El proyecto de macrogranja estaba previsto en la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de Monteagudo de las Vicarias que alberga 26 especies de aves protegidas como el sisón común, la ganga ortega o el águila pescadora.
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ha dictado sentencia desestimando el recurso de apelación de la Junta de Castilla y León contra la decisión del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Soria que, tras la demanda presentada por una conocida ONG, anulaba la Declaración de Impacto Ambiental y la autorización ambiental concedida para la instalación.
La macrogranja, una explotación porcina intensiva de 6.999 plazas de recría de reproductoras, se planeaba en el municipio de Monteagudo de las Vicarias en Soria, en la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) con el mismo nombre, que se integra en la Red Natura 2000.
Y además alberga al menos 26 especies de aves protegidas, un área de alimentación, campeo o incluso reproducción, de especies amenazadas como el alimoche común, el aguilucho cenizo, el águila pescadora, la ganga ortega o el sisón común, este último En Peligro de Extinción.
Una macrogranja menos en Soria
El TSJCyL ha desestimando el recurso de apelación de la Junta contra la decisión del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Soria que, tras la demanda presentada por la ONG ecologista, anulaba la Declaración de Impacto Ambiental y la autorización ambiental para la instalación de una macrogranja de 7.000 cerdos en Monteagudo de las Vicarías (Soria).
El TSJ ha anulado la construcción de una granja con 7.000 cerdos que se pretendía ubicar en Monteagudo de las Vicarías dentro de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), en plena red Natura 2000 que alberga veintiséis especies protegidas como el sisón común, la ganga o el águila pescadora, ha informado la organización ecologista.
Defectos graves detectados
La sentencia «pone en evidencia graves carencias en el procedimiento administrativo llevado a cabo por la Junta de Castilla y León y en la evaluación ambiental del proyecto, anulando la autorización concedida y obligando a repetir varios trámites clave antes de que pueda ser autorizada», según ha explicado el colectivo.
Entre los defectos más graves detectados por el tribunal destaca la modificación sustancial del plan de gestión de purines, que pasó de 186 a 879 hectáreas de aplicación -4,7 veces más- sin someterlo a información pública ni contar con los preceptivos informes de la Confederación Hidrográfica del Ebro y del órgano ambiental.
Los magistrados consideran que este cambio, que afecta directamente a la ZEPA ‘Monteagudo de las Vicarias‘, debió ser evaluado «con mayor rigor» dada su incidencia en el riesgo de contaminación por nitratos de las aguas superficiales y subterráneas.
La sentencia también critica que se haya concedido una Declaración de Impacto Ambiental favorable para esta macrogranja cuando había una falta evidente de análisis sobre los efectos acumulativos con otras explotaciones porcinas del mismo promotor en la zona. Por ello, el TSJ exige ahora un estudio exhaustivo que valore el impacto conjunto sobre el territorio y la biodiversidad.
Así, el TSJ señala un tema «crucial» en materia de prevención de contaminación por nitratos, en la que es «imperativa» la identificación de las aguas ya afectadas y la designación de zonas vulnerables. En el plano urbanístico, el tribunal señala que la Junta de Castilla y León «obvió la necesidad de obtener una autorización excepcional de uso al ubicarse el proyecto en suelo rústico protegido por su pertenencia a la Red Natura 2000».
Asimismo, la sentencia prohíbe expresamente que en el plan de desratización de la macrogranja se use Warfarina, un rodenticida tóxico no autorizado por su peligrosidad para la avifauna protegida que había sido elegido como principal medio para eliminar roedores.
El fallo judicial obliga ahora a repetir varios trámites, incluyendo un nuevo periodo de información pública y la obtención de informes actualizados sobre los impactos ambientales, lo que supone un importante precedente para otras autorizaciones de macrogranjas similares en espacios protegidos, según las mismas fuentes. EFE / ECOticias.com
