Este caso podría convertirse en un ejemplo más de incumplimiento de la normativa comunitaria en materia de Evaluación de Impacto Ambiental, Aguas y Conservación de la Naturaleza.
- En 1993, SEO/BirdLife denunció ante la Comisión Europea al Reino de España por la no designación de Zonas de Protección Especial para las Aves (ZEPA) en los Monegros, ante la presentación de ambiciosos planes para transformar en regadío Monegros.
- Hasta la fecha el Gobierno de Aragón no ha cumplido aún con los compromisos adquiridos ante la Comisión Europea en 2000, que permitieron el cierre del Procedimiento de Infracción por los regadíos de Monegros.
Origen de la queja
Con objeto de cerrar el procedimiento de infracción 93/4787, por la no designación de zonas de protección especial para las aves en los Monegros, la Diputación General de Aragón envió a la Comisión Europea un gran número de compromisos que quedaron reflejados en cinco informes entre noviembre de de 1999 y enero de 2001.
Desde el cierre del procedimiento de infracción han transcurrido ya 10 años y todavía no se han cumplido muchos de los compromisos de mayor trascendencia para la conservación de las aves en Monegros. Es una contradicción que se quiera aprobar un nuevo embalse para el regadío, cuando no se han aprobado los planes de recuperación de las aves esteparias que son imprescindibles para salvar estas especies de la extinción en Monegros. Su no aprobación reactivará la apertura de la queja ante la Comisión Europea.
Es más, en 2011 se ha acentuado la presión por parte del sector agrícola para que se aprueben las infraestructuras necesarias para poder regar Monegros.
Las organizaciones ecologistas insisten en que el proyecto sólo atiende a las exigencias de un sector económico y de presión concreto, obviando el hecho de que por sus valores naturales el lugar donde se levantaría la presa es una zona que cuenta con unas 80.000 visitas al año, actividad que genera ya 300 puestos de trabajo que se verían comprometidos.
El futuro del medio rural no pasa por destruir los espacios naturales, sino por valorar e incentivar las actividades compatibles con la conservación de su patrimonio natural.