El 14 de marzo, el Consejo fijó su posición en primera lectura sobre la revisión de la normativa de la Unión Europea en materia del tratamiento de los residuos eléctricos y electrónicos. Este acuerdo, que está diseñado para mejorar la recogida y reciclado de los desechos de aparatos eléctricos y electrónicos así como para reducir las exportaciones ilegales de este tipo de residuos procedentes de la UE, pretende además fomentar la reutilización de todos los componentes de estos aparatos.
En su posición acerca de la propuesta, el Consejo ha “abierto” el ámbito de aplicación de la ley de modo que ésta abarque, en principio, todos los equipos eléctricos y electrónicos una vez trascurridos seis años desde la entrada en vigor de la revisión. Esto significa que los paneles fotovoltaicos que en la propuesta de la Comisión quedaban exentos del ámbito de aplicación de la nueva normativa, serían inmediatamente incluidos en la misma y tendrían que ser separados, recogidos y tratados adecuadamente.
Por otra parte, los ministros acordaron que los Estados miembros deben recoger anualmente el 45% del peso medio de los aparatos eléctricos y electrónicos comercializados en sus mercados nacionales. Esta obligación entraría en vigor cuatro años después de la entrada en vigor de la revisión, y se elevaría al 65% de recogida en los cuatro años posteriores.
Tras esta posición del Consejo, la Comisión podría proponer cambios en el ámbito de aplicación después de analizar el impacto del ámbito de aplicación abierto a las empresas y el medio ambiente. En cualquier caso, y con el fin de que estos objetivos resulten más eficaces, éstos se adaptarían al tamaño y la situación económica de los Estados. La refundición de la Directiva de residuos eléctricos y electrónicos fue propuesta por la Comisión Europea en diciembre de 2008 y la posición del Parlamento Europeo en primera lectura fue votada el 3 de febrero de 2011. Fijadas las posiciones se espera que las negociaciones entre el Consejo y el Parlamento tengan lugar en la segunda mitad de 2011.
El cultivo de organismos modificados genéticamente
Los ministros también debatieron acerca de al lista de posibles justificaciones que permitiría a los Estados miembros restringir el cultivo de organismos genéticamente modificados (OGM) en su territorio. Si bien para algunas delegaciones consideraron que la lista propuesta resulta apropiada, otros Estados la consideran poco exhaustiva y pidieron la inclusión de más posibles motivos. Además, dado que un par de delegaciones han expresado su preocupación por la viabilidad global de la propuesta, los servicios jurídicos del Consejo realizarán un examen evaluando su compatibilidad con el mercado interior y las normas de la OMC.
El Consejo también adoptó las conclusiones sobre el seguimiento de la Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático celebrada en Cancún en diciembre de 2010, y acogió con satisfacción los resultados de la misma. Se adoptaron también las conclusiones sobre la revisión de la estrategia comunitaria sobre el mercurio y se acogió favorablemente el progreso realizado en su aplicación.
Por último, los ministros también discutieron los aspectos medioambientales de la Política Agrícola Común (PAC), en vista de su próxima reforma. Este debate en el seno del Consejo supuso una respuesta a la presentación por parte de la Comisión de su Comunicación sobre “La PAC en el horizonte de 2020: Responder a los retos futuros en el ámbito territorial, de los recursos naturales y alimentario” de noviembre de 2010.