Esta imputación está relacionada con la planta de aglomerado asfáltico de la empresa Copsesa, en Igollo de Camargo, por la que ya están imputados el director de Industria, Fernando Javier Rodríguez Puertas, y el dueño de la constructora y alcalde de Ramales de la Victoria, Domingo San Emeterio.
El Juzgado de Instrucción número 4 de Santander ha imputado al director general de Medio Ambiente de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo del Gobierno de Cantabria, David Redondo Redondo, por supuesta prevaricación administrativa omisiva o, alternativamente, un posible delito contra el medio ambiente.
Esta imputación está relacionada con la planta de aglomerado asfáltico de la empresa Copsesa, en Igollo de Camargo, por la que ya están imputados el director de Industria, Fernando Javier Rodríguez Puertas, y el dueño de la constructora y alcalde de Ramales de la Victoria, Domingo San Emeterio.
De esta manera, el juzgado amplía, en la fase de diligencias previas, las imputaciones al director de Medio Ambiente, a raíz de las denuncias realizadas por los vecinos, la Plataforma Aire Limpio y Transparencia y Ecologistas en Acción Cantabria, y que propició que en julio de 2014 se acordara la suspensión de la actividad en la planta que Copsesa adquirió a Emilio Bolado por carecer de autorización ambiental.
En el auto, dictado el pasado 5 de marzo, el juez explica que se cita a declarar al director de Medio Ambiente –el próximo 5 de junio a las 10 horas– por la falta de respuesta en el plazo legal establecido (un mes) a los requerimientos de Industria sobre el recurso presentado por la empresa contra la orden de cierre, lo que permitió a Copsesa reanudar la actividad en la planta.
Así, Redondo deberá responder ante el juez sobre la obligación o no de que Copsesa tenga que tramitar la declaración de impacto ambiental, las razones del «cambio de criterio» de su Dirección General, y aclarar también si se han producido cambios o no en la planta de aglomerado asfáltico de la empresa, entre otras cuestiones, según apunta Ecologistas en Acción, que ha difundido el auto de imputación.
En un comunicado, la agrupación recuerda que la suspensión de la actividad de la planta de Copsesa acordada por la Consejería de Medio Ambiente fue comunicada a Industria y, también, a los ayuntamientos de Camargo y Santander, municipios donde se ubican las instalaciones fabriles.
Tanto Industria como Camargo ordenaron en un principio el cierre de las instalaciones, pero la empresa Copsesa lo recurrió, de modo que ambas administraciones suspendieron dicho cierre y la planta siguió funcionando hasta que el Juzgado de lo Contencioso ordenó su cierre de nuevo.
«El recurso de Copsesa ante la Consejería de Industria no fue contestado dentro del plazo de un mes establecido legalmente y por ello la empresa reanudó su actividad», apunta al respecto Ecologistas en Acción que, al igual que la plataforma vecinal, se felicita por la nueva imputación y espera que «no sea la última» en torno al «despropósito» producido a raíz de la autorización a Copsesa para reanudar la actividad en la planta de Igollo.
En este sentido, la agrupación se refiere a la «negligencia» de las administraciones que autorizaron el traspaso del negocio «sin control alguno», después la autorización del inicio de la actividad «sin tener las autorizaciones legales», en especial la ambiental, luego «la tardanza en la orden de cierre», y finalmente «el cambio de criterio» tanto de las dos consejerías como del Ayuntamiento de Camargo, y que el director de Medio Ambiente «dejara pasar el plazo legal de un mes sin contestar».
Para concluir, a Ecologistas en Acción les «llama poderosamente la atención que ambos directores generales se hayan jugado su puesto y su imputación por favorecer o por sucumbir a las presiones de un empresario, miembro de la ejecutiva del PP y alcalde de Ramales».
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