Apagar las llamas de los incendios no quiere decir que se acabe con el peligro de ese fuego. Cuando las lluvias llegan a un terreno que se ha quemado, estas pueden arrastrar cenizas, barro y sedimentos hacia ríos, embalses y zonas de captación.
Es en ese momento cuando el incendio ya no es solo una emergencia forestal y pasa a ser un posible problema con impacto para los ecosistemas y el abastecimiento de agua.
Ante esto, Greenpeace alerta de que el riesgo continúa después de extinguir las llamas, especialmente por el aumento de la erosión y el arrastre de materiales. Por ello, la organización reclama proteger los abastecimientos, vigilar las zonas afectadas e investigar los posibles impactos que estos residuos puedan tener sobre los acuíferos.
Incendios que no se calman con las lluvias
Tras un verano marcado por grandes incendios forestales, la llegada de las lluvias de otoño a las zonas incendiadas supone un nuevo peligro para los ecosistemas y la población.
En este contexto, Greenpeace ha documentado los arrastres de lodos y cenizas del incendio de Burgohondo (Ávila), uno de los más graves de 2026 y el segundo de mayor superficie desde que existen registros, con imágenes que no dejan duda sobre la gravedad de la situación: las lluvias intensas del otoño ya están arrastrando cenizas, barro y sedimentos desde las zonas calcinadas hacia ríos, embalses y captaciones de agua.
«Es evidente que la emergencia no termina cuando se apaga el fuego. Sin actuaciones posteriores para estabilizar el suelo y proteger los recursos hídricos, estamos sembrando nuevas crisis ecológicas y sociales. Los incendios han evolucionado a episodios dramáticos, así como sus impactos durante y después también«, ha señalado Mónica Parrilla, responsable de la campaña de Incendios de Greenpeace. «Las medidas post-incendio son una cuestión de agua, de protección civil y de salud ambiental».
La organización alerta de que lo que muestran las imágenes ya está también ocurriendo o puede ocurrir en más zonas incendiadas y que son necesarias medidas urgentes para proteger el suelo en las superficies forestales arrasadas, minimizar los procesos erosivos tras los incendios, evitar la contaminación de cursos de agua y garantizar el abastecimiento de agua potable en muchas localidades que dependen de aguas superficiales.
Las Administraciones en los municipios afectados por el incendio de Burgohondo han tenido que recurrir al abastecimiento mediante camiones cisterna y agua embotellada para garantizar el suministro en varios puntos.
Greenpeace ya expuso el pasado 25 de agosto la necesidad de tomar medidas de estabilización de emergencia para evitar el denominado ‘chapapote de monte’: por ejemplo, la instalación de pequeños diques, acolchados de paja (mulch) y construcciones provisionales para evitar el arrastre de cenizas y lodos, que producirán la contaminación del agua potable, que pueden producir colmataciones de potabilizadoras y múltiples impactos a la fauna piscícola, etc.
Por otro lado, otras medidas posincendio como la extracción de madera quemada tienen que ser revisadas. En el caso de Burgohondo, la Junta de Castilla y León publicó una orden de retirar la madera quemada. Sin embargo, una retirada generalizada deja el suelo más expuesto y favorece el arrastre de cenizas, lodos y sedimentos con las lluvias.
Por ello, es fundamental retrasar unos meses el talado del arbolado quemado, cuando las condiciones lo permitan, para favorecer la fijación del suelo y reducir la erosión y la escorrentía. Posteriormente realizar una retirada selectiva tras los incendios adaptada a las características de cada zona.
Efectos que continúan años después
Greenpeace ya expuso el pasado 25 de agosto la necesidad de tomar medidas de estabilización de emergencia para evitar el denominado ‘chapapote de monte’.
Los impactos de los grandes incendios pueden prolongarse durante meses e incluso años y agravarse con la llegada de las lluvias. Por ejemplo, en el municipio zamorano de Sanabria, los incendios de 2025 provocaron posteriormente arrastres de cenizas hacia el río Bibey, cuyas aguas no eran aptas para el baño.
Hace apenas unos días, en la playa de Sant Antoni de Calonge (Girona), el agua apareció negra por el arrastre de cenizas procedentes del incendio de Les Gavarres del verano pasado. También está el caso de la riada ocurrida el pasado agosto en Manzanedo de Valdueza (Ponferrada), donde fallecieron dos mujeres tras una avenida de agua en una zona arrasada por el fuego en 2025.
El informe de 2025 del Colegio de Ingenieros Civiles sobre las afecciones de los incendios forestales a las aguas superficiales y subterráneas confirma que la contaminación de las aguas superficiales puede persistir entre tres y cinco años, en función de la intensidad de la alteración del suelo. Los episodios de lluvias fuertes pueden seguir provocando arrastres hacia ríos y arroyos durante al menos 18 meses, aunque con una tendencia gradual a disminuir, especialmente durante los inviernos.
El problema no se limita a la contaminación visible de ríos y embalses tras los incendios
Las cenizas y los materiales movilizados por las lluvias alcanzan también las aguas subterráneas, un recurso estratégico en un país con sequías y contaminación. Según el Instituto Geológico y Minero de España, en los últimos 20 años, más de 900.000 hectáreas de masas de agua subterránea han sufrido impactos relacionados con incendios con un coste ambiental y económico superior a 43 millones de euros. Entre las demarcaciones identificadas como más vulnerables figuran las de Miño-Sil, Duero y Galicia Costa.
En un contexto de cambio climático que agrava sequías e incendios forestales, es fundamental disponer de redes de seguimiento de cantidad y calidad de aguas subterráneas.
Por ello, resulta fundamental mantener un seguimiento extraordinario de las masas de agua subterránea afectadas por los incendios y prolongarlo en el tiempo, ya que sus efectos no son inmediatos: las cenizas y sustancias movilizadas en la superficie pueden infiltrarse con el agua de lluvia y alcanzar progresivamente el subsuelo, en un proceso que puede durar desde semanas hasta varios años, dependiendo de las características del terreno y de los materiales atravesados.
La vigilancia debe intensificarse durante los periodos de recarga, especialmente con las lluvias de otoño e invierno, y mantenerse durante sucesivas campañas para detectar posibles alteraciones de la calidad del agua y evaluar su evolución.
«Lo primero es prevenir los grandes incendios forestales. Y posteriormente, dado el grado tan severo de los mismos, es vital conocer mejor cómo funcionan los ríos, acuíferos y demás sistemas hídricos afectados por esos incendios, y entender cómo el fuego altera tanto la cantidad como la calidad del agua», añade Parrilla.
Este 2026, hay 279.545 hectáreas afectadas por incendios, y en 2025 fueron 354.746,67. Las consecuencias posincendio son un reto de grandes dimensiones. Greenpeace demanda:
- Priorizar la protección del agua (superficial y subterránea) en las políticas posincendio y en los planes de restauración.
- Protocolos de respuesta rápida tras apagarse las llamas (estabilización de la emergencia) para evaluar de forma temprana los daños, priorizar las zonas de actuación y aplicar medidas urgentes para proteger el suelo, reducir la erosión y minimizar los impactos.
- Reforzar las redes de control de calidad del agua y piezometría en las cuencas más vulnerables.
- Establecer protocolos de coordinación entre confederaciones hidrográficas, CCAA y ayuntamientos para evitar el caos competencial actual.
- Integrar el riesgo de incendios en la planificación hidrológica nacional, con especial atención a los acuíferos estratégicos.
- Reforzar la investigación sobre cómo los incendios alteran el suelo, la escorrentía y la infiltración, y estableciendo redes específicas de seguimiento de la cantidad y calidad de las aguas subterráneas en las zonas afectadas.
