La Eurocámara votará el 21 de marzo el informe que reclama una nueva evaluación medioambiental en Doñana

El presidente de la delegación que viajó a Doñana, Pál Csáky, ha informado de que el plazo para presentar enmiendas al informe queda abierto a partir de este miércoles hasta el 4 de marzo.

La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo votará el próximo 21 de marzo su informe sobre posibles irregularidades medioambientales en el Parque Natural de Doñana, un texto abierto a enmiendas hasta el 4 de marzo, pero que ya en su borrador reclama el cierre de pozos ilegales y una nueva evaluación del impacto ambiental conjunto de los cuatro proyectos gasísticos. El documento ha sido presentado formalmente este miércoles en sesión parlamentaria, durante un breve debate que ha servido para recordar las principales conclusiones de la misión que viajó a Doñana en septiembre y adelantar las posiciones de los grupos.

El presidente de la delegación que viajó a Doñana, Pál Csáky, ha informado de que el plazo para presentar enmiendas al informe queda abierto a partir de este miércoles hasta el 4 de marzo. Esto permitirá someter al voto de la comisión europarlamentaria el texto definitivo en su sesión del 21 de marzo, a solo un mes de que se disuelva la Eurocámara para las elecciones europeas de mayo, según han indicado a Europa Press fuentes parlamentarias. En su intervención, Csáky ha valorado los «pasos positivos» que a su juicio están danto tanto la Comisión Europea como las autoridades nacionales y locales a raíz del viaje de los eurodiputados.

Entre los principales problemas que señala el informe, ha recordado Csáky, destaca el estado del acuífero de Doñana y la necesidad de tomar medidas contundentes para detener la extracción ilegal de agua, así como someter a una evaluación de impacto medioambiental conjunta los proyectos gasísticos y no fragmentados como se ha hecho en el pasado. Sobre este asunto, el documento reclama el examen «combinado» de los cuatro proyectos de gas (Saladillo, Marismas Occidental, Marismas Oriental y Aznalcázar) que incluya, además, una evaluación sísmica y un análisis de los efectos acumulativos y de la sinergia del proyecto

Un representante de la dirección de Medio Ambiente de la Comisión Europea ha tomado la palabra para recordar que Bruselas llevó el pasado enero a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) por no haber tomado las medidas adecuadas para proteger las masas de aguas subterráneas que alimentan el humedal de Doñana, ni para evitar el deterioro de los hábitats protegidos en estos humedales.

En lo que a los proyectos de extracción y almacenamiento de gas, sin embargo, el Ejecutivo comunitario mantiene que «no ha identificado ninguna infracción a la legislación europea» por parte de España, aunque ha pedido a las autoridades nacionales que informen de «cualquier nuevo acontecimiento que pueda tener incidencia» en los proyectos referidos.

Así las cosas, los eurodiputados Marina Albiol (IU) y Florent Marcellesi (EQUO) han coincido en señalar como positivo que se presente un informe de estas características, pero han pedido más «ambición» en sus conclusiones, por lo que han apuntado enmiendas que respalden a la Comisión Europea en su recurso contra España y también que doten de mayor contundencia la exigencia de medidas correctivas.

La eurodiputada socialista Soledad Cabezón, por su parte, ha asegurado que existe «preocupación» por parte de las autoridades por la situación de Doñana, pero ha pedido «contextualizar» las amenazas que hay sobre el parque con factores externos como el impacto del cambio climático y que también se valore la necesidad de «equilibrio» entre la protección medioambiental y la estabilidad socioeconómica de la zona.

En la misma línea, la eurodiputada del PP Rosa Estaràs ha pedido que se conjuguen los intereses medioambientales del parque con los de al actividad agrícola legal que existe en el mismo, al tiempo que ha señalado que las posibles irregularidades ya están siendo investigadas en los juzgados y ha pedido mesura para evitar que una «desproporción» en las denuncias derive en inseguridad jurídica.

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