La economía verde es para Naciones Unidas una herramienta fundamental para luchar contra la pobreza y a la vez conlleva beneficios ambientales, ya que implica una menor dependencia de los combustibles fósiles. Hay una conciencia generalizada de que hay que ir disminuyendo el apoyo económico a estos combustibles. Pero esto no se ha traducido en un plan para hacer efectivo este objetivo.
El compromiso de iniciar una transición universal hacia una economía verde no ha sido posible por varias razones. Primero, porque existen diferentes visiones en el escenario internacional sobre las implicaciones de este concepto. Algunos grupos se oponen por razones ideológicas: sostienen que es una estrategia más del capitalismo para imponer su modelo. Algunos países cercanos a los movimientos indigenistas y estos propios movimientos tampoco son favorables porque ven el dominio del Norte contra el Sur pobre. Los países en desarrollo representados por el G-77 no son contrarios, pero consideran que una transición hacia la economía verde pide una adaptación a cada contexto y una inyección de recursos económicos (unos 30 mil millones de dólares al año) que, en estos momentos de crisis, los países más ricos no están dispuestos a pagar.
Por otro lado, el cambio climático -favorecido por los combustibles fósiles- no ha sido objeto de mucha atención en Río+20. Este tema tiene una presencia mínima en el documento final. Sobre el cambio de modelo en producción y consumo sólo se ha llegado a la conclusión de que es «indispensable». No se ha trazado una hoja de ruta para llegar.
Reforma institucional a medias
En cuanto al cambio del marco institucional para mejorar la gobernanza mundial en el desarrollo sostenible, la Unión Europea lideraba la defensa de la creación de una Agencia de Naciones Unidas especializada y con presupuesto propio, pero los EE.UU. y Canadá se opusieron. De las principales opciones posibles – una nueva agencia de medio ambiente, un consejo dentro de las Naciones Unidas, como el Consejo Económico y Social, o el mismo PNUMA con un nuevo mandato reforzado- se ha elegido la última. Todas las opciones habían sido valoradas en un estudio previo por Naciones unidas.
Otros objetivos que se han fijado son: detener la pérdida de biodiversidad; mantener y restaurar los niveles de las pesquerías en los océanos; seguir incrementando el acceso de las poblaciones al agua potable; hacer compatible el apoyo a la actividad minera con el impacto ambiental. Para conocer en detalle el grado de compromiso al que se llegó en cada tema, se puede consultar el contenido del documento final El futuro que queremos.
Causas del avance limitado
El avance limitado de Río+20 tiene su explicación de fondo en las diferencias entre los países y su explicación inmediata en las dificultades encontradas en las negociaciones previas a la conferencia.
De esta manera, en el tercer comité preparatorio Prepcom III -el último antes de la conferencia- se llegó a un nivel de consenso muy bajo sobre el contenido del borrador del documento final. Esto hizo peligrar el resultado final de la cumbre. Entonces, el presidente de la oficina por el proceso preparatorio de Río+20, John Ashe, pidió al país huésped, Brasil, que promoviera el consenso entre delegaciones. Brasil lo hizo elaborando un texto con los contenidos simplificados del cual se omitieron todos los párrafos que eran motivo de desacuerdo. La decisión afectó a aspectos clave, como los medios para implementar la economía verde.
La prensa mundial también se mostró crítica con el texto y la más incisiva, como es el caso del diario The Guardian de Londres, subrayó la ausencia de medios de implementación que permitan llevar a cabo los acuerdos. Incluso El Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, manifestó al inicio de la cumbre que esperaba «un documento más ambicioso» por parte de las delegaciones. Brasil, por su parte, lo valoró como «satisfactorio».
Los encuentros plenarios con las delegaciones, con el nombre de Looking at the way forward in Implementing the expected outcomes of the Conference, podían haber servido para hacer ganar amplitud y compromiso el texto de El futuro que queremos y superar sus limitaciones, pero no fue así. Paralelamente a los plenarios, las delegaciones discutieron los temas de la cumbre y el mismo texto del documento final en mesas redondas. Tampoco aquí hubo avances. Este documento recoge las posiciones más destacadas de estas reuniones.
El secretario general de Naciones Unidas también recordó que el esfuerzo no sólo corresponde a los gobiernos, sino que implica «a las empresas más grandes del mundo, a las organizaciones filantrópicas, y los jóvenes voluntarios que son parte de un creciente movimiento global para el cambio.» En esta cumbre las delegaciones estatales han podido escuchar las recomendaciones hechas por los representantes de la sociedad civil. «Nuestro trabajo-subrayó Ban Ki-moon-es crear una masa crítica, un impulso irresistible y el camino es largo y difícil».
Medidas positivas
A pesar de la falta de grandes acuerdos estratégicos, Río +20 ha permitido adoptar una serie de medidas positivas de cara al desarrollo sostenible. Así, los grandes bancos de desarrollo del sistema de Naciones Unidas han acordado invertir 175.000 millones de dólares en transporte sostenible durante la próxima década.
Aunque no es un producto de la cumbre, Ban Ki-moon divulgó la tarea que se está haciendo a nivel mundial a favor de la energía sostenible a través de la iniciativa Energía Sostenible para Todos. Lanzada por Naciones Unidas en septiembre de 2011, reúne a gobiernos, empresas y grupos de la sociedad civil para hacer que los sistemas de energía del mundo sean más accesibles, eficientes y limpios. En estos momentos-según se anunció-hay 100 compromisos en este ámbito.
Después de Río+20 la prensa mundial ha recogido cientos de juicios sobre los resultados obtenidos. Una de las aportaciones más originales la constituye la de los analistas Frances G. Beinecke, Presidente del Natural Resources Defense Council, y Trip Van Noppen, Presidente de Earthjustice. En un artículo en el New York Times afirman que «Sería equivocado valorar la cumbre como un fracaso». Los autores sostienen que ha servido para descubrir las limitaciones manifestadas por los poderes políticos y económicos, y para darse cuenta que corresponde a la ciudadanía tomar la iniciativa en el desarrollo sostenible. En este sentido califican la cumbre de «catalizador» y de «punto de partida».