Diversas organizaciones ecologistas se han mostrado contrarios a la gestión que se hace de los residuos municipales tras conocerse los datos del sistema de fracción separada relativos al año 2022 y publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Unas cifras, que a tenor de estas organizaciones son «lamentables» ya que dejan patente que hay un «estancamiento».
Los porcentajes son estos: apenas se han recogido de manera separada el 26,67 % del total de residuos municipales generados ese año (23,2 millones de toneladas); una cifra muy parecida a la que se recogió un año antes en 2021 (26,25 %). Esto supone apenas algo más de la mitad del objetivo normativo para 2035, que se ha concretado en un 50 %.
Apenas mejoran esa cifra y se acercan al objetivo tres comunidades autónomas, que se encuentran por encima del 40% de recogida y son Navarra, Cataluña y País Vasco. Por su parte, Andalucía, Melilla, Extremadura, Castilla La Mancha, Cantabria, Murcia y Ceuta ni siquiera llegan al 20 %.
La recogida de residuos municipales no logra el éxito esperado en la fracción separada
La información obtenida en los datos publicados por el MITERD en relación a la gestión de residuos municipales de 2022 es, para las organizaciones ecologistas, “lamentable”, ya que se observa un estancamiento en el porcentaje de la recogida separada de los residuos en sus diferentes fracciones.
Tan solo se ha recogido de forma separada el 26,67 % del total generado (23,2 millones de toneladas), similar porcentaje al de 2021 (26,25 %), lo que supone algo más de la mitad del objetivo normativo para 2035, que es del 50 %. Tan solo tres comunidades autónomas superan el 40 % (Navarra, Cataluña y País Vasco), mientras que Andalucía, Melilla, Extremadura, Castilla La Mancha, Cantabria, Murcia y Ceuta se sitúan por debajo del 20 %. Por su parte, destacan las ligeras mejoras en Canarias (7 %) y Navarra (5 %).
También hay un ligero retroceso en la preparación para la reutilización y el reciclaje, cuyo objetivo del 50 % para 2020 ya fue incumplido. En 2022 ese porcentaje fue del 43,19 %, similar valor al de 2021 (43,72 %), lejos del objetivo del 55 % para 2025 que establece la normativa. Encabezan el ranking La Rioja, Cataluña y Comunidad Valenciana —que superan el 60 %— y Extremadura, Navarra y País Vasco por encima del 50 %. Siete comunidades y ciudades están por debajo del 30 %: Melilla, Galicia, Asturias, Baleares, Madrid, Ceuta y Murcia. Por su parte, destacan las mejoras de Extremadura (10 %), Navarra (5 %) y Aragón (5 %), y los retrocesos de Canarias (13 %).
A estos datos se añade un matiz: si no se tuviera en cuenta el material bioestabilizado, generado en las plantas TMB (Tratamiento Mecánico Biológico), cuya contabilidad dejará de ser válida a partir de 2027, tan solo tres comunidades superan el 40 % —Navarra, Cataluña y País Vasco— en la preparación para la reutilización y el reciclaje.
Empeoramiento de los residuos municipales gestionados en vertederos
En la deposición de residuos en vertederos la situación ha empeorado ligeramente, pues ha aumentado el vertido en casi 1 %, hasta alcanzar en 2022 el 46,61 %, superior al objetivo de la normativa del 40 % para 2025. Ese vertido ha aumentado de forma significativa en Ceuta (25 %), Canarias (13 %), País Vasco (5 %) y Madrid (4 %); y ha disminuido en Extremadura (9 %), Aragón (5 %), Navarra (5 %), Baleares y Galicia (4 %).
Hay que tener en cuenta, no obstante, que ocho comunidades y ciudades autónomas superan el 50 % del vertido de residuos: Ceuta, Asturias, Murcia, Canarias, Castilla y León, Andalucía, Castilla La Mancha y Madrid.
A partir de estos datos, los ecologistas señalan que, en general, hay un estancamiento o retroceso en la gestión sostenible de los residuos municipales, y que se está lejos o muy lejos de cumplir con los objetivos establecidos en la normativa española y comunitaria, por lo que es previsible que los objetivos de reciclaje para 2025 se vuelvan a incumplir.
“No se vislumbran en el horizonte cambios disruptivos que puedan alterar esas previsiones, aunque todavía es pronto para analizar los impactos de la nueva Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, dado el corto plazo de su vigencia en 2022”, afirman.
Además, los datos demuestran que todavía hay muchos municipios que no han establecido la obligatoriedad de la recogida separada de la materia orgánica o que esa recogida es ineficiente (contenedores abiertos sin personalización).
Han concluido: “Es imprescindible tomar medidas como la recogida separada de los biorresiduos, la reducción del depósito en vertedero, la implantación del pago por generación que prime la reducción de residuos, y la tasa por vertido e incineración. Sin estas medidas, que son legalmente obligatorias, el problema de la gestión de las basuras permanecerá sin resolverse en los plazos establecidos por la normativa española y comunitaria”.
