Estas elecciones representan una oportunidad para dar un giro radical a las insostenibles políticas desarrolladas. Por ello, Ecologistas en Acción de Extremadura presenta una serie de propuestas concretas y viables que, a nuestro juicio
El próximo mes de mayo se celebrarán elecciones autonómicas, de las que saldrán los/as representantes políticos para la Asamblea de Extremadura que elegirán a las personas que ocuparán el Gobierno Regional en los próximos cuatro años. Las políticas ambientales realizadas en los últimos años han convertido el medio ambiente en un elemento supeditado a los intereses económicos de poderosos grupos empresariales.
Estas elecciones representan una oportunidad para dar un giro radical a las insostenibles políticas desarrolladas. Por ello, Ecologistas en Acción de Extremadura presenta una serie de propuestas concretas y viables que, a nuestro juicio, deberían desarrollarse en la Comunidad de Extremadura en aras de una mejor conservación del medio ambiente y, en última instancia, de la mejora de la calidad de vida y de los derechos ambientales de la ciudadanía extremeña.
POLÍTICA DE ENERGÍA
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1. Inicio del proceso para el cierre de la central nuclear de Almaraz y su posterior desmantelamiento, dada su probada inseguridad.
2. Prohibición de las técnicas de fracturación hidráulica (fracking) para extracción de hidrocarburos de forma no convencional, en todo el territorio de Extremadura, por sus perjudiciales consecuencias para el medioambiente y la salud.
3. Planificación del ahorro y la eficiencia energética en edificios y espacios públicos. Las administraciones públicas deben hacer una gestión ejemplar de la energía. La aprobación de planes de ahorro y eficiencia permite que los esfuerzos se hagan de forma sistemática y sostenida en el tiempo, y no de forma puntual y voluntarista.
4. Fomento de las energías renovables, un verdadero nicho de empleo sostenible y de calidad.
5. Impulso y ampliación de las subvenciones y exenciones fiscales, tanto a empresas como a particulares, para la rehabilitación de edificios y su mayor eficiencia en materia energética, lo cual constituye, además, una relevante fuente de empleo.
6. Fomento del autoconsumo eléctrico: impulso de la autogeneración de energía eléctrica con balance neto, facilitando la conexión a la red general de la energía que no se consume, lo que redundaría en la descentralización y democratización del sector eléctrico. Existe la tecnología adecuada para que la ciudadanía pueda generar su propia energía a precios menores de los que proporciona el sector eléctrico, dominado por las grandes corporaciones.
7. Bonificación del ahorro energético y tarificación por tramos, asegurando un tramo tarifario mínimo a los hogares. Medidas contundentes por el fin de la pobreza energética y de la injusticia social que permite que miles de personas no puedan acceder a los mínimos servicios básicos en materia energética, mientras las distribuidoras eléctricas siguen obteniendo beneficios empresariales multimillonarios.
8. Imposición de gravámenes especiales a las compañías eléctricas por el uso de los recursos naturales, las infraestructuras públicas y las emisiones contaminantes.
9. Por un cielo estrellado: aprobación de una ley autonómica contra la contaminación lumínica. Fomento de la Astronomía regional como recurso científico, cultural y turístico.
POLÍTICA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
1. Demolición inmediata de aquellas construcciones ilegales que dispongan de sentencia judicial firme al respecto (Marina Isla Valdecañas y otras), así como restauración de los lugares afectados a las condiciones previas.
2. Abandono definitivo de proyectos especulativos que supediten el interés general de la ciudadanía en materia social y ambiental a los intereses económicos de unos cuantos grupos empresariales, empezando por los declarados ilegales por sentencia judicial (Marina Isla Valdecañas).
3. Reforma de la actual Ley del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura (LESOTEX), modificada recientemente; elaboración de una legislación más restrictiva basada en criterios de consideración del espacio y su adecuada ordenación como un recurso público de importancia estratégica para toda la ciudadanía, tanto a nivel ambiental como social y económico, poniendo especial atención en el control de la especulación, la protección ambiental, el respeto al paisaje y el desarrollo de la vivienda social. Además, esta nueva legislación debe: a. Mantener las restricciones y controles sobre el suelo no urbanizable previos a la última reforma. b. Establecer la obligación de someter los planeamientos a evaluación ambiental. c. No primar los intereses de promotores/as y propietarios/as a los de la ciudadanía en general, lo cual incluye el derecho a disfrutar de un medio natural saludable. d. Suprimir la amnistía concedida a las urbanizaciones ilegales construidas con anterioridad a 1975, y recuperar la obligación de que la propiedad de edificaciones ilegales presente un proyecto de legalización, incluyendo cesiones, como requisito para obtener los permisos para realizar obras de conservación y rehabilitación.
4. Modificación de la normativa urbanística para ubicar los usos industriales en los polígonos ya existentes, evitando la ocupación de suelo rústico.
5 Impulso a las políticas de regeneración urbana. Los cascos urbanos consolidados deben ser el objeto preferente de las inversiones públicas, mejorando su habitabilidad y recuperando espacios para el tránsito peatonal.
6. Compromiso político por un pacto anticorrupción, que incluya la destitución inmediata de cualquier cargo electo o de libre designación que haya resultado imputado, procesado o condenado por la justicia. Compromiso por una mayor transparencia política, que incluya la incompatibilidad de ejercer cargos públicos con responsabilidad en materia urbanística cuando se tienen intereses privados en los sectores inmobiliarios y de la construcción.
7. Adopción de los cambios legales necesarios para facilitar que aquellas personas que hayan ocupado alcaldías, concejalías y/o asesorías técnicas, que hayan resultado implicadas en la concesión de licencias ilegales o en la omisión de actuaciones disciplinarias, tengan una responsabilidad civil además de penal.
8. Ley de caminos públicos extremeños. Recuperación para la ciudadanía de los caminos públicos usurpados, y adecuación de aquellos que no estén en buenas condiciones de uso. Medidas para conservar los Caminos Públicos de Importancia Histórica, Etnográfica o Natural. Fomento de los caminos públicos y vías pecuarias como lugar para la práctica del senderismo y del ciclismo, estableciendo las medidas necesarias para su correcto uso y para evitar la masificación. Prohibición del uso de vehículos a motor salvo residentes y propietarios/as, poniendo los medios necesarios para que se cumplan estas prohibiciones.
9. Cumplimiento del derecho constitucional a una vivienda digna, así como del mandato constitucional de lucha contra la especulación urbanística (art. 47), en aras de hacer efectivo el disfrute de este derecho, además de evitar una nueva sobrevaloración de los precios de la vivienda que la haga inalcanzable para una mayoría de la ciudadanía y fomente la creación de burbujas inmobiliarias.
10. Potenciar la rehabilitación de viviendas sobre la construcción de obra nueva, incentivando las mejoras en eficiencia energética, la instalación de sistemas basados en energías renovables, y otras mejoras relacionadas con la habitabilidad.
11. Fomento de las zonas verdes y de arboleda, como un elemento configurador del medio urbano, tanto en calles y plazas como en caminos y carreteras de acceso a los municipios.
12. Apoyo de la administración autonómica para el desarrollo de ordenanzas municipales que contemplen la protección del medio ambiente, además de medidas contra la emisión de ruidos y vibraciones, así como de contaminación lumínica, en aquellos municipios que carezcan de ella.
POLÍTICA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD
1. Elaboración de planes de movilidad sostenibles, fomentando los medios no motorizados en zonas urbanas, y favoreciendo el transporte público para reducir las emisiones de CO2 al tiempo que disminuir el ruido del tráfico. 2. Adecuación de las tarifas del transporte colectivo a los costes reales, mejorando y ampliando significativamente los servicios públicos de las líneas ferroviarias convencionales y de los autobuses urbanos e interurbanos. Establecimiento de un horario amplio y frecuente del transporte interurbano.
3. Incidencia en la peatonalización de zonas dentro de los núcleos urbanos, lo que redunda en una mejor calidad de vida para sus habitantes.
4. Desarrollo de sistemas integrados de carril-bici que permitan circular dentro de los cascos urbanos, así como la comunicación entre estos y el extrarradio, potenciando además la implantación de sistemas públicos de alquiler de bicicletas.
5. Fomento de la pacificación del tráfico mediante la implantación del proyecto “Ciudad 20”, con zonas con limitación de velocidad a 20km/hora.
6. Apuesta por el uso de combustibles alternativos, en especial de las flotillas de vehículos dependientes de las administraciones públicas.
7. Cumplimiento de la normativa de la calidad del aire en todas las áreas metropolitanas, y aplicación de medidas de restricción al uso de los automóviles en aquellas que superen los límites legales.
8. Sensibilización por medio de campañas de difusión y concienciación ciudadana, así como de campañas educativas, en relación a la problemática de la contaminación atmosférica.
9. Mantenimiento de una base de datos pública con información sobre todas las emisiones contaminantes al medioambiente.
10. Asesoramiento y apoyo de la Administración regional para la puesta en marcha, en cada municipio, de mecanismos de control y prevención de la contaminación atmosférica por gases y partículas, en coordinación con los municipios limítrofes.
11. Oposición rotunda al proyecto de circulación del tren de alta velocidad en Extremadura, por tratarse de un medio de transporte antisocial y económicamente inviable, por diversas razones, y que además va en detrimento de la inversión en otros sectores; aparte de los daños medioambientales que ya se han producido y se seguirán produciendo durante su construcción y uso.
POLÍTICA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
1. Establecimiento de políticas dirigidas a controlar y reducir el uso de productos químicos de síntesis en la agricultura y la ganadería, con prohibición expresa del uso de insecticidas neonicotinoides y del glifosato.
2. Denegación de permisos y erradicación del cultivo de variedades modificadas genéticamente, declarando Extremadura «libre de transgénicos».
3. Fomento de la producción ecológica y los Canales Cortos de Comercialización para los productos agropecuarios, con inversión pública en la creación y fortalecimiento de industrias agroalimentarias de producto ecológico e infraestructuras para la comercialización y distribución del mismo.
4. Implementación de programas de desarrollo rural que garanticen la conservación agroambiental, con medidas concretas de protección y mejora de los suelos, de los acuíferos y de la biodiversidad, y que apuesten claramente por la conservación y el fomento de las variedades y razas autóctonas, así como de la ganadería extensiva
5. Prohibición de los herbicidas en parques y jardines, y también su uso como forma de barbecho.
6. Creación de una ley de protección de las abejas y la apicultura, donde se recoja la protección de “zonas de importancia para la apicultura” frente a los herbicidas y plaguicidas que afectan a las abejas.
7. Fomento de una normativa de pequeños productores verdaderamente adaptada a los pequeños agricultores y ganaderos.
POLÍTICA DE AGUAS
1. Cumplimiento de la Directiva Marco del Agua por todos los agentes públicos y privados implicados, especialmente en lo que se refiere al principio de no deterioro de las masas de agua y a la aplicación de las Directivas de Aves y de Hábitats, así como no permitir excepciones que afecten negativamente a los ecosistemas fluviales.
2. Redefinir, en la redacción de los planes hidrológicos, los caudales ecológicos y ponerlos en marcha para que supongan una restricción previa al resto de usos, garantizando, al menos, el mantenimiento de la vida piscícola e invertebrada que de manera natural habite o pueda habitar en el río y en su vegetación de ribera. Los caudales ambientales deberán establecerse para todos los cursos de agua, con independencia de su entidad.
3. Retirar los proyectos de grandes embalses y acometer la modernización de los regadíos existentes para aliviar la presión sobre el medio hídrico.
4. Elaborar un programa para el deslinde del dominio público hidráulico de todos los ríos extremeños.
5. Trabajar en cooperación con los Ayuntamientos contra la privatización del agua. Recuperar la gestión 100% pública de los servicios de saneamiento y abastecimiento de agua.
6. Desarrollar un Plan autonómico para ahorro del agua que implique a consumidores/as particulares, agricultores/as e industrias.
POLÍTICA DE CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA
1. Aprobación de una ley autonómica sobre especies exóticas invasoras que analice y afronte las problemáticas particulares de la región en este tema.
2. Modificación de Ley de la dehesa para asegurar la regeneración de este ecosistema, aumentar su biodiversidad agroforestal y adaptarse a la problemática actual.
3. Aprobación de una Ley regional de vías pecuarias y de fomento de la trashumancia ganadera, para que dejen de considerarse como simples infraestructuras rurales y sean fomentadas y protegidas por todos sus valores. Además, estas vías deben estar integradas dentro de una estrategia de conservación del medio ambiente, que permita que sean verdaderos corredores ecológicos que unan los diferentes territorios de Extremadura. Asimismo, es necesario crear un Patronato de vías pecuarias de Extremadura.
POLITICA DE PATRIMONIO CULTURAL
1. Recuperación y revalorización del Patrimonio etnográfico e industrial, con una mayor consideración hacia el valor cultural que tienen dentro de nuestra sociedad y lo que pueden aportar al conocimiento de nuestro pasado más reciente.
2. Intervención urgente en todos los edificios históricos en riesgo inminente de destrucción.
3. Elaboración de un Libro Blanco de gestión y usos permitidos en los espacios de patrimonio histórico, como yacimientos arqueológicos y monumentos.
4. Obligación por parte de los Ayuntamientos de comunicar a la Dirección General de Patrimonio Histórico la realización de cualquier tipo de obra que conlleve remociones del terreno en su término municipal (incluidas las nivelaciones de terrenos agrícolas, infraestructuras públicas y edificaciones), para que se puedan establecer las medidas correctoras pertinentes de cara a la protección de los restos que puedan encontrarse en el subsuelo.
5. Cumplimiento estricto por parte de la Administración de los artículos 11, 14 y 15 de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura (conocida como Ley de la Memoria Histórica), en lo referente a: a. El deber ineludible de colaboración de todas las Administraciones públicas con los particulares para la realización de tareas de localización e identificación de víctimas, el cual están incumpliendo sistemáticamente algunos ayuntamientos. b. La resolución inmediata de los expedientes en poder de la Consejería de Educación y Cultura en los que se solicita que se proceda a la ocupación temporal (según los artículos 108 a 119 de la Ley de Expropiación Forzosa) de los terrenos donde existen indicios de la existencia de fosas comunes de la Guerra Civil, y cuyos/as propietarios/as se niegan a permitir el acceso a los equipos técnicos. c. La exigencia a las autoridades municipales y particulares de retirada inmediata de todos los símbolos y menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura que aún existen en nuestras ciudades y pueblos, negándoles el acceso a cualquier tipo de subvención pública mientras esto no se produzca, tal y como recoge la propia ley.
6. Plan de protección de todos los restos de edificaciones de carácter militar del período de la Guerra Civil, y otros elementos que conserven vestigios directamente relacionados con el desarrollo de ésta, que incluya su inventario, inclusión en Carta Arqueológica y establecimiento de medidas cautelares para evitar que continúe su destrucción.
POLÍTICA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
1. Inclusión en el sistema educativo de una visión crítica que revise las categorías insostenibles en las que se apoya el modelo de desarrollo, así como apuesta por la deslegitimación de las líneas de pensamiento que sustentan la destrucción social y ambiental.
2. Visibilización del necesario papel de las mujeres en la sostenibilidad.
3. Inclusión de la educación para los cuidados en el currículum escolar: su importancia para el mantenimiento de la vida, la invisibilización por parte del patriarcado, así como conocimientos básicos en cocina, dietética, higiene y gestión de la salud.
4. Incorporación de la reflexión acerca de la sostenibilidad en todos los ámbitos educativos, tanto de la educación formal como de la no formal.
5. Crear y dotar de personal un programa global de educación ambiental regional, que sea capaz de llegar a todos los territorios y poner en uso la gran cantidad de recursos e instalaciones que tenemos en Extremadura de Educación Ambiental y que actualmente están sin ninguna actividad.
POLÍTICA DE BIENESTAR Y PROTECCIÓN ANIMAL
1. Eliminación de cualquier tipo de subvención y ayuda pública, directa o indirecta, a las actividades taurinas. Prohibición de la asistencia de menores a las corridas de toros y su retransmisión por la televisión pública de Extremadura.
2. Aplicación efectiva de la ley de protección animal, sancionando severamente el abandono, el maltrato y la crueldad con los animales.
3. Establecimiento de convenios con organizaciones de protección animal de demostrada solvencia, seriedad y compromiso para impulsar una política que incluya: erradicación del sacrificio de animales abandonados, fomento y subvención de campañas de esterilización, sensibilización y educación en contra del maltrato, del abandono y a favor de la adopción.
4. Realización de campañas anuales coordinadas desde el Gobierno Regional para la identificación de animales de compañía, con guardia civil, agentes del medio natural, veterinarios y policías municipales (dotándoles de los medios necesarios).
5. Eliminación de los presupuestos de las administraciones públicas de aquellas partidas económicas que impliquen, directa o indirectamente, el apoyo al trato degradante o maltrato animal, tales como mantenimiento de plazas de toros, zoológicos, subvención de entradas para asistencia a festejos taurinos, circos que utilicen animales, etc.
6. Denegación de autorizaciones a actividades que maltratan a los animales, especialmente a zoológicos, circos con animales, granjas de animales silvestres, especialmente con fines peleteros, y núcleos de animales para experimentación. Y someter a controles exhaustivos a las empresas de cría y venta de animales, retirándoles las licencias a aquellas con sentencias por maltrato.
7. Fomento de ganadería extensiva y ecológica que incluye normas de bienestar animal.
