El Delegado Territorial en Cádiz de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible (CAGPyDS) ha resuelto “No admitir a trámite de evaluación ambiental estratégica simplificada el Plan Parcial de Ordenación del Sector SUS LI 02 Valdevaqueros en el término municipal de Tarifa”. La resolución de la Delegación considera el proyecto incompatible con las normas ambientales y sentencias del Tribunal Supremo (TS).
Los nuevos propietarios de los terrenos presentaron un proyecto más reducido, pero que seguía manteniendo como urbanizable, un amplio sector del Parque Natural del Estrecho también incluido en una Zona de Especial Conservación, protegida a nivel europeo y en la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo, declarada por la UNESCO.
Es decir, se pretende mantener como urbanizable un terreno que cuenta con una amplia protección nacional e internacional. Esta protección de que goza la ensenada de Valdevaqueros fue una de las causas esgrimidas por los tribunales para anular el anterior Plan Parcial aprobado en 2012 por el Ayuntamiento de Tarifa.
El Plan Parcial de Valdevaqueros anulado pretendía construir una macrourbanización de 740.000 m² junto a la playa y a su famosa duna, con 350 viviendas y 1.400 plazas hoteleras, lo que provocaría un impacto brutal e irreversible en uno de los litorales más valiosos del sur de Europa.
El hecho de que se hayan reducido las previsiones de esta urbanización en el nuevo proyecto denominado Montevaqueros –que contempla la construcción de 60 viviendas y 240 plazas hoteleras- es ya un éxito del movimiento ecologista, pues los promotores son conscientes del alto grado de rechazo existente en la ciudadanía a la urbanización del litoral, máxime en una zona de tanto valor ecológico y paisajístico como es Valdevaqueros.
Entre los “Fundamentos de Derecho” en que basa la CAGPyDS para desestimar este proyecto se pueden destacar:
- “Por estimarse de modo inequívoco que es manifiestamente inviable por razones ambientales, e incompatible con la normativa ambiental (Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y Decreto 308/2002 por el que se aprueba el Plan de Ordenación de Recursos Naturales del Parque Natural del Estrecho)”. Estas razones las esgrimió Ecologistas en Acción contra el anterior proyecto, pero fueron desestimadas por la anterior Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, y aceptadas, finalmente, por los tribunales. La cuestión es simple, la legislación básica estatal de medio ambiente, la citada Ley 42/2007, estipula que la normativa ambiental está por encima de la planificación urbanística, lo que se ha intentado vulnerar de forma sistemática por la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Tarifa.
- Los terrenos incluidos en el Parque Natural del Estrecho deben quedar “inequívocamente excluidos tanto de la clasificación urbanística del suelo como del proceso urbanizador. Será objeto de la revisión del planeamiento general la clasificación del suelo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA)”. Por ello, debe asignarse a la zona analizada como “Suelo No Urbanizable Especialmente Protegido por Legislación Específica”. Fundamento de enorme transcendencia, pues viene a ratificar un principio que viene demandando de forma insistente Ecologistas en Acción, en contra del criterio mantenido hasta ahora por la Junta de Andalucía, y es que los terrenos protegidos por la normativa de los parques naturales y por legislación comunitaria deben declararse no urbanizables de especial protección.
- El proyecto presentado no analiza las alternativas, que es una obligación legal. Se limita a plantear como alternativa más viable la de Montevaqueros en contraposición con el Plan Parcial anulado, manteniendo la clasificación como suelo urbanizable de terrenos incluidos en el Parque Natural del Estrecho.
Ecologistas en Acción manifiesta públicamente su satisfacción ante esta decisión de la Junta de Andalucía, que viene a reconocer que no todo vale en los espacios naturales protegidos, y que hay que cumplir con las normas ambientales estatales y comunitarias, así como con las sentencias judiciales, lo que hasta ahora no se había hecho.
El Alcalde de Tarifa ha fracasado en su intento de seguir desarrollando un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) fiel ejemplo de la burbuja inmobiliaria que data de 1990, inviable y condenado al fracaso. Baste decir que el actual PGOU prevé 8 grandes urbanizaciones en el valioso y único litoral Tarifeño, con una superficie de 5.688.627 m².
Ecologistas en Acción viene demandando insistentemente la revisión del PGOU para desclasificar estos terrenos, propuesta que fue apoyada por la Junta Rectora del Parque Natural del Estrecho, pero que el Alcalde ha ignorado. Ahora no le queda otra opción.
La organización ecologista hace un llamamiento al Ayuntamiento de Tarifa para que impulse la revisión del PGOU para anular el modelo expansivo por el litoral, incompatible con la actual normativa ambiental y territorial, potencie los actuales núcleos urbanos y proteja su valioso litoral, que es su principal recurso social, ambiental y económico. La especulación urbanística debe ser desterrada definitivamente de nuestro litoral.
Fuente: Ecologistas En Accion
