Ecologistas urgen al TSJA a ordenar a la Junta que inscriba el hotel

El colectivo ecologista sostiene que la sentencia de 2013 que valida el derecho de retracto que la Junta ejerció en 2006 sobre estos terrenos por 2,3 millones de euros constituye un acto administrativo «firme» que «debería dar lugar» a este mandamiento judicial.

La asociación ‘Amigos del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar’, que promovió el incidente de ejecución forzosa para que la Junta andaluza se haga con la propiedad efectiva de varias fincas en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que resuelva con «celeridad» el procedimiento y dicte el mandamiento judicial que permita a la Administración autonómica inscribir a su nombre en el registro de la propiedad el suelo sobre el que se levanta el hotel de Azata del Sol.

El colectivo ecologista sostiene que la sentencia de 2013 que valida el derecho de retracto que la Junta ejerció en 2006 sobre estos terrenos por 2,3 millones de euros constituye un acto administrativo «firme» que «debería dar lugar» a este mandamiento judicial.

Al tiempo, cuestiona la última resolución en el marco de este procedimiento por parte del Alto Tribunal, que pidió al Gobierno andaluz, entre otras, que precisase cuál sería la «situación jurídica» en la que quedaría la titularidad del hotel, así como su «valoración económica».

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En el recurso de reposición contra esta providencia, consultado por Europa Press, ‘Amigos del Parque’ traslada al TSJA que «no entiende» porque se requiere a la Junta para que aporte diversa documentación en el plazo de diez días y remarca que lo solicitado «ya fue valorado en la propia sentencia de 2013».

En concreto, señala que la citada sentencia «da por válida la consignación de 2,3 millones de euros otorgada» por el Gobierno andaluz e, «incluso manifiesta que las edificaciones existentes, como podrían ser el vuelo del edificio, pasarían a la Junta de Andalucía, dado que irían incorporadas a los terrenos».

«Esta parte no entiende esta resolución, a la que no se dado una adecuada motivación, siendo una petición algo incongruente, por lo que podrían producir una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva», indica en su recurso la asociación, que traslada, asimismo, al TSJA que el incidente de ejecución «no se está tramitando con la adecuada celeridad».

A la espera de que la Junta andaluza decida si recurre la providencia de 3 marzo, ‘Amigos del Parque’ admite la «complejidad» en la ejecución material de la sentencia que da la titularidad del suelo a la Junta «tras los últimos pronunciamientos del TSJA» sobre la calificación de los sectores ST-1 y ST-2 y en los que se dictamina que son urbanizables pese a una sentencia de 2012 del mismo órgano que afirma que es «no urbanizable de especial protección».

No obstante, estima que cuando el Gobierno andaluz se adhirió al incidente de ejecución forzosa promovido por el colectivo, «hizo una declaración de voluntad», por lo que la sala «podría hacer las diligencias oportunas para que se inscriba esta declaración de voluntad en el registro de la propiedad», según concluye.

INVERSIÓN DE 27,4 MILLONES DE EUROS, SEGÚN LA PROMOTORA

El TSJA dado diez días a la Junta para que le informe sobre qué pasos ha dado para hacer efectiva su posesión del y para que precise cuál sería la «situación jurídica» en la que quedaría la titularidad del inmueble, así como su «valoración económica».

También ha interpelado al Gobierno andaluz para que le concrete, en un plazo de cinco días, cuales son «las medidas que solicita que sean adoptadas» por el Alto Tribunal para ejecutar el derecho de retracto.

La Sección Primera da, así, un nuevo paso para la resolución del incidente de ejecución forzosa promovido por ‘Amigos del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar’ y la Junta después de que en septiembre de 2014 no pudiera formalizase ante notario la inscripción registral de las fincas a nombre la administración autonómica ya que no compareció la promotora del establecimiento, Azata del Sol.

La mercantil, de hecho, también ha trasladado escrito de oposición a la ejecución forzosa del retracto alegando, entre otros argumentos, que la licencia municipal de obras es «legal en firme» por sentencia de 29 de julio de 2014 y que el suelo es «urbanizable» por sentencia de 21 de marzo de ese mismo año, por lo que, según sostiene, la Junta pasaría a ser «titular de la edificación y deudora por la construcción realizada» que supuso una inversión de 27,4 millones de euros.

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