Huertas ha defendido así el derecho de los ciudadanos a mantenerse informados sobre la calidad del aire que están respirando, a la vez que las administraciones públicas tienen la obligación de suministrar esta información de manera «concisa, puntual y comprensible».
Por ello, este plan pretende ser una herramienta que permita a los responsables de gestión y vigilancia de la calidad del aire alcanzar unos niveles óptimos y mejorarlos en caso necesario, así como reducir los niveles de dióxido de nitrógeno (NO2).
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