La Norma Foral de Montes de Bizkaia ha encendido las alarmas del ecologismo al consolidar un modelo forestal intensivo que degrada suelos, ríos y biodiversidad con respaldo de dinero público.
Norma Foral de Montes de Bizkaia bajo fuerte contestación
Una nueva normativa forestal despierta una fuerte contestación social por priorizar intereses privados frente a la protección ambiental y municipal.
El grupo ecologista y antinuclear Eguzki ha presentado objeciones al proyecto de Reglamento Forestal de Bizkaia. Y lo ha hecho advirtiendo que promueve políticas ambientalmente regresivas y legitima subvenciones públicas para prácticas forestales destructivas.
El borrador introduce pagos por servicios ecosistémicos que permitirían que los fondos públicos financiaran una gestión forestal intensiva que causa daños ambientales mensurables. Este sistema argumenta Eguzki, socava la responsabilidad ambiental al recompensar a los operadores. Mientras persisten la erosión, la pérdida de biodiversidad, el riesgo de incendios y la contaminación fluvial.
Bizkaia constituye el territorio de Euskal Herria con las áreas de montaña más artificializadas. Ya que de las 220.000 hectáreas que posee el herrialde (de las cuales solo un 21% es público) un total de 100.000 ha están invadidas por cultivos madereros exóticos.
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Y solo 32.000 ha están ocupadas por bosques naturales, los cuales se encuentran en un estado de conservación desfavorable. Es especialmente grave que 24.000 ha de especies exóticas sean públicas.
En este contexto, entre otras, la organización ecologista y antinuclear Eguzki ha presentado alegaciones al Proyecto de Norma Foral de Montes de Bizkaia. Dada la preocupación existente por el carácter retrógrado del contenido de la misma.
Con un articulado dirigido nítidamente contra el medio ambiente. Y que legaliza el desvío de ingentes cantidades de dinero público hacia aquellas empresas y particulares que continúen destruyendo bosques naturales, suelos y cauces fluviales. El PNV y la Diputación Foral de Bizkaia no han tenido reparos en convertirse en portavoces de los sectores forestales más intensivistas.
Un modelo forestal intensivo subvencionado
La propuesta de Norma Foral establece un sistema de pagos por servicios ecosistémicos. El mismo permite destinar fondos públicos a modelos de gestión forestal intensivos que generan daños ambientales efectivos y mensurables. Y con vulneración del principio de responsabilidad ambiental.
De este modo, un mismo titular puede gestionar el monte mediante modelos intensivos (matarrasas, apertura de pistas y maquinaria pesada) que generan erosión y arrastre de sedimentos a ríos. Junta con la pérdida de carbono del suelo y aumento del riesgo de incendios. Y simultáneamente cobrar por “servicios ecosistémicos” sin neutralizar esos impactos.
El resultado es un sistema en el que la ciudadanía paga dos veces. Una para reparar el daño generado por las actividades de los forestalistas. Y otra para premiar al operador forestal responsable de dichos daños. Todo ello vulnera frontalmente el principio de “quien contamina paga”.
El Proyecto de Norma Foral convierte los pagos por servicios ecosistémicos en un mecanismo de blanqueo de impactos ambientales. Permite calificar como “sostenible” una gestión que degrada el suelo, el agua, la biodiversidad y el clima. Y desvía recursos públicos hacia fines contrarios al interés general ambiental.
Ataque frontal a la autonomía municipal
Se introduce un régimen jurídico que permite la implantación y consolidación de usos forestales al margen del sistema de ordenación territorial y urbanística vigente en la CAPV, vulnerando las competencias municipales en materia de clasificación del suelo, calificación, régimen de usos y control urbanístico.
El Proyecto de Norma Foral crea instrumentos propios –Modelos Tipo de Gestión Forestal Sostenible, Proyectos Técnicos de Gestión Forestal Sostenible, autorizaciones y declaraciones responsables– que pueden legitimar talas, repoblaciones, pistas forestales y cambios de modelo selvícola sin someterse expresamente al planeamiento urbanístico ni a licencia municipal.
Ello permite que actuaciones forestales se ejecuten en suelos que los ayuntamientos han clasificado como zonas forestales de protección ecológica, hidrológica o paisajística, vaciando de contenido dichas protecciones.
Pagos públicos y degradación ambiental
El Proyecto atribuye a la Comisión de Montes la emisión de informes favorables necesarios para decisiones que afectan a la calificación y al régimen de montes catalogados o protectores.
Ello convierte a un órgano sectorial forestal, con presencia de intereses privados y sin garantías urbanísticas, en un filtro de bloqueo sobre decisiones propias del planeamiento, vulnerando la autonomía municipal y el sistema de ordenación territorial.
Además, en el expediente del Proyecto de Norma Foral no consta la tramitación de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), pese a que la propia Diputación jeltzale reconoce que la Norma es un instrumento estratégico que ordena la gestión forestal en toda Bizkaia.
En definitiva, debe entenderse esta Norma Foral como un impresionante greenwashing institucional, impulsando la utilización de fondos públicos para presentar como ambientalmente positiva una actividad que genera impactos negativos netos.
¿Qué se debería hacer con la Norma Foral de Montes de Bizkaia?
Por todo ello, la organización Eguzki solicita:
- La suspensión de la tramitación del Proyecto de Norma Foral.
- Excluir expresamente de los pagos cualquier modelo forestal que genere pérdidas netas de suelo, carbono, calidad del agua o biodiversidad.
- Prohibir la percepción simultánea de pagos por servicios ecosistémicos y de fondos públicos destinados a reparar daños causados por la misma gestión.
- Someter todas las talas, repoblaciones, sustituciones de especies y actuaciones forestales a licencia urbanística municipal, cuando así lo exijan las normas urbanísticas.
- Eliminar el carácter vinculante de los informes forestales y de la Comisión de Montes sobre decisiones de planeamiento municipal y calificación del suelo.
Según la organización, el marco obliga a los ciudadanos a pagar dos veces: primero para reparar los daños y, de nuevo, para subvencionar a los responsables. También debilita la autoridad municipal al permitir actividades forestales al margen de la normativa vigente en materia de ordenación del territorio y planificación urbana.
Eguzki advierte además del lavado de imagen institucional y la falta de una evaluación ambiental estratégica para una normativa que configura el sector forestal en toda Bizkaia. El grupo pide suspender el proceso y excluir de los subsidios los modelos perjudiciales. Además de poner fin a los esquemas superpuestos de compensación pública y restablecer el control municipal. Seguir leyendo en NATURALEZA
