La ONG ecologista Greenpeace ha presentado alegaciones contra el proyecto del Gobierno español para la modificación de la gestión del riesgo de inundación con el otoño meteorológico ya a las puertas. La organización ha celebrado la autocrítica sobre el crecimiento urbanístico en zonas de alto riesgo de inundación, pero si esa autocrítica no se ve reflejada en la toma de medidas, no solo no sirve de nada, sino que parece una tomadura de pelo a los ciudadanos.
Greenpeace exige que se prohíban nuevas licencias en los suelos inundables, que se evite el plazo de adaptación de cinco años de los ayuntamientos que facilitarían los trámites exprés de las licencias, la sustitución del hormigón por soluciones más ecológicas y que se elaboren planes de reubicación para las poblaciones que se encuentran en zonas de alto riesgo de inundación. Dos años después de la DANA de Valencia, nadie hace nada por prevenir.
Zonas inundables en España
Greenpeace España ha presentado alegaciones al proyecto de Real Decreto del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) que busca modificar el marco normativo de gestión del riesgo de inundación, algo que consideran catastrófico teniendo en cuenta que el otoño meteorológico ya está aquí con muchas probabilidades de DANAS e inundaciones.
La organización ha celebrado la autocrítica que ha hecho el Gobierno respecto a la ineficacia de la normativa de 2015, donde ha reconocido que la construcción urbanística no solo no ha cesado, sino que se ha incrementado en las zonas de inundación y de riesgo de inundación. Pero la autocrítica y la toma de medidas de prevención van a una velocidad mucho más lenta que la emergencia climática; por ello exigen que la seguridad ciudadana sea el eje central de los debates y la aplicación de nuevas medidas.
Y es que con herramientas de estadísticas tradicionales que se han quedado obsoletas es imposible prevenir DANAS como la de octubre de 2024 en Valencia, donde fallecieron 230 personas, o las riadas de los años 2019, 2023 y 2025.
¿Es el fin de la estacionalidad hidrológica?
El principal argumento científico que la organización ha trasladado al Ministerio es el fin de la estacionalidad hidrológica. Se están utilizando modelos basados en periodos de retorno de 100 o 500 años que ya no sirven porque el calentamiento global ha desestabilizado el ciclo natural del agua, provocando que lo que durante el siglo XX se consideraba fenómenos climáticos excepcionales, hoy no tenga nada de excepcionales.
El responsable de la campaña de Aguas de Greenpeace España, Julio Barea, declaró: “El suelo tiene memoria, pero la planificación humana adolece de una preocupante amnesia institucional. Si mantenemos los periodos de retorno estáticos tradicionales, estaremos planificando las tragedias del mañana sobre el mapa del ayer”.
Problemas con el proyecto de la nueva normativa
La nueva normativa que prepara el gobierno para las zonas inundables en España tiene entre sus medidas prohibir los garajes subterráneos y exigir que se eleven los edificios por encima de la cota de avenida. Ante esta tibieza a la hora de tomar medidas reales, Greenpeace le ha recordado al Gobierno que esto es insuficiente por varios motivos: elevar un edificio no evita el aislamiento de la población, tampoco los cortes de suministros ni el colapso del sistema de saneamiento y, para más inri, permite que el mercado inmobiliario siga vendiendo terrenos en zonas de riesgo.
También señalan la trampa de los cinco años y el “efecto llamada” en las zonas inundables en España: resulta que los ayuntamientos disponen de ese plazo para adaptar sus Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU), lo cual, la organización considera, es una temeridad. Explican que este periodo tan largo suscita la tramitación exprés de más licencias de urbanización en zonas inundables y exigen una moratoria cautelar inmediata para congelar cualquier nueva licencia que hubiera en curso.
Otro grave problema sería superar la cultura del hormigón que tan instaurada está en el país. Las escolleras, presas y canalizaciones generan una falsa sensación de seguridad, pero esconden un peligro real que ya se vivió en Valencia en 2024. Es por ello que Greenpeace sostiene que la mejor defensa es devolverle al río el espacio que le pertenece a través de Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN), lo que implicaría la recuperación de los meandros, las llanuras aluviales y los humedales.
La ONG apoya la medida del Ministerio de instalar señalización visible, como los paneles o las señales tipo tráfico, para recordar el nivel alcanzado por las riadas e inundaciones a lo largo de la historia. Sin embargo, exigen que esta intervención esté comprometida, por ley, con la creación de Asambleas Ciudadanas de Resiliencia Local y que el Estado cumpla con su deber de proteger a las comunidades y familias más vulnerables.
Por todo ello, Greenpeace solicita a la Dirección General del Agua del MITECO que incorpore, de forma vinculante, los escenarios predictivos más exigentes del IPCC en la cartografía de riesgo, ejecute una prohibición absoluta de nuevos desarrollos en todo el suelo inundable y diseñe una Estrategia Nacional de Retirada Selectiva Gestionada y Reubicación para rescatar a las poblaciones e infraestructuras que hoy ya están atrapadas en las zonas de más peligro.
