La ONU, a través de su Comité de Cumplimiento de la Convención de Aarhus, acaba de abrir un nuevo frente por la situación de la mina de San Finx. En esta ocasión el procedimiento se ha iniciado a raíz de las denuncias de varios colectivos ecologistas por el uso de fondos europeos para pagar al director de esta mina durante un proyecto Horizonte 2020. Un proyecto que, señalan, supuso la realización de vertidos ilegales y, además, la apertura y desagüe de una nueva planta minera.
La polémica comenzó en 2018 cuando la Comisión Europea adjudicó un proyecto de 6,9 millones de euros a un consorcio del que era parte Valoriza Minería, filial del Grupo Sacyr, que hasta 2022 había controlado la mina de Lousame. El proyecto convirtió San Finx en una zona de pruebas que implicaron mantener el drenaje mediante bombeo de parte de la mina, a pesar de que esta no tenía autorización de vertidos. El drenaje por bombeo solo cesó cuando finalizó el proyecto.
Entre 2020 y 2021, Ecologistas en Acción —junto a otros colectivos— realizaron varias peticiones de información a la Comisión Europea, entre las que se incluían documentos que evidenciaban que los funcionarios de la UE tenían conocimiento de la situación de ilegalidad. No obstante, la Comisión se negó a proporcionar diversa información ambiental, incluida una actualización del plan de restauración de la mina tramitada a escondidas por la Xunta en 2020, sin someterla al trámite de exposición pública.
Otro colectivo, Montescola, llevó la negativa a proporcionar acceso a la información a la Defensora del Pueblo Europeo, que emitió dictamen instando a la Comisión a facilitar los documentos solicitados. Después de que la Comisión decidiera rechazar la propuesta de la Defensora del Pueblo, se abrió la vía para que la propia ONU iniciara un procedimiento contra la UE, que también es parte contratante de la Convención de Aarhus, por vulnerar los derechos de acceso a la información en materia ambiental.
Inacción y ocultamiento de la Comisión Europea sobre la mina de San Finx
Para Ecologistas en Acción, más allá de exponer la inacción y ocultamiento de la Comisión Europea, el procedimiento deja en evidencia cómo la Xunta ha permitido durante años que la empresa minera abriera nuevas plantas en la mina. Todo ello a pesar de que el proyecto aprobado en 2009 no contemplaba dichas plantas, y de que su apertura implicaba necesariamente multiplicar la cantidad de agua contaminada que se vertía al río, una situación que se mantuvo hasta 2022.
La organización ecologista señala que también el paso dado por la ONU revela cómo la Consellería de Economía e Industria pretendió encubrir las ilegalidades de la mina mediante una actualización del plan de restauración tramitada en 2020. La actualización del Plan de restauración, que establece las obligaciones ambientales de la explotación minera, tapa el incumplimiento del Plan anteriormente aprobado en 2009, que contemplaba la eliminación de las escombreras, nunca ejecutada, y omite el problema que suponen los vertidos, que continuarían produciéndose a perpetuidad al no contemplar ninguna situación.
Joan evans, portavoz de Ecologistas en Acción, ha declarado: “La actualización del Plan de restauración omite igualmente el deber de la empresa de restaurar las cientos de labores mineras dispersas por las concesiones— que suponen un enorme peligro para las personas y para la fauna— y tampoco contempla la eliminación de las presas de residuos mineros, mismo llegando a afirmar que no son responsabilidad de la empresa”.
