- El Fondo ya ha otorgado 529.495 millones de euros sin que se conozcan públicamente los criterios seguidos ni se haya constituido un órgano consultivo.
- El objetivo de este fondo era favorecer la gestión pública, integral y participativa del agua, pero por el contrario encontramos adjudicaciones a Cartagena de Indias (16M€), donde el operador es el Grupo AGBAR, y Chile (7M€) donde la gestión está privatizada en el 96%.
- Una vez más, fondos de Ayuda Oficial al Desarrollo sirven para la internacionalización de las empresas, que lejos de tener principios de solidaridad y erradicación de la pobreza buscan la ampliación de mercado y el lucro.
Queremos denunciar que:
A pesar de las reiteradas demandas de la Coordinadora de ONGD-España, el Fondo tendrá la posibilidad de desarrollarse mediante préstamos y créditos; es decir, se creará más deuda externa para los países receptores.
Aunque el espíritu del Fondo era reducir el número de personas sin acceso al agua, especialmente en aquellas zonas donde el sector privado nunca entraría porque no son zonas de negocio (zonas rurales y periurbanas), y reforzar la gestión pública del agua para fortalecer la gobernabilidad de estos territorios, la realidad es bien diferente. El Fondo está manifestando una apuesta decidida hacia la participación de operadores privados, así como también la privatización del agua camuflada a través de partenariados público-privados.
Parte de los fondos públicos, teóricamente destinados a la Ayuda Oficial al Desarrollo han acabado destinados al Grupo AGBAR (a través de Cartagena de Indias de Colombia y Chile). Esta subvención encubierta pasa en el momento en el que la sociedad civil colombiana está promoviendo un referéndum constitucional para que el agua sea considerada un derecho y su gestión sea sin ánimo de lucro y pública, con participación y control social.
Todo esto ha tenido lugar durante el año en el que Criteria CaixaCorp (la Caixa) ha vendido sus acciones AGBAR al grupo Suez Environnement Company S.A. que controla el 75,01% de la compañía. Una transnacional que ha tenido unos beneficios el año 2009 de 166,8M€ y que despide a 203 trabajadores porque dice que se la han reducido los beneficios y pero se gasta 165M€en la compra de la Torre AGBAR.
Es inadmisible que los responsables políticos autoricen subidas mayores en las tarifas del sector privado que en las del público, dejando así, a las principales entidades públicas de agua de Cataluña con déficits millonarios. Este hecho provoca una errónea deslegitimación de la gestión pública y comporta que la ciudadanía de Cataluña pague el déficit del sector público y el beneficio del privado.
y proponer que:
La gestión de agua, como monopolio natural que constituye, tiene que estar gestionada por el sector público desde una óptica eficaz, eficiente, sostenible y socialmente responsable. El agua no puede estar gestionada con fines lucrativos. El agua es vida, no una mercancía La gestión del agua en Cataluña tiene que ser transparente y participativa y ha de estar bajo criterios sociales y no mercantiles.
Por lo tanto, no se puede permitir que AGBAR continúe dificultando la publicación, de acceso público y en tiempo real, de los parámetros de calidad del agua para consumo humano o que se desconozca el contrato de concesión que tiene en Barcelona. Reivindicamos el ciclo integral del agua, el abastecimiento y el saneamiento domiciliar en manos de entidades públicas, transparentes y democráticas, donde la relación con el ciudadano sea una oportunidad para seguir democratizando nuestra sociedad.
