Greenpeace exige 1.000 millones al año para prevenir incendios en España. La ONG ha emitido un informe urgente con motivo del Día Mundial de la Prevención de Incendios Forestales. La organización advierte que el país atraviesa la peor crisis de incendios de su historia reciente e insta a los grupos políticos a aplicar medidas preventivas ya consensuadas.
Frente al desembolso millonario que suponen las labores de extinción y los gravísimos episodios en los que se pierden vidas humanas, la ONG solicita una inversión anual de mil millones de euros dedicada exclusivamente a la prevención. Asimismo, reclama ordenar los bosques y regular las urbanizaciones ubicadas en zonas de riesgo.
Entre sus peticiones principales, Greenpeace exige un pacto político de Estado urgente, el refuerzo de los medios de investigación y la implantación del Plan Nacional de Restauración de la Naturaleza. Paralelamente, pide profesionalizar las brigadas forestales autonómicas para garantizar su estabilidad laboral.
Greenpeace exige 1.000 millones al año para prevenir incendios en España o todo irá a peor
Con motivo del Día Mundial de la Prevención de Incendios Forestales, que se celebra este próximo martes 18, Greenpeace recuerda que para abordar la nueva era de grandes y virulentos incendios forestales se requiere, ante todo, voluntad política para hacer efectivas las medidas ya consensuadas por numerosos actores profesionales, expertos en extinción de incendios, de la academia y de la sociedad civil.
En 2026, más del 76% de la superficie afectada se ha concentrado en los 42 grandes incendios forestales. En 2025, tan solo el 0,77% de los incendios (65 de más de 8.000) fue responsable del 86% de la superficie quemada, y únicamente diez incendios concentraron el 57% del total afectado. En lo que llevamos de verano se ha producido ya el mayor incendio de la historia de España, el mayor de Andalucía, Castilla-La Mancha, de Aragón y Madrid, y el incendio más mortífero.
“La evolución de los incendios forestales hacia episodios de alta peligrosidad es mucho más rápida de lo que se esperaba. Hay un descenso del número de incendios, pero un aumento exponencial de la superficie quemada por grandes incendios forestales. El mayor incendio de la historia de España, récords autonómicos de superficie y el incendio más mortífero evidencian la magnitud de una emergencia que exige reforzar la prevención, adaptar el territorio al riesgo y anticiparse al fuego”, afirma Miguel Ángel Soto, responsable de la campaña de bosques en Greenpeace España.
Justo ahora hace un año, España se enfrentaba a una de las peores oleadas de incendios forestales de su historia reciente. Entre el 8 y el 18 de agosto de 2025 se produjeron incendios simultáneos en el noroeste de la península que supusieron la mayor parte de la superficie quemada y convirtieron el año en el peor ejercicio desde 1994, con 354.793 hectáreas afectadas. Este año, las cifras podrían ser aún peores.
“Es desesperante que en este aniversario, doce meses después, lejos de haber aprendido algo, aquel escenario vuelva a repetirse y empeorar. Y lo hace superando récords, con cifras dramáticas e incendios históricos. Los cambios legislativos, fiscales y presupuestarios para atajar este problema han sido ya consensuados y presentados públicamente en años anteriores. Pero la clase política no está a la altura”, denuncia Soto.
La prevención es la clave para evitar esta escalada insostenible. Los incendios forestales son un problema muy complejo, poliédrico, con múltiples aristas y que se expresa de diferente manera en los territorios del Estado. Por lo tanto, las soluciones son múltiples y han de ir en distintas direcciones, todas imprescindibles:
Sin educación, NO hay prevención
Toda la sociedad ha de estar concienciada y actuar contra este problema mayúsculo. Los datos de la Memoria de la Fiscalía General del Estado 2024 evidencian que la principal causa de los incendios sigue siendo el comportamiento humano: el promedio de los últimos cinco años sitúa en 65,59% los originados por negligencias o accidentes y en 23,60%, los intencionados (1).
Este año, una parte importante de los incendios más graves se ha iniciado por imprudencias graves cometidas durante episodios de riesgo extremo.
Todos están en fase de investigación: el mayor incendio de la historia de España, el de Burgohondo (Ávila), parece que se originó por una chispa producida por maquinaria pesada que realizaba trabajos no autorizados; el de La Mierla (Guadalajara), el mayor registrado en Castilla-La Mancha, apunta a una cosechadora como origen probable, y el mayor de la historia de la Comunidad de Madrid se originó por el incendio de un vehículo.
Gestión y ordenamiento son vitales para prevenir fuegos
Una sola chispa puede desencadenar una catástrofe. Incluso aunque se redujeran a cero los incendios de causa humana, que es un objetivo del todo imposible, habría también incendios causados por rayo o incluso por combustión espontánea. Ante esto, es urgente la gestión de los escenarios.
La prevención pasa por la ordenación forestal y la gestión sostenible del paisaje: planificar los montes, ejecutar tratamientos selvícolas, crear discontinuidades en la vegetación, mantener mosaicos agroforestales, favorecer la biodiversidad y adaptar la gestión a las características de cada territorio. Sin planificación no hay gestión, y sin gestión resulta imposible construir paisajes más resilientes frente a los grandes incendios forestales.
La realidad es que España es un país forestal que no mira a sus bosques. España cuenta con 28,58 millones de hectáreas forestales, de las cuales solo el 27,8% de la superficie forestal tiene planes de ordenación.
La adaptación territorial es clave
En la actualidad, una parte creciente de los grandes incendios afecta directamente a viviendas, urbanizaciones, infraestructuras y núcleos de población situados en contacto con el monte.
Esta realidad obliga a incorporar la interfaz urbano-forestal como un elemento central de la prevención mediante el cumplimiento de planes preventivos, de emergencia local y autoprotección en las zonas de alto riesgo de incendio (zonas ZAR). No solo elaborados, sino asegurar implementación, comunicación a la población. E incluso prohibir tipos de urbanizaciones que se consideran indefendibles.
La propia Fiscalía este año ha advertido de que la ausencia o falta de aplicación de planes preventivos puede ser determinante para valorar la imprudencia, pasividad u omisión de la Administración responsable. Por ello, insta a los municipios situados en zonas de alto riesgo de incendio a cumplir las obligaciones preventivas establecidas en la Ley de Montes. Y, para ello, las comunidades deben asegurar esos recursos, porque es imposible cumplir con las obligaciones sin recursos disponibles.
Hay que preparar a la sociedad para la realidad de los nuevos incendios
El cambio climático está convirtiendo cada vez más incendios en auténticas emergencias de protección civil, donde el objetivo prioritario deja de ser apagar el fuego para centrarse en salvar vidas.
La prevención debe incorporar mayor cultura forestal (en un país con un 55% de superficie forestal) y la adaptación de los municipios y de las comunidades expuestas: planificación de la autoprotección, adecuación de la interfaz urbano-forestal, creación de espacios defendibles, mejora de las infraestructuras de emergencia, sistemas de aviso y formación de la población.
Comunidades mejor preparadas reducen la vulnerabilidad, facilitan la evacuación cuando es necesaria y permiten que los servicios de extinción dediquen más recursos a contener el incendio y menos a proteger viviendas y personas.
El cambio climático debe ser combatido, no negado
El cambio climático incrementa y agrava las olas de calor, aumenta los rayos (un 40% más para final de siglo) y es el motor que agrava la propagación. En 2025, el 71,4% de los GIF (grandes incendios forestales) se produjeron en olas de calor.
“La vinculación del cambio climático como factor clave en el agravamiento de los incendios ha sido ampliamente documentada por la ciencia. Los resultados de World Weather Attribution, publicados en julio de 2026, refuerzan esta evidencia: el cambio climático multiplicó por 20 la probabilidad de condiciones extremas favorables a incendios forestales en España.
La salud humana también está en juego
En plena vorágine de incendios de 2025, la Sociedad Española de Salud Ambiental subrayó la necesidad de situar la salud en el centro de las políticas de prevención y gestión de incendios. Advirtió que los incendios forestales generan una fuerte presión sobre los servicios sanitarios, obligando a activar protocolos de contingencia ante el aumento de urgencias y hospitalizaciones.
También abordó, no solo la contaminación del aire, sino también los impactos posincendio de cenizas y compuestos tóxicos que afectan a suelos y aguas, comprometiendo ecosistemas y salud pública, y reclamó una estrategia integral basada en la prevención estructural.
La desertificación es gravísima y hay que combatirla para prevenir incendios
La desertificación no es el avance del desierto, sino la degradación del suelo, la pérdida de biodiversidad y la alteración de los ciclos hidrológicos. Los incendios forestales son un acelerador de estos procesos en un país con más del 70% de su territorio con riesgo de desertificación.
Precisamente hoy, 17 de agosto, comienza la 17ª Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (COP17), que se celebra en Ulán Bator, Mongolia. Una nueva oportunidad para que todas las naciones se conciencien de la necesidad de frenar juntas esta crisis climática.
“Los países del sur de Europa encabezan el ranking en incendios forestales y pérdida y degradación del suelo. Junto al problema del fuego, la expansión del regadío intensivo y la ganadería industrial, que esquilman y contaminan los acuíferos, obligan a repensar las políticas que actúan como si la tierra fuera un recurso infinito.
La solución pasa por transitar hacia una gestión responsable del suelo: proteger la fertilidad natural de la tierra mediante una agricultura y ganadería sostenible y ecológica y una restauración forestal que tenga en cuenta los nuevos escenarios de cambio climático. Tenemos que restaurar el suelo para que vuelva a ser capaz de filtrar y retener el agua de forma natural”, recuerda Soto.
Un gasto tan millonario como inasumible
En lo que va de año, los grandes incendios forestales han supuesto un coste aproximado de entre 2.000 y 3.800 millones de euros, sin incluir las indemnizaciones, los daños a infraestructuras, las pérdidas económicas ni el deterioro de los servicios ecosistémicos. Y, por supuesto, sin calcular los intangibles más importantes: las 16 personas fallecidas y las pérdidas de seres vivos y ecosistemas.
Actualmente, es imposible comparar la inversión estatal en gestión forestal con el gasto de las administraciones autonómicas en extinción al no existir datos normalizados para poder cuantificar esta cifra. Frente a esta dramática factura, la prevención es la solución: por cada euro invertido se pueden evitar hasta 100 euros de costes de extinción.
Greenpeace y otras entidades expertas han acordado reclamar una inversión de 1.000 millones de euros anuales en prevención, una apuesta que permitiría reducir el riesgo y los costes de extinción y avanzar hacia unos paisajes más resilientes frente a los grandes incendios.
Por otro lado, la prevención también es restaurar las zonas degradadas que vuelven a convertirse en pasto de las llamas. Cada euro destinado a restaurar los ecosistemas puede generar entre 8 y 38 euros de retorno económico. Y en este sentido, tenemos la oportunidad histórica del Reglamento de Restauración de la Naturaleza cuyo plan nacional se debe presentar el próximo 1 de septiembre.
¿Qué es lo que pide Greenpeace?
- Al Congreso, un acuerdo político urgente frente a la emergencia climática que se fundamente en la ciencia, con mirada sistémica, vocación de permanencia, aplicación efectiva y que garantice que todas las instituciones actúen con ambición, lealtad, coordinación y responsabilidad. El pacto debe consolidarse como una política pública estable capaz de transformar el modelo territorial, alimentario, energético y productivo.
- Al Gobierno central, una estrategia integral de prevención centrada en las causas de los incendios: más educación ambiental, diálogo social, más investigación de causas, más vigilancia y más recursos para la Fiscalía de Medio Ambiente, Seprona y agentes forestales. En cuanto a la inversión, es imprescindible destinar al menos 1.000 millones de euros anuales para gestionar el paisaje a escala nacional, preparando el territorio para el paso de las llamas. Otro aspecto clave es garantizar que el Plan Nacional de Restauración de la Naturaleza incorpore el cumplimiento previo de la normativa de prevención de incendios forestales en las zonas de alto riesgo sujetas a restauración. A todo ello debe unirse un compromiso serio de mitigación de las causas del cambio climático, dedicando a la transición ecológica los recursos que aún siguen subvencionando los combustibles fósiles.
- A las comunidades autónomas, un cambio de modelo hacia una planificación y gestión del territorio que identifique los riesgos climáticos y las zonas de alta vulnerabilidad a los grandes incendios forestales. También es fundamental garantizar la estabilidad y profesionalización de los trabajadores y las trabajadoras del operativo dedicado a la extinción de incendios y otras emergencias ambientales, así como mejorar la fiscalidad aplicada a la gestión forestal.
Los grandes incendios forestales representan el origen de la inmensa mayoría de la superficie arrasada este año. Según la entidad, la imprudencia humana, la falta de gestión de las masas forestales y el cambio climático aceleran la virulencia de los fuegos en el territorio nacional.
