Es evidente que la técnica del fracking ha creado un enorme rechazo social e incluso institucional (Francia, Bulgaria, Escocia, Gales…). En Europa y en muchos otros países del mundo (EEUU, México, Argentina, Argelia…) estamos asistiendo como la oposición a la fractura hidráulica ha bloqueado el desarrollo de nuevos proyectos. En España está incluso cuestionando al Gobierno central, empeñado en obligarnos a aceptar el fracking como salvación a su errática política energética. Una política en la que se está primando depender más y más de los hidrocarburos a costa de liquidar el avance de las tecnologías renovables.
La última maniobra del ministro de Industria para introducir el fracking en España, abriendo los brazos a la industria, tuvo lugar en el Congreso la semana pasada. El Gobierno llevó al hemiciclo un Proyecto de ley para modificar la actual Ley de hidrocarburos. A pesar de los supuestos beneficios vendidos para todos por el ministro, el leitmotiv del texto normativo no es otro que eliminar el principal escollo a la implantación del fracking y la exploración de hidrocarburos en nuestro país, dando dinero y comprando voluntades. Incluso destinando una partida de los Presupuestos Generales del Estado a “incentivos para las Comunidades Autónomas y Entidades Locales que desarrollen actividades de exploración, investigación y explotación de hidrocarburos“.
Y el escollo no es pequeño pues se trata de agricultores, ganaderos y dueños de los terrenos (particulares o ayuntamientos), que son la primera línea en el frente de la batalla contra el fracking. Pues en España, a diferencia del caso de EE.UU., el propietario de los recursos naturales del subsuelo y de los beneficios económicos que puedan extraerse de ellos (tras haber logrado autorización por parte de la Administración) es el Estado que los cede “amablemente” a las empresas que vengan a explotarlos.
En definitiva que como denunciaba recientemente Greenpeace “Estamos gobernados por las empresas” y nuestro Gobierno no tiene ningún reparo en hacer lo que sea para beneficiarlas. Ya lo vimos en Canarias con la autorización a Repsol para perforar frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura, destinando incluso un buque de la Armada para proteger esos intereses particulares. Pero para desgracia de la industria del fracking y de sus acólitos ya no es tan fácil engañarnos. La población está bien informada y se organiza para luchar contra de las mentiras institucionales y las falsas promesas de una industria que su único interés es el suyo.
