió el rechazo desde las asambleas regionales.
No de los españoles y las Asambleas regionales
Si bien en el Congreso nacional donde el PP tenía mayoría absoluta se logró que los cambios legislativos salieran adelante, en varias asambleas regionales, incluidas las de Cantabria y el País Vasco, sus propios representantes apoyaron las leyes anti-fracking.
En marzo de 2016, cuando el PP ya no contaba con una posición mayoritaria, los grupos del congreso presentaron una iniciativa que pedía al gobierno que prohibiera la práctica y protegiera el Medio Ambiente de sus efectos colaterales. Para entonces, las empresas ya se estaban retirando de España, en parte debido a una caída global en los precios.
De hecho, las cinco firmas que componían el lobby pro-fracking llamado Shale Gas España, integrado por BNK, Heyco, R2 Energía, San León y la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi del País Vasco (SHESA) han declarado que renuncian al fracking en España.
Y es que los bajos precios del gas y, sobre todo, el fuerte rechazo social al impacto en el Medio Ambiente del fracking, han frustrado los planes de las compañías y aunque aún no se ha resuelto si el país seguirá o no apoyando esta técnica, las cinco empresas han renunciado a aplicarla.
SHESA es una corporación pública (que trabajaba con Heyco) que responde al gobierno vasco y que ya ha cedido una de sus cinco licencias. BNK renunció a sus dos licencias en 2016 y San León hizo lo mismo con sus seis permisos. Cuando el PP perdió el control sobre el gobierno regional de Valencia en 2015, R2 Energy anunció que no usaría fracking para sus tres licencias allí.