La UE exigirá que los coches eléctricos subvencionados sean made in Europe, obligando a que su ensamblaje se realice en territorio comunitario y que al menos el 70 % de sus componentes procedan de la Unión.
La medida, incluida en la nueva Ley de Aceleración Industrial, busca frenar la dependencia de China, proteger hasta 600.000 empleos y reforzar la soberanía económica europea.
El objetivo principal es garantizar que las ayudas públicas destinadas a fomentar la movilidad eléctrica no terminen beneficiando principalmente a fabricantes externos. En los últimos años, el mercado europeo ha visto un aumento de la competencia internacional, especialmente de marcas asiáticas, que ofrecen vehículos eléctricos a precios muy competitivos.
Con este nuevo criterio, Bruselas pretende equilibrar el terreno de juego y asegurar que las inversiones públicas impulsen la cadena de valor europea.
  |
  |
La UE exigirá que los coches eléctricos subvencionados sean made in Europe para acceder a ayudas públicas
Bruselas vincula las ayudas públicas a la producción europea para proteger empleo, industria y autonomía estratégica.
La Comisión Europea ha propuesto este miércoles que, cuando se concedan ayudas públicas a vehículos eléctricos, se exija al sector de la automoción que su ensamblaje se realice en la UE y que un 70 % de sus componentes sean de origen doméstico, excluidas las baterías, para las que propone requisitos específicos.
El Ejecutivo comunitario incluye estos requisitos en la Ley de Aceleración Industrial, que ha presentado este miércoles tras varios retrasos porque recoge el concepto del ‘made in Europe (hecho en Europa)’, cuyo alcance es un asunto sensible que genera dudas tanto internas en la institución como entre los Estados miembros.
En ella, se establece que sólo los vehículos que puedan ser catalogados como ‘made in Europe’ podrán beneficiarse de ayudas públicas, por ejemplo para incentivar su compra, o participar en procesos de contratación pública.
70 % de componentes europeos y montaje en la UE
Para hacerse con esta etiqueta, su montaje tendrá que tener lugar en un país de la UE y además al menos un 70 % de los componentes ser de origen comunitario.
Este porcentaje excluye las baterías eléctricas, para las que la ley establece un requisito específico y obliga a que tres de sus componentes sean europeos, entre ellos las células.
Los criterios se endurecerán tres años después de la entrada en vigor de la normativa, puesto que pasado ese tiempo, dentro del mínimo general de componentes del 70 %, los fabricantes tendrán que garantizar que el 50 % de los sistemas eléctricos y del sistema de propulsión sean europeos.
En cuanto a las baterías, al menos cinco componentes tendrán que ser de origen doméstico pasados tres años.
A la hora de definir qué se consideran componentes ‘made in Europe’, Bruselas incluye por defecto los producidos en los países de la UE y del Espacio Económico Europeo (Noruega, Islandia y Lichtenstein); así como en otros Estados considerados «de confianza» que irá designando sector por sector, en función de los acuerdos comerciales que tengan con el bloque y el trato que den a los productos comunitarios.
Pero en el sector del automóvil, la Comisión Europea propone restringir esta definición en el caso de las ayudas para las flotas corporativas de vehículos eléctricos, que representan un 60 % de este mercado en la UE, de modo que solo los componentes producidos en los 27 Estados miembros y el Espacio Económico Europeo se considerarán como europeos.
Para las ayudas a la compra de vehículos por parte de particulares, sin embargo, se aplicará la definición más amplia que permitirá componentes de esos socios de confianza.
Inversión extranjera bajo control europeo
Para hacerse con esta etiqueta, su montaje tendrá que tener lugar en un país de la UE y además al menos un 70 % de los componentes ser de origen comunitario.
Por otro lado, al de la automoción se le aplicarán los mismos requisitos que al resto de sectores sobre los que actúa la ley en materia de inversiones extranjeras.
En concreto, los inversores de terceros estarán obligados a operar a través de empresas conjuntas lideradas por firmas europeas y a contratar mano de obra local, una medida que afectaría sobre todo a las compañías chinas.
Con estas medidas, Bruselas quiere «detener y revertir» la tendencia «negativa» del sector, que conduciría a una pérdida de 600.000 empleos en los próximos 5 o 10 años.
También busca atajar la dependencia que el bloque tiene de China, de donde proceden el 50 % de las baterías importadas para vehículos eléctricos.
«Ya no es posible posponer (la adopción de) medidas efectivas para evitar el riesgo de que se desplace la producción local. En ausencia de medidas, las circunstancias actuales llevarían a una dependencia total de terceros países en componentes clave y eso sería una amenaza grave para la seguridad económica y la resiliencia futura de la Unión«, advierte el Ejecutivo comunitario.
En cualquier caso, la propuesta refleja un cambio de enfoque: no solo acelerar la electrificación del transporte, sino hacerlo fortaleciendo la industria europea y asegurando que la transición ecológica vaya de la mano de la competitividad y la soberanía económica. Seguir leyendo en MOVILIDAD ELÉCTRICA.
