“La sobrecapacidad de la flota no sólo provoca que los responsables políticos incumplan las recomendaciones científicas a la hora de establecer unas posibilidades de pesca sostenibles, sino que también incentiva la pesca ilegal”, declara Xavier Pastor, Director Ejecutivo de Oceana Europa. “Sin un marco de gestión apropiado que determine la capacidad de la flota en función del estado de los stocks, la sobrepesca continuará”.
Además de no haberse evaluado la capacidad pesquera de la UE desde 1995, la medida actual de la capacidad pesquera de una embarcación –basada en su arqueo (volumen de los espacios cerrados) y potencia de motor– resulta insuficiente para describir su capacidad pesquera real, ya que no considera otros factores como la eficiencia del buque o las mejoras tecnológicas. Así, por ejemplo, mientras que la capacidad de la flota se redujo un 29% en términos de arqueo y potencia entre 1992 y 2008, se estima que en ese mismo periodo la capacidad pesquera aumentó un 14% debido a mejoras tecnológicas.
Debido a esta inexactitud en la definición y medida de la capacidad pesquera, el informe reconoce que los mecanismos actualmente implementados para reducir la sobrecapacidad, como los techos de capacidad o los regímenes de entrada y salida, resultan igualmente ineficaces.
Establecer un sistema eficiente de medición de la capacidad pesquera de las embarcaciones es vital para avanzar hacia una gestión responsable de las pesquerías. Sin embargo, el informe del TCE apoya la propuesta de sistema de concesiones de pesca transferibles de la Comisión. Oceana considera que las concesiones de pesca transferibles no disminuirán una reducción de la capacidad y esfuerzo pesquero y aboga por una evaluación científica realista de la capacidad pesquera específica por tipo de pesquería a fin de regular correctamente su acceso.
“Esta situación de sobrecapacidad se puede ver agravada por el posible hecho de que muchas de estas embarcaciones presentan una potencia de motor superior a la registrada y autorizada, en algunos casos gracias a ayudas públicas. La normativa que regula estas ayudas prohíbe expresamente su utilización para incrementar la capacidad pesquera de los buques”, concluye Pastor. “La solución del exceso de capacidad no está solamente en asignar ayudas públicas al desguace, sino que también pasa por limitar el acceso de embarcaciones a las pesquerías con el fin de garantizar una explotación sostenible de los recursos”.
Más información: La reforma de la Política Pesquera Común