Anna Shahnazaryan es activista ambiental y feminista, miembro del Armenian Environmental Front. Ha participado desde 2010 en diferentes campañas contra empresas mineras locales y multinacionales por el impacto que provocan.
Forma parte de la campaña Salvemos Amulsar, que busca la preservación de la ciudad termal y la montaña de Amulsar, en Armenia, ante el proyecto de abrir una mina de oro a cielo abierto.
La campaña tuvo un impulso importante a raíz de las protestas de 2018 contra el gobierno autoritario de Armenia, finalmente derrocado. Anna ha sido invitada por SETEM para informar, en Barcelona, de la última reunión del comité intergubernamental que trabaja en la redacción del Tratado vinculante de la ONU sobre corporaciones transnacionales y derechos humanos (en el que SETEM participa en el marco de la Campaña Global para reivindicar la Soberanía de los Pueblos, desmantelar el Poder de las Transnacionales y poner fin a la Impunidad).
¿Por qué este proyecto minero es perjudicial para la población de Amulsar?
Para hablar de la minería en Armenia, debemos hablar antes del contexto económico global.
Tras el colapso económico de la Unión Soviética y el cambio en el orden económico, Armenia ha sufrido una enorme presión por parte de las fuerzas económicas globales, tales como el Banco Mundial, el FMI y otras instituciones globales, con el fin de abrirse rápidamente a los mercados capitalistas.
El gobierno armenio necesitaba desarrollar industrias orientadas a la exportación y, en un país montañoso como el nuestro, la minería se ha convertido en importante.
En los años 90 tuvo lugar el proceso de privatización de las industrias rusas fallidas del metal y el gobierno comenzó rápidamente a dar licencias a nuevas mineras extractivas. Entonces la población local ya mostró una fuerte resistencia y oposición.
Resistencia local
Este frente opositor se concentró entonces en Amulsar
Amulsar es una zona montañosa ubicada en el norte de Armenia en un área termal que recibió fuertes inversiones durante el período soviético para desarrollarse como polo turístico importante -nacional e internacional-, forjado bajo las bondades que las aguas termales tienen sobre la salud y el bienestar. Hablamos de una zona muy rica en recursos hídricos, con cientos de saltos de agua, ríos y numerosas fuentes subterráneas.
La carrera por el oro está vinculada a la corrupción gubernamental y a la fuerte presión económica y financiera internacional, que ha culminado con la concesión de esta licencia a pesar de la fuerte resistencia local.
El gobierno anterior, muy corrupto, usó diferentes tácticas para presionar a la población, como la persecución policial, la intimidación y las amenazas.
En 2008 se concedió la licencia a la compañía Lydian, y mucha gente terminó vendiendo sus tierras por miedo. La situación dio un giro dramático en 2018 cuando la compañía, después de 10 años de exploración previa y búsqueda de financiación, inició su construcción y la población comenzó a sentir de manera directa los impactos: las explosiones, el polvo y la contaminación del sistema de agua. Decidieron entonces que debían luchar contra el proyecto y comenzó un movimiento de resistencia.
Un movimiento conocido como #SaveAmulsar, los Protectores de Amulsar…
Sí. Decidimos protestar contra una operación minera ilegal y contra el antiguo régimen, derribado finalmente en 2018. El nuevo gobierno es democrático, pero con una fuerte tendencia neoliberal.
Nos convertimos en activistas medioambientales y exigimos al nuevo Gobierno que detuviera el proyecto y que se establezca una nueva agenda política. Desde el verano de 2018, la ciudadanía decidió tomar el control y pasar a la acción directa bloqueando el acceso a la mina y a las actividades de construcción.
Hoy seguimos en pie defendiendo los valores de la democracia y la recuperación de los derechos de la población local. Durante más de un año y medio los autoproclamados Protectores de Amulsar hacen guardia en la entrada de la mina para proteger su patrimonio natural, para ellos y para las generaciones futuras, a pesar de recibir presiones como es la venta de sus tierras a cambio de un piso en la capital, entre otras muchas.
Impactos negativos
¿Cuáles son los impactos negativos de este proyecto minero?
Tenemos mucho conocimiento sobre la minería en nuestro país; conocemos bien sus impactos negativos en la salud, la salud pública y el género, por ejemplo. Hay muchas evidencias de estos impactos, pero existe una voluntad política deliberada de ocultar estas investigaciones y así no tener que implementar políticas en este sentido.
Nos consta que hay mucha gente enferma en las ciudades y pueblos mineros del país; Armenia tiene un elevado índice de cáncer entre la población, y, al mismo tiempo, muchos de los datos que nos llegan desde el ámbito local no representan la realidad, en concreto sobre la presencia de contaminantes en la comida ni en el cuerpo de la gente.
Una investigación universitaria con apoyo internacional ha demostrado, por ejemplo, la presencia de metales pesados en la sangre de los niños. Del mismo modo, el impacto de género, como el impacto económico, no se están investigando.
Sabemos que la industria minera cierra las puertas a otros tipos de industria porque es extremadamente desregularizada, muy contaminante y sin penalización o sanciones. Constantemente, las compañías mineras contaminan los ríos, los campos agrícolas…
Tenemos una población desocupada predominantemente femenina, y muchas mujeres son forzadas a vender su cuerpo para vivir y mantener a sus familias. Las mineras dominan el discurso público presumiendo de los puestos de trabajo que dicen que generan, pero no explican que es a costa de perder empleo en la industria alimentaria, agrícola y turística.
¿Qué argumenta la compañía minera?
Hemos hecho evaluaciones en el año 2009, en 2012 y finalmente en 2016. Durante este período, el proyecto ha recibido muchas críticas, y la compañía no ha hecho ningún esfuerzo para corregir los errores. Los impactos sociales y de género – argumentan- «son riesgos manejables o mitigables».
El abordaje del impacto de género, por ejemplo, ha sido mitigado organizando talleres de educación sexual dirigidos a la población femenina de la ciudad y distribuyendo gratuitamente preservativos entre los mineros.
La empresa consideró que estas medidas eran suficientes para solucionar el problema. Para la población local y las entidades ecologistas y feministas esto es ridículo; sabemos que ésta es una comunidad patriarcal y conservadora, pero no podemos pretender que los problemas se solucionen sólo con eso.
Pero no únicamente es la empresa quien utiliza este lenguaje, también las instituciones financieras europeas que participan en este proyecto, en especial el FMI, el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD) y el estado sueco, a través del su Fondo de Crédito a la Exportación, que dota de financiación este plan minero. Es importante explicar que mientras Suecia hace gala de su política feminista progresista, lleva a cabo una política económica errónea e injusta que causa una gran injusticia global.
Amulsar antes del proyecto
¿Cómo era Amulsar antes de iniciarse este proyecto minero?
Amulsar era una zona muy tranquila, con un importante turismo de salud que atraía mucha gente con problemas médicos. Con el negocio del oro comenzaron a llegar trabajadores que se apoderaron del espacio público con sus grandes coches y pick ups, haciendo mucho ruido en las calles, bebiendo, provocando peleas y ocupando las infraestructuras hoteleras.
El turismo tradicional tuvo que convivir con los trabajadores de la minería que ocuparon la totalidad del espacio público. Para la población local fue inaceptable, no querían esta imagen ni cambiar su modelo de vida. Pero desde el principio este proyecto minero ha estado sostenido por las instituciones financieras globales: la Corporación Financiera Internacional (IFC) y el BERD.
La compañía ha utilizado siempre una estrategia agresiva a la hora de atraer inversores, argumentando que el negocio generaría una gran riqueza en todo el accionariado. La IFC se retiró del proyecto a raíz de las quejas presentadas, pero el Banco Europeo, que es en un 60% propiedad de los estados miembros de la UE, las ignoró. Por lo tanto, es curioso que el Banco Europeo haya apoyado siempre a este proyecto a pesar de la enorme resistencia, y que el nuevo Gobierno armenio haya descubierto, con revisiones independientes, que la evaluación de impacto ambiental de la compañía es incorrecta o incompleta; en una palabra, fraudulenta.
El Fondo de Crédito a la exportación de Suecia, que es quien está garantizando el dinero, también utiliza este informe sobre el impacto ambiental y social. Tenemos científicos expertos advirtiendo de los grandes impactos sobre los recursos hídricos, la biodiversidad, la falta de planes adecuados para el tratamiento del agua o las deficiencias en su diseño tecnológico, dado que ésta es un área donde los depósitos minerales contienen muchos contaminantes y metales pesados, como mercurio y elementos radiactivos.
Los expertos dicen que en estas condiciones no se puede operar con seguridad en la mina, pero las instituciones financieras europeas insisten y presionan al gobierno para dar luz verde al proyecto. Hemos demostrado en numerosas ocasiones que mienten; y nos preocupa que todo esté organizado por empresas mineras extranjeras, sobre todo rusas, dentro de un contexto geopolítico turbio.
A ello hay que sumar que tenemos una economía neocolonial, sin presencia en el país y representada, como sabéis, por las corporaciones y los intereses corporativos, no sólo occidentales, también rusos. Por tanto, no hay oposición y, al final, se trata de la población contra la influencia del neocolonialismo y de los intereses de las grandes corporaciones globales.
¿Qué piden a su Gobierno los Protectores de Amulsar?
El movimiento de resistencia pide al Gobierno que revoque los permisos hasta que la compañía resuelva los problemas y errores y haga una nueva evaluación de impacto ambiental y social: ellos tienen dinero y capacidad para hacerlo! También queremos que haya un consentimiento público. El Gobierno contesta que recibe amenazas por parte de la compañía con los tribunales corporativos.
Y esta es la situación de la democracia en general: está amenazada por instrumentos corporativos ilegales. El gobierno tiene un rol pasivo hacia el movimiento popular debido a la gran presión económica y política internacionales. Hemos visto, por ejemplo, declaraciones de la Comisión Europea haciéndose eco de los argumentos de la compañía y no del interés general.
Necesitamos incidir en la presión internacional, en especial desde la sociedad civil internacional y el ámbito parlamentario así como en las instituciones europeas, como la Comisión Europea, el BERD y el gobierno sueco para exigir el respeto a la justicia global y la protección frente a las corporaciones transnacionales.
Armenia tiene firmados muchos compromisos internacionales con convenciones, declaraciones de derechos humanos y de protección del medio ambiente y de la diversidad. Pero, hoy por hoy, el discurso público en Armenia es que el Gobierno necesita proteger las inversiones de las corporaciones.
Una de las cosas que esperamos conseguir con este tour activista es dar a conocer la situación y hablar de la injusticia global por parte de las grandes empresas, pero también de instituciones políticas y en algunos casos, de estados. En Amulsar, por ejemplo, la embajada del Reino Unido y su Ministerio de Asuntos Exteriores han sido muy activos mostrando su apoyo al proyecto minero, pero también instituciones como bancos o el Fondo de Crédito Sueco, que apoyan la injusticia global contra los derechos de la población local.
¿Un símbolo?
Pero Amulsar podría ser una oportunidad o convertirse en un símbolo de democracia por el nuevo gobierno…
¡Sí, podría y debería ser así!
Pero, desgraciadamente, hasta ahora, su indecisión favorece las posiciones de la compañía, no las de la población civil que sufre muchos costes directos de esta situación en su vida mientras protege las montañas.
Este gobierno necesita darse cuenta de que, como nueva institución democrática, debe proteger los derechos del pueblo y ser internacionalmente reconocido como un estado democrático y no un estado corporativo.
El Tratado vinculante de la ONU sobre corporaciones transnacionales y derechos humanos que está en fase de redacción, ¿podría ayudar en casos como el de Amulsar?
Éste es un documento que nace de la necesidad de contrarrestar esta enorme fuerza y poder corporativo que oprime a personas y gobiernos de todo el mundo, en especial en países del Tercer Mundo. Es decir, proviene de la necesidad de detener esta impunidad corporativa, porque lo que vemos es que las corporaciones transnacionales gozan de una gran protección bajo el derecho comercial, incluyendo el derecho comercial internacional, pero no son responsables.
Las grandes corporaciones pueden evitar fácilmente cualquier castigo en el ámbito nacional porque son transnacionales; alejan, crean problemas, o simplemente desaparecen o exigen que los gobiernos les permitan contaminar la tierra o violar los derechos laborales, pero no se hacen responsables. Y esta situación global ha obligado a las naciones y a los estados a movilizarse y a sugerir un nuevo instrumento que será vinculante en Naciones Unidas.
Esto también abrirá la posibilidad de demandar a las corporaciones internacionalmente, algo que no es posible hacer bajo el actual orden mundial. En la última reunión de octubre en Ginebra hemos podido constatar una gran alianza para detener la impunidad corporativa; la campaña global la forman 250 organizaciones y movimientos de todo el mundo. Armenia necesita este tipo de instrumentos y nosotros como ciudadanos también, para hacer frente a la impunidad corporativa.
Continuaremos presionando para que el pueblo armenio tenga un papel más activo en la redacción del Tratado, aunque no tenemos muchas esperanzas, dadas las perspectivas económicas claramente neoliberales de nuestro gobierno. Se requerirá, por tanto, un gran esfuerzo para movilizar los intereses de las personas presionando. Este Tratado es muy importante para hacerle frente a los tribunales corporativos. Soy optimista.
Fuente: Vida Sana