La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, que dirige José Chamizo, ha abierto una queja de oficio con objeto de dirigirse a la Defensora del Pueblo de las Cortes Generales, Soledad Becerril, a la que pretende trasladar la sugerencia de que las entidades ecologistas queden exentas del pago de tasas judiciales a la hora de litigar, toda vez que entiende que la aplicación de la Ley de Tasas sobre estos colectivos «bloquea su papel en el ámbito judicial».
En las actuaciones, consultadas por Europa Press, la entidad muestra su «seria preocupación» por este asunto, dado el «retroceso sobre el camino ya andado» que, a juicio de esta institución, supone el que se impongan determinadas tasas judiciales al acceso a la justicia «a quienes han demostrado ya una gran eficacia en la defensa del derecho a un medio ambiente adecuado para toda la ciudadanía».
Pone en este sentido de manifiesto el Defensor del Pueblo Andaluz el «extraordinario» papel que desempeña en España el movimiento asociativo ecologista en lo que concierne a la defensa de un medio ambiente adecuado, que no se hubiera dado de no haberse facilitado «el ejercicio de esas acciones y la presencia activa de estas asociaciones a través de los distintos cauces que se contemplan en la normativa de procedimiento administrativo y, de manera especial, en la legislación sectorial», así como el marco jurídico apropiado.
Sin embargo, «este panorama ha sufrido un importante cambio» al entrar en vigor la Ley de Tasas, según la cual únicamente se podrían acoger a los beneficios del acceso a la justicia gratuita las asociaciones ecologistas en los supuestos de que sean personas jurídicas que acrediten insuficiencia de recursos para litigar y sean asociaciones de utilidad pública, o cuando, careciendo de patrimonio suficiente, el resultado contable de la entidad en cómputo anual fuese inferior a la cantidad equivalente al triple del indicador público de renta de efectos múltiples (Iprem).
Por todo ello, Chamizo solicita la colaboración de Becerril para, «si lo estima oportuno», proponer una modificación de esta normativa o del anteproyecto de ley de Asistencia Jurídica Gratuita, destinada a que se contemple una previsión en este sentido, con el objetivo de que puedan acogerse a las exenciones de tasas judiciales aquellas asociaciones de utilidad pública que tengan por finalidad la defensa del medio ambiente.
«Creemos que, de esta forma, se garantizará, para toda la ciudadanía, que el extraordinario papel que estas asociaciones han tenido en este país, hasta ahora, en la defensa de ese derecho pueda continuar siendo desempeñado», indica el Defensor del Pueblo Andaluz, que ha dado traslado de las actuaciones, asimismo, a la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía.
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