Madera ilegal, y el PP a la ‘bartola’

La primera, en mayo de 2014, cuando se publicó en Brasil el informe Amazonia, una crisis silenciosa que exponía los fraudes, chanchullos y tretas con los que se blanquea la madera talada ilegalmente en la Amazonía brasileña.

En el último año, Greenpeace España ha denunciado en dos ocasiones la entrada de madera ilegal amazónica en España.

La primera, en mayo de 2014, cuando se publicó en Brasil el informe Amazonia, una crisis silenciosa que exponía los fraudes, chanchullos y tretas con los que se blanquea la madera talada ilegalmente en la Amazonía brasileña. Además, señalabamos que la madera de ipé, la nueva caoba, acaba siendo utilizada en obras públicas en los ayuntamientos de Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca, Zaragoza, Marín o Bilbao.

Tras esta denuncia, Greenpeace presentó una reclamación formal por incumplimiento del Reglamento de madera (o EUTR) contra las empresas españolas que están importando madera de empresas brasileñas implicadas en el lavado de madera ilegal, empresas que deberían haber evaluado y mitigado los riesgos de comprar madera en un lugar, el Estado de Pará, que es el paraíso de la tala ilegal. Una de estas empresas a las que se denunciaba era la empresa lucense López Pigueiras S.A.

El Ministerio de Alimentación, Agricultura y Medioambiente (MAGRAMA) tardó en contestar. El 15 de septiembre recibimos una carta firmada por Dª Begoña Nieto, Directora General de Desarrollo Rural y Política Forestal, donde se lavaban las manos, afirmaban que no tenían competencias para investigar este caso y que remitían nuestra carta a la Secretaría General Técnica.

Ante esta pasividad del MAGRAMA, la madera ilegal siguió entrando por nuestras fronteras. En el mes de octubre de 2014 volvimos a denunciar nuevos casos de «lavado» de madera ilegal amazónica y su entrada en España. La empresa López Pigueiras, nuevamente, en el ojo del huracán de la importación de madera ilegal amazónica.

Y el pasado mes de marzo de 2015 volvimos a recordar que El MAGRAMA sigue ignorando sus obligaciones de combatir el comercio de madera ilegal. El Reglamento EUTR entró en vigor en 2013 y llevamos años de excusas y demoras. No hay un sistema de control a los operadores de madera y no hay régimen sancionador. España no ha cumplido ninguna de estas obligaciones y se sitúa así entre los países europeos más permisivos con la tala ilegal. De los 28 miembros de la UE, sólo tres países más se encuentran en la misma situación (Polonia, Hungría y Malta).

Hoy volvemos a denunciar la entrada de madera ilegal amazónica, nombrando de nuevo las mismas empresas que han sido señaladas el año pasado, en especial el importador de madera y fabricante de suelos López Pigueiras, empresa ubicada en Viveiro (Lugo).

Con estos antecedentes, esta empresa importadora de madera sabe que su negocios con madera de origen ilegal (pero con documentos “oficiales”), no va a ser inspeccionada por quienes están en la obligación de hacerlo, el MAGRAMA.

El pasado viernes 6 de junio, Día del Medio Ambiente, Greenpeace puso en venta este Ministerio por incumplimiento de sus funciones de protección ambiental. Verdaderamente, no sabemos qué más tiene que pasar para que este Ministerio haga honor a su nombre.

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