Las principales organizaciones ecologistas del país han lanzado una seria advertencia sobre el impacto que puede tener la nueva ley ambiental andaluza y la reforma de la Ley de Montes actualmente en tramitación parlamentaria.
Ecologistas en Acción, Greenpeace y SEO/BirdLife consideran que ambos textos suponen un retroceso significativo en la protección del medio ambiente en Andalucía.
Las ONG denuncian que la tramitación por vía de urgencia limita el debate público y que las reformas abren la puerta a la desregulación ambiental, la reducción de controles y la pérdida de protección de los montes públicos.
En un contexto marcado por la crisis climática, la sequía estructural y la pérdida de biodiversidad, alertan de que debilitar las garantías ambientales puede tener consecuencias irreversibles sobre el territorio andaluz.
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La ley ambiental andaluza y la reforma de la Ley de Montes bajo crítica ecologista
Ecologistas en Acción, Greenpeace y SEO/BirdLife critican la tramitación urgente de dos leyes que reducen garantías ambientales en Andalucía.
Tramitación urgente sin debate público suficiente
Las organizaciones ecologistas han expresado su profunda preocupación ante el retroceso que puede suponer para la protección del medio ambiente en Andalucía los contenidos de los proyectos de Ley de Montes y de Ley para la Gestión Ambiental de Andalucía (LEGAM).
Actualmente se encuentran en tramitación parlamentaria, textos que se han remitido a la Comisión de Sostenibilidad y Medio Ambiente para su tramitación por el procedimiento de urgencia, según consta en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía del 14 de noviembre de 2025.
Las organizaciones consideran que esta forma de tramitación acelerada impide el debate necesario que debe preceder la aprobación de normas de gran impacto territorial, ecológico y social.
Riesgo de desprotección del patrimonio forestal público
En el caso de la Ley de Montes, preocupa que su redactado permita descatalogaciones, ocupaciones prolongadas y cambios de uso del suelo que reducen la protección histórica del patrimonio forestal público y a procesos de privatización funcional, o a permitir usos incompatibles con las funciones ecológicas del monte.
Además, la norma no incorpora con ambición los avances esenciales necesarios en materia de prevención estructural de incendios, de restauración ecológica, de protección de bosques maduros o de conectividad ecológica, todos ellos elementos clave en un escenario de mayor riesgo climático y creciente vulnerabilidad de los montes andaluces.
Evaluación ambiental más laxa y externalizada
En cuanto a la Ley para la Gestión Ambiental de Andalucía (LEGAM), las organizaciones advierten que algunos de los planteamientos que incorpora implican una reducción drástica del alcance y rigor del sistema de control y prevención ambiental.
Tanto la denominada Autorización Ambiental Simplificada (AAS) como la ampliación de procedimientos abreviados suponen una disminución de evaluaciones completas, abriendo la puerta a la externalización de funciones esenciales de control e inspección ambiental.
Tales cambios pueden comprometer la capacidad de la Administración para garantizar los niveles adecuados de protección en ámbitos especialmente sensibles, como el agua, la biodiversidad o la evaluación de impacto, además de alejarse de los principios de precaución, de prevención, y no deterioro exigidos por la normativa estatal y europea.
Las organizaciones firmantes subrayan también la importancia de asegurar una adecuada integración entre la política ambiental y la gestión del agua, ausente en la nueva LEGAM, una integración que es especialmente necesaria en una comunidad autónoma que, como la andaluza, está sometida a sequías estructurales y que presenta la mayoría de sus masas de agua en estado deficiente o malo.
Montes municipales sin apoyo técnico ni financiero
Asimismo, las organizaciones recuerdan que muchos montes públicos andaluces son de titularidad municipal, y que sin apoyo técnico y financiero suficiente —lo que no está previsto adecuadamente en el texto actual— será difícil garantizar una gestión forestal efectiva a escala local.
En conjunto, las propuestas normativas contribuirán a dibujar un escenario de preocupante desregulación y de regresión del control ambiental, que se verá agravado por la tramitación acelerada de dos leyes complejas y de largo alcance.
Andalucía afronta desafíos ambientales de enorme envergadura: incendios cada vez más severos, pérdida de biodiversidad, presión urbanística y los efectos del cambio climático, que ya está transformando el territorio. En este contexto, cualquier debilitamiento de las garantías ambientales supone un riesgo que la comunidad autónoma no puede permitirse.
Las organizaciones ecologistas entienden que la participación pública en el debate y tramitación de textos legislativos no puede ser un mero trámite, y reiteran su disposición a colaborar con el Parlamento y con el Gobierno andaluz para mejorar estas leyes.
Un contexto climático cada vez más extremo
Las organizaciones insisten en la necesidad de reforzar la protección de los montes públicos, consolidar un sistema de evaluación ambiental robusto e integrar plenamente las exigencias científicas y europeas en materia de biodiversidad, agua y clima.
Andalucía cuenta con un patrimonio natural excepcional. Para conservarlo, restaurarlo y fortalecer su resiliencia frente a los desafíos presentes y futuros, las organizaciones instan a que la actualización normativa se oriente a incrementar las garantías ambientales, nunca a reducirlas, y a que su tramitación refleje la relevancia y complejidad de las materias que van a regular estas leyes.
