Prisión bajo fianzas por pesca ilegal de merluza negra

La magistrada, que atribuye a los acusados delitos contra el medio ambiente, blanqueo de capitales, falsedad documental e integración en grupo criminal, ha justificado su resolución en el riesgo de fuga, la «alta» probabilidad de reiteración delictiva y la necesidad de evitar las «trabas e intervenciones» que puedan hacer en su patrimonio ilícito.

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha decretado la prisión eludible bajo sendas fianzas de 100.000 euros para cuatro miembros de la familia de Vidal Armadores, a la que se acusa de pescar ilegalmente austromerluza en aguas de la Antártida desde, al menos, el año 2006. La magistrada ha tomado la misma decisión para otros dos trabajadores arrestados en la operación ‘Yuyus’.

La magistrada, que atribuye a los acusados delitos contra el medio ambiente, blanqueo de capitales, falsedad documental e integración en grupo criminal, ha justificado su resolución en el riesgo de fuga, la «alta» probabilidad de reiteración delictiva y la necesidad de evitar las «trabas e intervenciones» que puedan hacer en su patrimonio ilícito.

Lamela ha dictado un auto en el que les impone otras medidas cautelares, como la prohibición de abandonar España, la retirada del pasaporte, la presentación quincenal en el juzgado más cercano a sus domicilios y la obligación de fijar la localización de sus viviendas.

Para la pesca de esta especie, conocida como ‘oro blanco’ por el alto valor que alcanza en el mercado, el entramado utilizaba diversos buques registrados a nombre de «empresas interpuestas con banderas de conveniencia y constantes cambios de nombre».

Una de las naves se bautizó con el nombre de ‘Thule’ y pasó posteriormente a denominarse ‘Kunlun’, ‘Eolo’, ‘Redmoon’, ‘Blackmoon’ e ‘InaMaka’ durante un periplo en el que portó variopintas banderas de países como Guinea Ecuatorial o Corea del Norte. Además, disponían de otros tres navíos para la pesca ilícita, que también se llamaron de distintas formas, entre ellas ‘Louyang’, ‘Songhua’ y ‘Yongding’.

Los beneficios obtenidos se blanqueaban a través de un entramado societario radicado en España y en el extranjero. Según la documentación aportada por la Guardia Civil, el grupo empresarial estaría compuesto por mercantiles nacionales junto con otras ubicadas en Estados como Belice, Suiza o Panamá.
INDEMNIZACIÓN POR PÉRDIDA DE MERCANCÍA ILÍCITA

De hecho, los acusados han llegado a percibir indemnizaciones por el hundimiento de buques que transportaban la mercancía ilícita. La empresa Millenium Trading Invest, domiciliada en Belice, sería la beneficiaria final del cobro de una compensación que ascendió a 6,3 millones de euros, de los cuales a la embarcación corresponderían 1,25 millones y el resto se referían a la pérdida de la carga. Al final, el Grupo Vidal logró «blanquear parte de la indemnización recibida, convirtiéndola en el pago de un buque lícito».

Los acusados declararon también la merluza de profundidad pescada como si fuera mero congelado o atún. Tailandia comprobó el 16 de marzo de 2015 que la mercancía descargada por el buque ‘Kunlun’ «no coincidía con la real», ya que aseguraban portar 183 toneladas de mero congelado cuando «en realidad» se trataba de 183 toneladas de merluza de profundidad.

Al percatarse las autoridades tailandesas, el buque volvió a embarcar el pescado y, «quebrantando las órdenes» de ese país, abandonó el puerto el 8 de septiembre para llegar, bajo el nombre de ‘Asian Warrior’, a Dakar. Allí declararon la mercancía como atún, aunque los investigadores sospechan que realmente se trataba de la austromerluza que trataron de dejar en Tailandia.

Entre los detenidos se encuentran cuatro miembros de la familia Vidal: el padre, Antonio Vidal Suárez (Tucho), la cabeza visible de la empresa armadora Vidal Armadores, de Ribeira (A Coruña) y sus tres hijos Antonio Vidal Pego (Toño), Belén y Ángel.

El pasado mes de febrero, según figura en el Registro Mercantil, Antonio Vidal Suárez delegó en su hijo Antonio Vidal Pego (Toño) la administración de Vidal Armadores y de la compañía Viarsa.

La madre, Manuela Pego, que no ha comparecido este miércoles ante la juez de la Audiencia Nacional, también se encuentra imputada por los mismos hechos.

Además, han sido arrestados los directivos de compañías del conglomerado empresarial de la familia Joaquín Manuel Pérez Mariño y Francisco Rama Gago –que según el Registro Mercantil de febrero cesó en su cargo al frente de Cuatro Torres, que también asumió Antonio Vidal Pego–. Además, se relaciona con la trama a un tercer empleado, Ramón Vicente S, lo que eleva el total de investigados a ocho, para seis de los cuales se ha decretado ahora prisión.

La juez asegura que funcionan como una organización criminal puesto que «cualquier decisión relevante debe ser consensuada con el resto de la familia, donde el padre tiene la capacidad de tomar la decisión última».

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