El informe del lobo en España se convierte en un símbolo de desconfianza institucional, tensión territorial y debate ambiental, con un impacto que va mucho más allá del ámbito científico.
Informe del lobo en España paralizado por falta de base científica
La gestión de la fauna salvaje vuelve a abrir una brecha política profunda entre territorios, ciencia y decisiones que marcarán el futuro ambiental del país.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Democrático (Miteco) ha alegado este viernes que la razón para no enviar el informe sobre situación del lobo en España a la Comisión Europea responde a que «no ofrece todavía una base científica solvente» por los «cambios sustanciales» que se han producido en las poblaciones.
Comunidades acusan al Gobierno por el informe del lobo en España
De esta forma ha respondido a las comunidades autónomas que han anunciado que van a denunciar en Europa al Gobierno de España por sus incumplimientos con la legislación relacionada con esa especie, entre los que se encuentra el no haber enviado el último informe sexenal sobre la situación de la especie a la Comisión Europea.
Incendios, controles y cambios poblacionales alteran el censo del lobo
«El informe, en su estado actual, no ofrece todavía una base científica solvente, ya que en los últimos meses se han producido cambios sustanciales en la situación de las poblaciones de lobo, derivados tanto de la eliminación de ejemplares por parte de algunas comunidades autónomas como de las muertes y desplazamientos poblacionales provocados por los grandes incendios forestales«, ha señalado el Miteco.
Esos factores, según añade en una información trasladada a los medios de comunicación, «alteran de manera significativa los datos de distribución y estado de conservación, y aconsejan una actualización rigurosa antes de su envío«.
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El ministerio suma a eso que, a principios de junio, la Comisión Europea informó formalmente a los Estados miembros de que aceptaría pequeños retrasos en la remisión de los informes sexenales, debido a las dificultades técnicas asociadas a la implantación del nuevo sistema de reporte gestionado por la Agencia Europea de Medio Ambiente.
Y recuerda, además, que la entrada en vigor de la Ley 1/2025 introduce una novedad procedimental relevante, al exigir la aprobación previa de los informes sexenales por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, un extremo que actualmente está siendo analizado por el Tribunal Constitucional.
Europa acepta retrasos mientras crece la presión política interna
En este contexto, el Miteco ha defendido que actúa «con prudencia institucional, evitando remitir a Bruselas un informe cuya tramitación podría verse afectada por un futuro pronunciamiento del alto tribunal«.
Ha indicado, además, que España solicitó a comienzos de agosto una ampliación del plazo de entrega, que fue expresamente aceptada por la Comisión Europea, y dispone todavía de dos meses para completar el proceso y solventar la situación, incluida la eventual apertura de un expediente.
«El ministerio ha optado por priorizar la calidad técnica del informe, el respeto al marco legal vigente y la defensa de la posición de España ante la Comisión Europea, frente a un envío apresurado que podría generar inseguridad jurídica o debilitar la credibilidad de los datos aportados«, concluye.
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